Familiares de Rigoberto Colín Consuelo, Jaime Ramos Reyes, Isidoro Díaz Casimiro y Eliseo Escobar Ramírez, trabajadores de una bodega de venta de pollo que fueron privados de la libertad, en el municipio de Toluca, se manifestaron frente a Palacio de Gobierno del Estado de México para exigir a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y a su titular, José Luis Cervantes Martínez, que agilicen y garanticen su pronto regreso.

A cuatro días de que los trabajadores fueron privados de la libertad por hombres armados que ingresaron a la bodega donde laboraban, -y quienes se identifican como integrantes del grupo delictivo la Familia Michoacana-, hermanas, hijas, sobrinos y otros familiares señalaron que han vivido días de angustia, incertidumbre y miedo sin tener noticias de ellos.

Sobre la calle Lerdo de Tejada recriminaron que los trabajadores privados de la libertad son los menos culpables de que los dueños de la bodega ubicada en la colonia Parques Nacionales no hayan accedido a la extorsión bajo la modalidad de cobro por derecho de piso, situación que a decir de la dueña del establecimiento, Karina Contreras Salinas, ha sido recurrente por 3 años.

“Son tres años exigiéndonos el cobro de derecho de piso para dejarnos trabajar, debido a la negativa que hemos tenido para colaborar con ellos hemos sido víctimas de amenazas y agresiones, como mi secuestro, el de mi padre, la quema de las bodegas en donde trabajamos, las han balaceado, y este último ataque que fue el levantón contra nuestros trabajadores”.

Dijo que por los hechos antes mencionados existen las carpetas de investigación correspondientes.

Asimismo, denunció que otros empresarios del ramo están coludidos con el grupo delictivo, y que son quienes “los ponen” ante los delincuentes.

“Hago responsable al señor Nabor Velázquez, a la señora Reyna Ortuño, a Jesús Bernal alías “Mayolo” y a su hermano Martín Bernal, si algo me llegara a pasar a mí, a mi familia, o a mis trabajadores, ya que ellos trabajan como operadores de la Familia Michoacana referente al pago por derecho de piso aquí en Toluca y en el sur del Estado”.

Señaló que la FGJEM detuvo a una persona el fin de semana pasado, pero afirmó que no tiene relación con los hechos ocurridos el viernes.

Relató que los delincuentes les exigen a los dueños de las bodegas, dos pesos por cada kilo de pollo, por lo que dijo, llegó a pagar 950 mil pesos quincenales

Los familiares de Rigoberto, Jaime. Isidoro y Eliseo, pidieron la libertad de las víctimas e incluso reclamaron a los dueños de la bodega que paguen lo que los delincuentes piden para que los liberen; sin embargo, hasta el momento no han recibido llamadas para pedir rescate por ellos.

“Lo único que queremos es que nos los regresen con vida, los queremos vivos, no muertos. Queremos que los regresen con bien, que la gobernadora Delfina haga algo para poderlos encontrar, no sabemos en dónde están, estamos desesperados, no hemos recibido apoyo de nadie”, enfatizaron.

Contar con las reglas mínimas de comportamiento cívico para garantizar el respeto a las personas y sus bienes, mejorar la convivencia social y mantener el orden público, lo mismo que impulsar en los municipios los mecanismos alternativos de solución de controversias, son propósitos de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y Municipios, misma que fue avalada por el Congreso mexiquense y entró en vigor el pasado 23 de noviembre.

Este nuevo ordenamiento promueve el acceso a la justicia a través del conjunto de procedimientos orientados a fomentar la Cultura Cívica y de la legalidad para dar solución de forma pronta, transparente y expedita a conflictos cotidianos, facilitar la convivencia en la comunidad y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia, además de regular su funcionamiento en los municipios mexiquenses.

La ley, que por separado impulsó el PRI y Morena, refiere que para promover la convivencia armónica de las personas y la preservación del orden público, son valores fundamentales la corresponsabilidad entre habitantes y autoridades para conservar el medio ambiente, el entorno urbano, las vías, espacios de concurrencia colectiva, los servicios, la salud y la seguridad pública.

De igual forma, la cultura de la paz a través del diálogo, la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa, como medios alternativos de solución de controversias; el respeto y responsabilidad por las libertades y los derechos propios y de los demás, así como el trato digno a las personas con pleno respeto la diversidad cultural que caracteriza a la comunidad, sin discriminación alguna.

Refiere responsabilidades para las personas adolescentes, las personas mayores de 18 años, así como las personas jurídicas colectivas que hubiesen realizado u ordenado la realización de conductas que se consideren infracciones administrativas dentro del territorio estatal; consideradas así cuando tengan lugar en lugares o espacios de concurrencia colectiva como plazas, calles, avenidas, viaductos, calzadas, vías terrestres de comunicación, paseos, jardines, parques o áreas verdes y deportivas.

Lo mismo cuando se cometa en inmuebles públicos o privados de acceso público como mercados, templos, cementerios, centros de recreo, de reunión, deportivos, de espectáculos o cualquier otro análogo; inmuebles públicos destinados a la prestación de servicios públicos; inmuebles, espacios y vehículos destinados al servicio público de transporte; inmuebles de propiedad particular, siempre que tengan efectos en la vía o en espacios de concurrencia colectiva o en los cuales se ocasionen molestias a las personas; y lugares de uso común, como plazas, áreas verdes, jardines, senderos, calles, avenidas interiores y áreas deportivas, de recreo o esparcimiento, que formen parte de los inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio.

Menciona que para una efectiva impartición y administración de justicia cívica operarán los juzgados cívicos, cuyo personal deberá estar y ser permanentemente capacitado y certificado, y que los ofendidos tienen derecho a acceder a la Justicia Cívica pronta e imparcial, ser tratados con respeto e igualdad; a que sus quejas sean atendidas; ser escuchadas por la persona juzgadora; recusar con justa causa a las personas responsables del juzgado, secretaría o facilitador que le haya sido asignado, además de ser informados al momento si la queja impuesta no constituye una falta administrativa, entre otros.

Del mismo modo, más personas probables infractoras tienen derecho a que se les informe en todo momento los hechos que se le atribuyen y los derechos que le asisten; ser escuchado en audiencia pública por la o el Juez Cívico; que se presuma su inocencia hasta comprobar su responsabilidad; recibir un trato digno y que se le designe defensor público o contar con un defensor privado o persona de su confianza desde el momento de su presentación ante la o el Juez Cívico.

Cabe señalar que a partir del pasado 23 de noviembre los ayuntamientos tienen un plazo de 180 días naturales para emitir su Reglamento de Justicia Cívica Municipal y las adecuaciones a sus bandos municipales y reglamentos, además de que deberán dotar a los Juzgados Cívicos de espacios físicos para su eficaz operación.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que, de enero a noviembre de 2023, en el país se cometieron 769 feminicidios, de ellos 86 fueron perpetrados en el Estado de México.

Asimismo, de los 100 municipios que aparecen en el listado de los de mayor incidencia delictiva de enero a noviembre, 15 son mexiquenses.

El Secretariado Ejecutivo refiere que, al corte de noviembre de 2023 la entidad se coloca en primer lugar de incidencia (86), por encima de entidades como Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, y Chihuahua con 64, 51, 43 y 41 feminicidios respectivamente.

100 municipios

En el listado del SESNSP de los 100 municipios con mayor número de feminicidios cometidos al corte de noviembre, el municipio mexiquense de Toluca se ubica en el noveno lugar nacional con la comisión de ocho feminicidios.

Los de mayor incidencia

El SESNSP revela que, además de Toluca, otros de los municipios mexiquenses de mayor incidencia son Chimalhuacán y Ecatepec con la comisión de siete y seis delitos cada uno, ubicándose en la lista nacional de 100 en los lugares 13 y 20.

Les siguen Atizapán de Zaragoza y Chalco con la comisión de cuatro feminicidios cada uno, colocándose en los lugares 36 y 37.

Además, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac y Tultitlán con tres feminicidios cometidos en cada una de dichas demarcaciones, respectivamente, ubicándose en los lugares 56 al 61.

Seguidos de Coyotepec, Cuautitlán, Huehuetoca, y Jilotepec, con dos feminicidios cada uno, colocándose en las posiciones 97 al 100, según refieren las cifras del SESNSP.

En comparación con el listado de octubre, en noviembre salieron del listado de los 100 municipios de mayor incidencia: Temoaya, Tlalnepantla, Tultepec, y Zinacantepec.

Aunque el Secretariado Ejecutivo de Seguridad refiere que, de enero a noviembre se cometieron 86 feminicidios en Edomex, en el listado de 100 municipios a nivel nacional, los 15 municipios mexiquenses que aparecen en el listado suman en total 48 delitos de este tipo.

Cabe señalar que hay municipios del Edomex que registran la comisión de al menos un feminicidio, pero no aparecen en el listado nacional de 100.

En el Edomex operan cinco cárteles, su presencia ha provocado que productores, comerciantes, agricultores, e incluso los habitantes abandonen sus actividades en búsqueda de nuevas actividades que les permitan salir adelante. De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en el territorio mexiquense tienen presencia en 81 de los 125 municipios, y son La Familia Michoacana, El Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Guerreros Unidos y los Caballeros Templarios.

Con base en la información de la SEDENA, Los Caballeros Templarios tienen presencia en los municipios de la parte norte de la entidad, son: Aculco, Polotitlán, Jilotepec, que se ubican en la zona limítrofe con Querétaro, también aclaró que hay una alianza entre La Familia Michoacana y este cártel para evitar que Guerreros Unidos tenga influencia en la zona sur y norte mexiquense.

Detalló que las dos células que operan en el norte y el sur, se unieron para evitar que Guerreros Unidos se extienda a su territorio, pues hace algún tiempo dicha célula criminal tenía operación en el sur, pero salió del lugar cuando llegó el grupo criminal de Michoacán y lo mueven hacia Teoloyucan, Valle de Bravo, Zinacantepec, Xonacatlán, Tenango del Valle, Ixtapan de la Sal y Tianguistenco.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene presencia en los municipios colindantes con la Ciudad de México y son: Chalco, Ixtapaluca, Los Reyes, Texcoco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Tepetlaoxtoc, Acolman, Ecatepec, Chalco, Tultitlán, Tepotzotlán, Tecámac, Zumpango, Temascalapa, San Martín de las Pirámides, Huehuetoca, Coyotepec, Otumba, Axapusco, Nopaltepec, Tequixquiac, Melchor Ocampo, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Nezahualcóyotl.

Del total de los municipios en los que opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se disputa el territorio en cinco municipios con la Familia Michoacana, especialmente en la zona aledaña al Valle de México, que son en Zumpango, Temascalapa, Nopaltepec, Axapusco, Otumba, Chimalhuacán, Chicoloapan, Atenco, Tepetlaoxtoc y Ecatepec.

Mientras que La Familia Michoacana tiene presencia en 44 municipios, es la más fuerte de las bandas del crimen organizado y es predominante en 34 municipios, sobre todo los colindantes Michoacán, que son: Tlatlaya, Ixtapan del Oro, Temascaltepec, Luvianos, Tejupilco, Amatepec, Sultepec, Zacualpan, Tonatico, Zumpahuacán, Malinalco, Ocuilan, Coatepec Harinas, Almoloya de Alquisiras y Texcaltitlán.

Esta célula también tiene presencia en Acambay, Temascalcingo, Atlacomulco, Jocotitlán, Villa del Carbón y villa Victoria, hacia el norte de la entidad, Toluca, Lerma, Metepec, Zinacantepec, Calimaya y Mexicaltzingo, en el Valle de Toluca; Nicolás Romero, Isidro Fabela y Jilotzingo, en Valle de México; Atlautla, Ozumba, Tlalmanalco y Cocotitlán, en la región de los volcanes.

La forma como operaban se habría denunciado por parte de empresarios ganaderos, floricultores, además de tortillerías y pollerías, pues el Fiscal General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez, en 2022 presentó ante el Congreso local una iniciativa al Código Penal para tipificar el delito de extorsión a comerciantes y productores por parte de la delincuencia organizada.

El delito fue anexado al Código Penal estatal el presente año, fue tipificado como en contra la economía con penas hasta por 20 años de prisión, según las agravantes, a quienes extorsionan a los comerciantes o constructores para vender o proveerse de un producto a precio superior.

Sin embargo, los floricultores que forman parte del corredor de productores del sur que abarca por lo menos cinco localidades de la región han denunciado el incremento de expresiones y por ello, el 30% de los cerca de 15 mil invernaderos han cambiado su actividad, aun así, dicen no haberse librado de las cuotas por trabajador y por producción.

En municipios como Villa Guerrero, Tenancingo y Coatepec Harinas cambiaron los cultivos de flor a chayote, fresa, aguacate y hortalizas, pero les piden hasta 10 mil pesos por hectárea de siembra y en algunos casos apenas alcanzan a recuperar 5 mil pesos en ventas.

En estas regiones sureñas, el sustentó es la agricultura, la floricultura y la ganadería; pero los habitantes dicen que el costo es imposible de asumir cuando constantemente deben pagar por producto que aún no cortan, ni han vendido.

“Ahora hasta nuestros compradores que vienen de otras entidades o municipios, deben pagar cuota. No hemos podido levantarnos desde la pandemia que nos llevó a la quiebra a muchos y luego, llevamos años, décadas en este ambiente de violencia, que hoy ven las autoridades porque reventó Tixca (Texcaltitlán), pero estábamos así desde hace años”, dijeron.

En tanto, en el caso de los ganaderos, Reyes Escamilla dijo que esta problemática no es reciente, al menos desde hace cinco años que la manifiestan abiertamente los representantes de los sectores, mismos que son gente común, dijo, pero que ha tenido cercanía con las autoridades.

“Nosotros lo expusimos a las candidatas cuando estaba vigente el proceso electoral, pedimos la creación de una Fiscalía de Delitos contra el sector ganadero y agropecuario, pues lo mismo es en extorsiones, que en abigeato y otros”, comentó.

“Esas esas son las condiciones en que han vivido los habitantes de municipios sureños y del norte mexiquense, como Coatepec Harinas, Tejupilco, San José del Rincón, Atlacomulco, Tenancingo, Zacualpan”, lamentó.