Integrantes del comité emergente de apoyo al Refugio Franciscano se apoderaron esta mañana de la caseta de cobro de Tepotzotlán, para permitir el paso gratuito a vehículos particulares y de carga con dirección a Querétaro.
De acuerdo con los manifestantes la movilización busca presionar a las autoridades capitalinas para que entreguen de forma inmediata a más de 900 perros y gatos que fueron desalojados de su albergue original el pasado siete de enero.
Los activistas señalaron que la medida es una respuesta ante la falta de cumplimiento de las órdenes judiciales y la opacidad en torno al estado de salud de los ejemplares, quienes cumplen ya más de cuatro meses en custodia gubernamental.
Hasta el momento, la protesta ha generado un flujo vehicular continuo hacia zonas estratégicas como Jilotepec y Huehuetoca, mientras los manifestantes distribuyen volantes informativos sobre su pliego petitorio. El comité organizador sostiene que esta acción es necesaria para visibilizar el sufrimiento de los animales sobrevivientes, quienes han sido víctimas de una ‘revictimización inadmisible’.
De acuerdo con un comunicado del Grupo Franciscano, el punto central del conflicto radica en el cumplimiento del amparo federal 27/2026, el cual obliga a las autoridades a rendir cuentas sobre la identificación y estado de salud de cada animal mediante pruebas de vida.
Los defensores exigen que se detengan de inmediato los procesos de adopción que califican como ‘ilegales’, argumentando que la tutela legítima pertenece exclusivamente a la asociación civil. La falta de un censo claro y el desconocimiento del número exacto de fallecimientos durante este periodo ha incrementado la tensión entre el Patronato y el Gobierno de la CDMX.
La organización demanda que el único desplazamiento posible para los animales sea el retorno a su hogar ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera federal México-Toluca. En este sentido, instan a las autoridades a abandonar lo que consideran una ‘persecución política y jurídica’, contra los activistas que han alzado la voz por esta causa, responsabilizando directamente a la administración capitalina por cualquier atentado a la integridad de los manifestantes.
A pesar del empuje social, el panorama jurídico se complicó tras una audiencia clave donde se determinó que los animales no podrán regresar de forma permanente al predio original. Ante este revés judicial, el Refugio Franciscano A.C. ha planteado como solución a largo plazo la habilitación de un predio en Texcoco, propiedad de la asociación mediante donación. Para ello, exigen que el gobierno local asuma la reparación integral de los daños y financie la adecuación de estas nuevas instalaciones para un traslado definitivo y digno.
Mientras el destino de los rescatados pende de un hilo, la asociación se declara física y técnicamente lista para retomar sus operaciones y garantizar el bienestar de los seres sintientes. La comunidad animalista ha convocado a todas las fuerzas sociales del país a unirse a esta lucha, subrayando que la defensa de la vida y la dignidad de los perros y gatos sobrevivientes no debe ser tratada como un delito, sino como un derecho humano y ambiental.
«El único desplazamiento posible debe ser a su hogar. Exigir el respeto a la vida y la dignidad de los seres sintientes no es un delito; pedimos pruebas de vida y el fin de las adopciones irregulares.» destaca el Comité Emergente de Apoyo al Refugio Franciscano.