En el Estado de México la extorsión dejó de limitarse al cobro de “derecho de piso” y evolucionó hacia esquemas de control comercial, financiero y territorial relacionados con la venta de materiales de construcción, alimentos, préstamos ilegales y servicios digitales, reconoce la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en su Cuarto Informe de Gestión 2025-2026.
El documento presentado por el fiscal José Luis Cervantes Martínez ante el Congreso mexiquense expone cómo grupos criminales, principalmente vinculados con La Familia Michoacana, lograron intervenir cadenas comerciales completas mediante amenazas, sobreprecios y control de proveedores en distintas regiones mexiquenses, desde la distribución de cemento y carne hasta préstamos “gota a gota”, centros de llamadas utilizados para fraudes y sistemas de extorsión telefónica.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía mexiquense permitieron detectar actividades de acaparamiento, imposición de precios y extorsión en negocios donde comerciantes y habitantes eran obligados a comprar productos únicamente en establecimientos controlados por estas organizaciones criminales.
Sobre el informe de la Fiscalía que reporta una disminución de 48% en denuncias por extorsión respecto al periodo anterior, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez atribuyó los resultados a la confianza ciudadana y a la estrategia coordinada entre autoridades federales y estatales.
“Lo que ha dado mucho resultado en ese proceso es la denuncia. Cuando un ciudadano denuncia y tiene la confianza en las autoridades, eso les permite dar seguimiento e incluso detener a quienes extorsionan”, señaló tras el Primer Simulacro Nacional 2026.
La mandataria mexiquense insistió en llamar a la población a denunciar este tipo de delitos y confiar en las instituciones encargadas de seguridad y procuración de justicia. “Ha dado buen resultado, se ha reducido no solamente la extorsión, sino también la cuestión económica que tienen que dar y que obviamente afecta su economía”, afirmó.
La llamada Operación Liberación, desplegada en julio de 2025 con apoyo de autoridades federales y estatales, evidenció cómo estos grupos mantenían el control de minas, comercializadoras de materiales, ferreterías, corrales, criaderos de animales, negocios de venta de carne y transporte de carga.
Las acciones operativas se realizaron en Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Tlatlaya, Valle de Bravo y Villa Victoria.
De acuerdo con el informe, los comerciantes eran obligados a adquirir materiales y productos únicamente con proveedores autorizados por las organizaciones criminales, además de pagar cuotas para poder operar.
La Fiscalía documentó diferencias importantes en costos respecto a precios de referencia en Toluca. Mientras la tonelada de varilla tenía un precio promedio de 17 mil 937 pesos en la capital mexiquense, en municipios como Valle de Bravo alcanzaba hasta 23 mil 950 pesos.
El millar de block pasó de nueve mil a 20 mil pesos en algunas regiones y productos como alambrón, grava, arena y cemento registraron incrementos de entre 30 y 144%.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo referencia a estos hechos durante julio de 2025, cuando señaló que en algunos municipios mexiquenses ciertos productos llegaron a venderse hasta “al triple” de su valor habitual debido a las imposiciones de grupos criminales.
Entre los casos documentados por la Fiscalía se encuentra el de Gonzalo N., identificado como líder del sindicato Bradosva, quien fue vinculado a proceso por extorsión agravada tras presuntamente exigir pagos para permitir la distribución de arena, grava y varilla en la región de Valle de Bravo.
Las investigaciones refieren que interceptó a una víctima sobre la carretera libre Valle de Bravo-Toluca para exigirle una cuota inicial de 15 mil pesos y posteriormente cobros de dos mil 500 pesos por cada viaje de material, con el objetivo de monopolizar la distribución de insumos para construcción.
Otro de los casos señalados es el de Eli N., propietario de la empresa JIMEX, quien de acuerdo con la Fiscalía era presuntamente el único autorizado por integrantes de La Familia Michoacana para distribuir cemento y materiales de construcción en Valle de Bravo.
La FGJEM también relaciona estas estructuras con control de minas, madererías, ferreterías, rastros oficiales y clandestinos, además de robo a transporte de carga y falsos retenes utilizados para controlar el paso de mercancías.
Las investigaciones de la Fiscalía también identificaron redes relacionadas con la venta de pollo, carne y otros productos perecederos.
Bernardo N. fue identificado como presunto operador encargado de controlar la venta de pollo a comerciantes de Ixtapan de la Sal, mientras que Antonio N. es investigado por supuestamente amenazar a comerciantes para obligarlos a comprar carne exclusivamente con su grupo en municipios como Sultepec, Texcaltitlán y Almoloya de Alquisiras.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Antonio N. y otros individuos presuntamente amenazaban de muerte a comerciantes que intentaran adquirir productos con otros proveedores.
La Fiscalía sostiene que estas redes criminales utilizaban amenazas, intimidación y violencia para impedir la libre competencia y controlar cadenas de distribución regionales.
El informe también refiere que durante los operativos fueron asegurados criaderos de pollos, corrales, negocios de venta de huevo y establecimientos de comercialización de carne, los cuales formaban parte del entramado financiero de estos grupos criminales.
Como parte de las acciones derivadas de la Operación Liberación, la Fiscalía solicitó la disposición anticipada de alimentos perecederos, semovientes y materiales asegurados para ser entregados posteriormente a población vulnerable mediante un convenio con la Secretaría de Bienestar estatal.
El documento también retoma casos relacionados con presunta infiltración criminal en espacios públicos y políticos. Además del operativo Enjambre, dirigido específicamente a funcionarios ligados al crimen organizado, otras estrategias operativas permitieron detectar este patrón.
Entre las personas vinculadas a proceso en el operativo Liberación aparece Yareli N., quien fungía como tercera regidora del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal y es investigada por su probable intervención en un secuestro exprés con fines de extorsión cometido contra un comerciante.
Las investigaciones refieren que la víctima fue privada de la libertad en abril de 2025 y trasladada a un hotel, donde presuntamente le exigieron una suma económica bajo amenazas contra él y su familia. La Fiscalía también investiga a Alicia N. y José Fernando N., presuntamente relacionados con una organización criminal vinculada con La Familia Michoacana e indagados por extorsión agravada en Ixtapan de la Sal.
En total, como parte de las acciones de la Operación Liberación, fueron asegurados 63 establecimientos considerados prioritarios dentro del entramado extorsivo y detenidos diversos objetivos investigados por delitos como extorsión y secuestro exprés.
El informe advierte además que las redes de extorsión evolucionaron hacia esquemas digitales y financieros mediante operaciones conocidas como Desconexión.
La Fiscalía identificó call centers, centrales de préstamo y giros negros utilizados para realizar extorsiones indirectas, préstamos gota a gota, robo de identidad, fraudes financieros y amenazas mediante llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería. Estas operaciones se desarrollaban en municipios como Toluca, Metepec, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Chalco e Ixtapaluca.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, estas redes utilizaban páginas bancarias clonadas, llamadas masivas y miles de tarjetas SIM para engañar a víctimas, obtener información financiera y posteriormente intimidarlas o extorsionarlas.
La Fiscalía sostiene que algunos de estos lugares también funcionaban como puntos de venta de narcóticos o sitios utilizados para obtener datos personales y bancarios de clientes mediante esquemas fraudulentos.
Además, detectaron esquemas de préstamos informales en los que las víctimas recibían créditos con intereses superiores a los permitidos y posteriormente eran amenazadas por presuntos golpeadores enviados para exigir pagos diarios o semanales.
Durante 46 días de acciones operativas fueron asegurados 192 inmuebles, entre ellos 67 call centers, cinco centrales de préstamo, 14 puntos de venta de narcóticos y 106 giros negros. Además fueron detenidas 102 personas, de las cuales 77 eran extranjeras.
Las autoridades también aseguraron más de dos mil 800 equipos de cómputo, más de tres mil tarjetas SIM, teléfonos celulares, tokens bancarios y documentación con datos personales, identificaciones y guiones utilizados para intimidar víctimas y realizar cobros extorsivos.
Aunque la Fiscalía reportó una disminución de 48% en las denuncias por extorsión respecto al periodo anterior, el propio informe reconoce que este delito mantiene una de las cifras negras más altas del país.
Con base en datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, la institución reconoce que 96.7% de los casos de extorsión no son denunciados.
Entre abril de 2025 y marzo de 2026 la Fiscalía inició mil 729 carpetas de investigación por extorsión; de ellas, 791 fueron telefónicas, 299 mediante medios informáticos y 618 de manera presencial. El informe ubica a Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca entre los municipios donde se concentra el mayor número de denuncias relacionadas con este delito.