El Estado de México está a punto de concretar un cambio histórico en su sistema sanitario con la creación de su primera Ley de Salud propia, luego de años en los que la materia se reguló principalmente a través del Código Administrativo.
En comisiones unidas, los diputados locales dieron su aprobación a un dictamen que reúne 15 propuestas de la gobernadora y de legisladores de diferentes partidos, con el objetivo de crear nuevas leyes que aseguren el derecho a la salud para más de 19 millones de personas.
La propuesta plantea la expedición de una ley integral con más de 300 artículos, que no sólo reorganiza el sistema estatal de salud, sino que también modifica diversas normas relacionadas, como la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Fomento Económico, la Ley de Turismo Sostenible, entre otras.
El propósito central es actualizar y armonizar la legislación estatal con la Constitución, la Ley General de Salud y estándares internacionales, además de responder a rezagos históricos en la prestación de servicios médicos.
Uno de los ejes principales de la nueva legislación es el enfoque preventivo, pues de acuerdo con lo expuesto en comisiones, entre el 70 y 75% del contenido está orientado a la promoción de la salud, la detección temprana de enfermedades y el fomento del autocuidado. La ley contempla acciones desde el primer nivel de atención, con participación de escuelas, familias y comunidades, hasta la atención especializada en hospitales.
Asimismo, incorpora temas que habían quedado dispersos o insuficientemente regulados, como la salud mental, las adicciones, la obesidad, la salud bucodental y la atención a grupos vulnerables. También establece mecanismos para fortalecer la coordinación entre instituciones públicas y privadas, así como la participación de los municipios en tareas de prevención y atención.
Otro de los aspectos destacados es la incorporación de la salud digital, donde legisladores subrayaron que se prevé el desarrollo de expedientes clínicos electrónicos, teleconsultas y esquemas de atención a distancia, a fin de ampliar la cobertura, reducir tiempos de espera y acercar los servicios a zonas marginadas.
Esta estrategia se vincula con la intención de avanzar hacia un sistema más integrado, en el que los pacientes puedan recibir atención sin importar si están afiliados a instituciones como IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar.
Sin embargo, el debate legislativo también evidenció diferencias, donde el grupo parlamentario del PAN respaldó la ley en lo general, pero advirtió que el principal desafío será su implementación.
En particular, la legisladora Krishna Karina Romero señaló que, sin recursos suficientes, la reforma podría quedarse en un sólido diseño normativo sin impacto real en la vida de las personas. Además, expresó su rechazo al capítulo que regula la interrupción del embarazo como un servicio de salud garantizado, al considerar que contraviene su postura en defensa de la vida desde la concepción. También manifestó preocupación por posibles limitaciones a la objeción de conciencia del personal médico.
En contraste, legisladores de Morena y aliados defendieron la propuesta como un avance estructural que coloca al Estado de México a la vanguardia en materia de salud. Destacaron que la ley no criminaliza problemáticas como las adicciones, sino que las aborda desde una perspectiva de salud pública, con regulación de centros de rehabilitación y programas de prevención desde el ámbito educativo. Asimismo, subrayaron que se fortalece la rectoría del Estado, la transparencia en el manejo de insumos médicos y el combate al robo de medicamentos.
También se resaltó la inclusión de políticas con enfoque de derechos humanos, particularmente en materia de salud sexual y reproductiva, prevención de la violencia de género y protección a la infancia, como el impulso a la lactancia materna. La ley, señalaron, busca garantizar servicios integrales, accesibles y de calidad, especialmente para la población sin seguridad social, que actualmente representa cerca de la mitad de los mexiquenses.
Tras la aprobación del dictamen, será este jueves cuando la nueva ley sea votada por los 75 legisladores en la sesión deliberante y posteriormente enviada al Poder Ejecutivo para que sea publicada y con ello su entrada en vigor, tras un periodo de transición.