El Congreso del Estado de México aprobó en el Pleno un amplio paquete de reformas al sistema electoral y a la organización municipal, que modifica la Constitución local, el Código Electoral y la Ley Orgánica Municipal, bajo el argumento de armonización normativa con la Constitución federal y el Plan B que busca el fortalecimiento de la austeridad, la no reelección y el combate al nepotismo.
El dictamen fue avalado sin modificaciones, luego de que todas las reservas presentadas por legisladores de oposición fueron desechadas. La reforma establece un rediseño integral del sistema político-electoral mexiquense, impactando directamente en la integración de ayuntamientos, funcionamiento de órganos electorales y administración del gasto público.
Entre los cambios centrales destaca la consolidación del principio de no reelección para cargos de elección popular, el cual se aplicará de manera progresiva conforme a los artículos transitorios del decreto, con implementación hacia los procesos electorales posteriores a 2027 y consolidado en el ciclo electoral de 2030.
Asimismo, se incorporan medidas para restringir prácticas de nepotismo en el acceso a candidaturas y cargos públicos, con el objetivo de impedir la postulación de familiares en línea directa o por afinidad dentro de determinados grados de parentesco establecidos en la reforma.
Otro eje relevante es la política de austeridad, donde se establecen criterios de racionalidad del gasto público y se refuerzan límites presupuestales para el Poder Legislativo, además de promover ajustes en la estructura administrativa de los gobiernos municipales con la reducción de cargos en los ayuntamientos, particularmente en sindicaturas y regidurías, bajo el argumento de mejorar la eficiencia administrativa y reducir costos operativos.
El rediseño de los cabildos municipales fue uno de los puntos más controvertidos, puesto que legisladores de oposición advirtieron que esta medida reduce espacios de representación proporcional y debilita los contrapesos locales.
Asimismo, se aprobaron ajustes al calendario y a la operación del proceso electoral en la entidad, con el objetivo de mejorar la planeación y organización de las elecciones de 2027 y subsecuentes. También se incluyen disposiciones para fortalecer la coordinación entre el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y el Tribunal Electoral local (TEEM).
Durante la discusión, legisladores a favor defendieron que las reformas forman parte de un proceso de transformación política orientado a la austeridad republicana, la eficiencia del gasto y la democratización del poder público. Sostuvieron además que los cambios responden a un mandato ciudadano y a la necesidad de modernizar las instituciones.
En contraste, la oposición criticó la falta de análisis técnico previo, la rapidez del proceso legislativo y la omisión de un debate más amplio. También señalaron que la reducción de sindicaturas y regidurías podría afectar la representación política en los municipios más poblados del estado, además de advertir posibles impactos en la fiscalización y el equilibrio institucional.
Entre las reservas desechadas destacó la propuesta de incluir mecanismos más estrictos para impedir la participación de personas vinculadas a delitos de alto impacto en procesos electorales, así como ajustes para mantener esquemas de representación proporcional en cabildos. Ninguna de estas propuestas fue incorporada al dictamen final.