La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investiga una presunta red integrada por exfuncionarios, servidores públicos en activo y particulares que habría utilizado plazas docentes para desviar recursos públicos mediante altas irregulares en la nómina estatal.
De acuerdo con la dependencia, la investigación comenzó luego de que el Gobierno del Estado de México denunció posibles anomalías en la contratación de personal docente. Como resultado de las indagatorias, hasta el momento 26 personas han sido vinculadas a proceso por los delitos de fraude y abuso de autoridad.
Las revisiones realizadas por autoridades estatales permitieron detectar 459 movimientos de alta que, según la Fiscalía, correspondían a personas registradas como docentes, pero que no desempeñaban actividades relacionadas con la enseñanza.
De acuerdo con la carpeta de investigación, las personas registradas como docentes aparecían en los sistemas oficiales de personal y recibían depósitos de nómina de manera regular.
Sin embargo, durante la revisión de expedientes, la FGJEM encontró documentación incompleta, ausencia de requisitos administrativos y registros sin el respaldo necesario para justificar las contrataciones.
Las denuncias fueron presentadas este año por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), luego de detectar anomalías en los movimientos de personal y advertir que los supuestos trabajadores no desempeñaban funciones dentro del sistema educativo estatal.
Reclutaban familiares y personas cercanas
Según la investigación, la presunta red contaba con personas encargadas de reclutar candidatos para incorporarlos a la nómina gubernamental.
La Fiscalía sostiene que los reclutadores buscaban principalmente familiares, amigos y personas cercanas que aceptaban proporcionar sus datos personales para ser registrados como docentes.
Una vez dados de alta, los beneficiarios aparecían asignados a plazas educativas, aunque, de acuerdo con las indagatorias, no acudían a laborar ni realizaban actividades académicas.
La autoridad ministerial asegura que, una vez autorizadas las altas, integrantes de la red mantenían el control de las tarjetas bancarias donde eran depositados los salarios .Posteriormente retiraban los recursos en efectivo y distribuían el dinero entre los participantes.
La Fiscalía documentó casos en los que los beneficiarios recibían una cantidad mínima a cambio de prestar sus datos. Según la investigación, por percepciones acumuladas de hasta 200 mil pesos, algunos obtenían alrededor de seis mil pesos, mientras que el resto era repartido entre quienes presuntamente operaban el esquema.
La investigación señala que varias de las plazas fueron asignadas a escuelas o centros de trabajo inactivos ubicados en distintos municipios del Estado de México.
Entre ellos aparecen planteles localizados en Toluca, Metepec, Zinacantepec, Ecatepec, Texcoco, Naucalpan, Tejupilco, Luvianos, Zumpango y Amecameca.
De acuerdo con la Fiscalía, esta práctica permitía reducir el riesgo de que las irregularidades fueran detectadas durante revisiones administrativas.
La investigación alcanza a dos exsubsecretarios de la administración estatal 2017-2023, encabezada por Alfredo del Mazo Maza. Se trata de Óscar ‘N’, quien fungió como subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas entre 2021 y 2023, y Sergio Andrés ‘N’, exsubsecretario de Administración y Finanzas de la entonces Secretaría de Educación.
También aparecen funcionarios y exfuncionarios de la Oficialía Mayor y de la SECTI, entre ellos directores de área, delegados administrativos, subdirectores, jefes de departamento y personal encargado de capturar movimientos de personal.
La Fiscalía sostiene que varios de los involucrados mantenían relaciones laborales, familiares o de confianza, situación que habría permitido que el esquema continuara operando aun cuando algunos dejaron sus cargos y fueron sustituidos por otros servidores públicos.
La FGJEM estima que entre enero de 2025 y febrero de 2026 la presunta red obtuvo más de 96 millones de pesos provenientes de recursos públicos.
La cifra corresponde únicamente al periodo documentado dentro de la investigación, por lo que las autoridades no descartan que el monto aumente si se acredita que las conductas ocurrieron de manera continua desde 2021.
Hasta ahora, 26 personas han sido vinculadas a proceso por los delitos de fraude y abuso de autoridad, mientras continúan las investigaciones sobre la presunta red de venta y asignación irregular de plazas detectada en la administración estatal.