Vecinos y comerciantes de Tepotzotlán denunciaron este lunes un grave conflicto de intereses y abuso de poder de parte de la tercera regidora, Brenda Valería Fragoso Fuentes, a quien señalan de operar una cantina clandestina en su domicilio ubicado en Santiago Cuautlalpan.
Testimonios comunitarios recabados en la zona detallan que el inmueble funciona al margen de toda normatividad oficial, careciendo por completo de licencia de funcionamiento, dictamen de uso de suelo y permisos sanitarios vigentes.
Familias enteras de la demarcación han tenido que soportar altos niveles de ruido ensordecedor, peleas callejeras y conductas antisociales generadas por la venta descontrolada de bebidas alcohólicas dentro del domicilio particular de la funcionaria pública.
Pequeños comerciantes y vendedores de alimentos en el centro de Santiago Cuautlalpan padecen diariamente un acoso constante y la negativa de permisos comerciales debido al cerco impuesto por los inspectores municipales, mientras la regidora opera su negocio con total impunidad. Los habitantes afectados recriminan que la edil utiliza los recursos del erario y su cargo dentro de la comisión encargada del desarrollo económico para asfixiar a la competencia formal y proteger sus propios intereses lucrativos.
La prepotencia e ilegalidad caracterizan el actuar cotidiano de la representante popular, quien ignora los reglamentos municipales que juró hacer cumplir al asumir su encargo dentro del ayuntamiento de Tepotzotlán. Los denunciantes exigen piso parejo y el cese inmediato de las extorsiones aplicadas por la administración local contra los negocios familiares legalmente establecidos.
Los inconformes señalan una complicidad abierta por parte de la administración municipal que encabeza la alcaldesa María de los Ángeles Zuppa Villegas y el delegado Cristian Hernández ante la absoluta falta de inspecciones en el establecimiento irregular.
Los habitantes demandan la intervención urgente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y de instancias estatales para frenar este atropello, ejecutar la clausura definitiva del inmueble y aplicar sanciones ejemplares contra la funcionaria señalada por romper la ley.