Los alimentos y productos elaborados con técnicas artesanales guardan sabores únicos y exquisitos, además de historias y tradiciones culturales en la entidad mexiquense.

El Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM) cuenta con 4 mil 552 artesanas y artesanos que se dedican a la elaboración de productos gastronómicos como dulces tradicionales, licores destilados, pan tradicional, conservas y nieves artesanales, cocina tradicional, cocina típica y productos gourmet.

En este gremio, predomina la participación femenina con 2 mil 922 mujeres y mil 630 hombres, quienes ponen en práctica los conocimientos heredados por sus ancestros, dejando en el paladar de las personas, un buen sabor de boca.

Los dulces típicos, además de deliciosos son una obra de arte culinaria y colorida, en su producción incorporan técnicas coloniales y prehispánicas; en estos destacan los dulces cristalizados, los elaborados con leche y especies, el dulce de pepita y el de alfeñique.

También hay variedad de licores, que son hechos a base de alcohol, hierbas o frutas y los destilados de maguey como el mezcal. Las maestras y los maestros mexiquenses también elaboran conservas y mermeladas con distintas frutas y verduras, principalmente las que se producen en su región.

En la parte culinaria existen varias recetas de los grupos étnicos de la entidad como son los mazahuas, otomíes, tlahuicas, matlatzincas y nahuas, que son preparadas con utensilios como metate, molcajete, ollas y cazuelas de barro.  Mientras que entre los productos gourmet resaltan las sales, infusiones, chocolates y productos de xoconostle.

Los municipios que destacan en ello son Toluca, San Martín de las Pirámides, Ocoyoacac, Atlacomulco, Ixtapan de la Sal, Metepec, Tonatico, Tenancingo y Zinacantepec.

El IIFAEM comercializa estos productos a través de su red de Tiendas de Artesanías “Casart”, ubicadas en el territorio mexiquense. También se pueden hacer estas compras por medio de las plataformas digitales como Amazon y Mercado Libre, así como por la aplicación de WhatsApp al 722-148-6220.

Por instrucción de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para evitar revictimizar y erradicar la normalización de la violencia, en la entidad se delinean acciones transversales que garantizan el respeto a los Derechos Humanos de víctimas y ofendidos del delito.

Ante esto, en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno se publicó el Decreto por el que se reforma el Artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México, que establece tipificar conductas que realicen personas o servidores públicos que de manera indebida revelen o difundan material audiovisual o archivos de víctimas.

Las iniciativas conocidas como «Ley Ingrid» y «Ley Ocaña» buscan evitar el menoscabo de la dignidad, el honor y la intimidad de las víctimas y sus seres queridos.

Cabe recordar en los casos que dan nombre a esta ley, uno ocurrido en la Ciudad de México y otro en nuestra entidad, filtraron imágenes que revictimizaban a los ofendidos y sus familias, por lo que el Ejecutivo estatal, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, celebró que este decreto tenga como objetivo principal frenar estas acciones.

Con su aplicación el Estado de México, el Poder Judicial sancionará de manera ejemplar y evitará las filtraciones, y la exposición masiva ante los medios de comunicación y redes sociales de este material. Lo anterior, preserva la dignidad de las víctimas y sus familiares, y contribuye a disminuir el impacto que sufren las víctimas.

“A la persona que sin tratarse de programas preventivos, educativos o informativos que diseñen e impartan las instituciones públicas, privadas o sociales, que tengan por objeto la educación; que realice actos de difusión, entrega, publicación, transmisión, distribución, videograbación, reproducción, exposición, filmación, fotografía o compartan, oferten e intercambien imágenes relacionadas con cadáveres de personas, causando menoscabo en la dignidad, el honor y la intimidad de la víctima o la seguridad, paz y privacidad de sus familiares…”, detalla la reforma.

El Decreto número 215, aprobado por la LXI Legislatura del Estado de México el 24 de octubre de 2023, contempla sanciones de cuatro a ocho años de prisión y multa de 500 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como la reparación integral del daño.

También considera penas cuando en la comisión de este delito participen servidores públicos inherentes a la cadena de justicia, que por su empleo, cargo o comisión tuvieran acceso a dicha información.

“Cuando en la comisión de este delito participen servidores públicos de Salud, Protección Civil, Seguridad Pública, Procuración y Administración de Justicia, o cualquier otro inherente a la cadena de justicia, que por su empleo, cargo o comisión tengan acceso a la información y documentos relacionados con objetos, indicios, evidencias, hallazgos o instrumentos vinculados a un procedimiento penal o a una investigación relacionada con un hecho delictivo, se le impondrá de tres a siete años de prisión y multa de trescientas a ochocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito”, precisa el decreto.

Cuando se trate de la difusión de material de víctimas mujeres, niñas, niños, adolescentes o persona en situación de vulnerabilidad, la pena se incrementará hasta en una mitad más de la que le corresponda.

Estas acciones son reflejo del trabajo coordinado entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y precede de la acción de inconstitucionalidad 136/2021 en la que se declaró la invalidez del artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México, ya que, por su taxatividad, no era clara y precisa y posibilitaba que cualquier persona actualizara la conducta y fuera sancionada.

Cabe recordar que el decreto deriva de las iniciativas presentadas por las Diputadas María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y la Diputada Luz Ma. Hernández Bermúdez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena.

El Poder de Servir impulsa una política de cero tolerancia a actos de corrupción o de actos que vayan en contra de los principios éticos que rigen el actuar de las personas servidoras públicas y refrenda su compromiso de construir un marco jurídico que permita a las familias construir proyectos con bienestar.

Durante la última semana se registró un incremento en la ocupación de camas con ventilador por pacientes COVID-19 en hospitales de la entidad mexiquense.

De acuerdo con el Sistema de Información de la Red IRAG, desde el pasado 27 de noviembre este incremento se registró en el área de atención general, cuando se reportó el 0.67% de ocupación hospitalaria.

Mientras que, en las unidades de cuidados intensivos, fue de 4.54% ese mismo día.

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Siguiendo con el análisis de información de la Red IRAG, en áreas de atención general la ocupación de camas con ventilador por pacientes Covid-19 fue de 0.51% el 28 de noviembre.

Al día siguiente, el 29 de noviembre, este porcentaje se incrementó a 0.98%, teniendo una desaceleración durante los tres días posteriores.

El 30 de noviembre la ocupación hospitalaria fue del 0.7%, el 1 de diciembre fue del 0.49%, y este 2 de diciembre, se mantuvo en 0.57%.

Por otro lado, en las unidades de cuidados intensivos, la ocupación de camas con ventilador por pacientes Covid-19 fue de 11.53% el 28 de noviembre, de 5.26% el 29 de noviembre y de 4.34% el último día del mes pasado.

Para los primeros dos días de diciembre, la ocupación hospitalaria fue del 4.16% el día 1, y del 14.28% para el día 2, durante su última actualización.

A pesar de que la ocupación hospitalaria a nivel estatal es del 0.57% en áreas de atención general, y del 14.28% en unidades de cuidados intensivos, solo es un hospital el que reporta la ocupación de camas con ventilador por pacientes Covid-19.

Se trata del Hospital Materno Infantil del ISSEMyM en Toluca, donde se registró el 25% de camas con ventilador ocupadas por pacientes Covid-19, tanto en áreas de atención general como en unidades de cuidados intensivos, respectivamente.

Cabe señalar que, la ocupación hospitalaria por otras enfermedades respiratorias agudas-graves es del 0% hasta el 2 de diciembre.

El último día que se reportó fue el pasado 29 de noviembre, cuando la ocupación hospitalaria por enfermedades respiratorias diferentes al Covid-19 fue del 0.56% en los hospitales mexiquenses.

El gobierno de Delfina Gómez Álvarez busca revisar los 29 fideicomisos que existen en el Estado de México y cuyo monto asciende a más de 15 mil millones de pesos, esto a través de la Secretaría de Finanzas estatal quien validará o autorizará sus reglas de operación para un ordenado manejo de los recursos públicos.

De acuerdo con el proyecto de presupuesto del siguiente año, se propone que los 29 fideicomisos se concentren en el Registro Público Único de Fideicomisos del Estado de México, además se plantea reformar el artículo tercero del Código Financiero, en materia de Fideicomisos.

En días pasados, el diputado local Faustino de la Cruz, de Morena, señaló que el caso de los fideicomisos será uno de los temas a revisar en la propuesta de Presupuesto de 2024, el cual ya se encuentra en el Congreso local, ya que no observan que sean utilizados para prestaciones, ni pensiones, sin embargo, el legislador comentó que por el momento no había elementos para cuestionar ninguno de esos instrumentos.

“De manera general no se observa que esas bolsas sean utilizadas para el pago de prestaciones, ni pensiones, aunque la mayoría son opacos, pues hay poca información en torno a cómo se manejan, y en algunos casos, apenas se menciona el monto que se les destina anualmente, tan es así que no todos se señalan ni en el paquete fiscal estatal, ni en las cuentas públicas”, comentó en su momento el diputado De la Cruz.

Los fideicomisos han sido constituidos para manejar y pagar recursos en materias como: protección civil, deuda, fondos metropolitanos, Mexicable, sistema penal, reserva territorial, campo, salud, educación, medio ambiente y la atención de desastres.

También operan los recursos para municipios, los Proyectos de Prestación de Servicios y las Asociaciones Público Privadas, el turismo, el capital que se envía a la Universidad Autónoma del Estado de México, entre otros. Todos ellos manejan más de 15 mil millones de pesos, identificados en la Cuenta Pública del año pasado.

Sólo en 14 fideicomisos, el gobierno participa como fideicomitente, y en el resto son organismos auxiliares o autónomos en busca de cumplir metas o programas específicos.

El presupuesto sólo menciona tres fideicomisos referentes a la construcción de centros preventivos; al desarrollo de parques y zonas industriales, y al Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal.

No obstante, al menos la última Cuenta Pública 2022 y algunas solicitudes de transparencia muestran que existen otros 26 fideicomisos con lo cual sumarían 29 en el estado, donde se incluye uno del Poder Judicial que sirve para manejar las fianzas que recibe.

El presupuesto de este año del Estado de México incluye el Fideicomiso Público Irrevocable de Administración, Financiamiento, Inversión y Pago para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México, denominado Fideicomiso C3, por un monto de 148 millones 922 mil 710 pesos, el cual proviene de transferencias que recibe del Gobierno del Estado para ejecutar programas y proyectos.

También está el Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México (Fidepar), que el año pasado tenía 59 millones 154 mil 970 pesos, el cual, según la Cuenta Pública, al cierre del ejercicio fiscal 2022 contaba con cuatro juicios laborales pendientes y en proceso de resolución, que en libros representan un importe de 97.4 miles de pesos por finiquito reconocido a la fecha de la separación laboral.

Además, el Fidepar tiene un juicio ordinario mercantil derivado del Programa de Creación de Empleo en Zonas Marginadas, pues se ordenó dar cumplimiento a la sentencia definitiva del 13 de junio de 2017 en el que se condenó a ese fideicomiso al reintegro por la cantidad de seis millones 345 mil pesos.

En la Cuenta pública 2022 se identifican 14 fideicomisos donde el gobierno participa como fideicomitente por cuatro mil 148 millones 544 mil pesos, encaminados al cumplimiento de metas o programas específicos.

El primero es el Instituto Mexiquense de Cultura (IMC) con un fideicomiso auxiliar del Centro Cultural Mexiquense para cubrir las erogaciones para la formación e incremento permanente del acervo, conservación y mantenimiento de las áreas que lo conforman, es decir, los museos de Arte Moderno, la Biblioteca Pública Central, el Museo de Antropología e Historia y el de Culturas Populares. En 2022 manejó 12 millones 864 mil pesos.

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La Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) también tiene un fideicomiso para la creación de un patrimonio que le permita sufragar los gastos de administración, operación y adquisición del acervo cultural. En 2022 contaba con cuatro millones 210 mil pesos.

El Centro Cultural Isidro Fabela Casa del Risco ISFA tenía 101 mil pesos; el Fideicomiso de Protección Civil para el Estado de México manejaba tres millones 490 mil pesos, el de Desarrollo de Infraestructura del Estado de México contaba con 53 millones 182 mil pesos, el del Fondo Metropolitano del Valle de México tenía 16 millones 427 mil pesos, el de Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERPT) manejaba un saldo de 437 millones 565 mil pesos.

El Fideicomiso del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (FAIS) operaba con cuatro millones 745 mil pesos, el del Fondo Metropolitano del Valle de Toluca tenía recursos por 28 millones 839 mil pesos, el del Programa Especial Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) en 2022 tuvo un saldo final de 639 millones de pesos, el Irrevocable de Administración Fuente de Pago 2145 Mexicable apenas contó con un millón 260 mil pesos, el del Estado de México Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal manejaba 113 millones 413 mil pesos, y el de Reserva Territorial para el Desarrollo de Equipamiento Urbano Regional tenía 573 millones 680 mil pesos.

De acuerdo con la Cuenta Pública de 2022, 25 millones 383 mil se proyectaron como transferencias al Fideicomiso del Poder Judicial, pero finalmente no fueron ejercidos.

En el apartado del el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) se advierte que, el fondo solidario de reparto al 31 de diciembre de 2022 se encontraba invertido en diversos instrumentos de renta fija en fondos de renta variable a través del Fideicomiso de Inversión constituido en noviembre de 1998.

A diciembre de 2022, ese instituto tenía 127 millones 690 mil pesos en reservas financieras en fideicomisos, mandatos y contratos análogos.

En la Cuenta Pública del año pasado se mencionan dos fideicomisos para el Desarrollo Agropecuario del Estado de México (Fidagro) y el del Fondo Alianza para el Campo del Estado de México (FACEM), pero no se precisaron los montos, al igual que el Fideicomiso para la Promoción del Turismo Sostenible y de Desarrollo Artesanal del Estado de México.

Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) creó un fideicomiso para dar capacitación al personal docente en la aplicación de sus funciones, el cual, en el ejercicio 2022 tuvo un incremento de 6 por ciento y cerró ese año con un saldo de 11 millones 599 mil pesos.

Los siete proyectos de prestación de servicios y asociaciones público-privadas están registrados en el fideicomiso 2253-0, el cual creó el Gobierno estatal como fuente de pago para los contratos de Proyectos Prestación de Servicios (PPS).

La Cuenta Pública 2022 muestra que hay siete PPS y Asociaciones Público Privadas (APP) y se realiza el pago de 72 contratos para que los deberes no generen carga de pasivos a las finanzas, aunque no precisa el monto.

Anualmente, el Gobierno del Estado de México paga cerca de cinco mil millones de pesos por esos proyectos y obras, y aunque han sido ocho los aprobados, el fideicomiso sólo maneja siete.

La Cuenta Pública menciona que en inversiones financieras a largo plazo el saldo de la cuenta del Instituto Materno Infantil corresponde al Fideicomiso para los Enfermos Crónicos del Hospital para el Niño en Banco Mercantil del Norte, y al 2022 el saldo era de 21 millones 154 mil pesos.

En inversiones financieras, fideicomisos, mandatos y análogos se menciona un saldo de 350 millones 380 mil pesos por los recursos disponibles para pago de servicios ambientales hidrológicos del Estado de México a través de un fideicomiso de administración e inversión creado en 2007.

Los fondos financieros del fideicomiso los aporta el Gobierno del Estado de México y los Organismos Públicos Descentralizados Municipales que presten entre otros, los servicios de suministro de agua potable, así como personas físicas o jurídicas colectivas que presten este servicio.

En fideicomisos, mandatos y contratos análogos, el Instituto de la Función Registral tenía al 2022 un saldo de seis mil 378 millones 27 mil pesos por los recursos del Fideicomiso de Cobranza que no es público

Ese fideicomiso fue aprobado en 2010 para obtener financiamiento destinado a la modernización del instituto y a inversión pública productiva para traspasar los ingresos del entonces Registro Público de la Propiedad a ese instrumento, otorgar una garantía en relación a las obligaciones que asumiera y que el fiduciario contratara garantías financieras para asegurar el pago de financiamientos.

De los órganos autónomos, la Universidad Autónoma del Estado de México se menciona en inversiones financieras en la cuenta de fideicomisos, mandatos y contratos análogos el Fondo de Aportaciones Múltiples, becas y el Programa de Desarrollo Profesional Docente.

Se precisa que los fideicomisos son creados de acuerdo con los convenios celebrados entre la universidad y los gobiernos federal y estatal, con los recursos otorgados para mejorar la calidad de los programas de educación superior y los recursos se reciben para aplicarlos en proyectos institucionales, principalmente de obra y equipamiento.

En 2013, el Gobierno estatal creó el fideicomiso 1385 de reserva territorial para el desarrollo de equipamiento urbano regional en busca de tener un mecanismo ágil que simplificara el cumplimiento de obligaciones en la autorización de conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios y permitiera concentrar y aplicar los recursos en proyectos de adquisición de reserva y equipamiento regional.

La Cuenta Pública menciona el cuartel de policía de la Secretaría de Seguridad en Zinacantepec, otro en Cuautitlán Izcalli y uno más en La Paz, así como la construcción de canchas en el parque de la Ciencia Xico, en el municipio de Valle de Chalco, y la reposición de un pozo profundo en Coacalco, todo con cargo a ese fideicomiso.

En solicitudes de transparencia, las autoridades estatales anteriores admitieron la existencia de un fideicomiso para manejar el Fondo de Desastres y Siniestros Antropogénicos al que cada año se destinan 100 millones de pesos.

De acuerdo con la Cuenta Pública, los fondos aportados a fideicomisos públicos para la ejecución de programas, que constituyan inversiones, serán controlados mediante su registro en fondos fideicomitidos donde el Poder Ejecutivo es Fideicomitente.