Hasta 30 años de prisión podrían alcanzar las personas responsables de ataques con ácidos u otras sustancias químicas contra mujeres, niñas y adolescentes, luego de que la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense aprobó reformas al Código Penal.
La propuesta, impulsada entre otras iniciativas por la diputada Zaira Cedillo, establece una pena de ocho a 15 años de prisión y de 200 a 500 días multa para los ataques dolosos cometidos con este tipo de sustancias.
Cuando las lesiones provoquen desfiguración permanente en la cara, cabeza, cuello, mamas o genitales, o causen la pérdida o disminución definitiva de la función de un órgano o sentido, la pena será de 12 a 20 años de prisión y de 300 a 700 días multa.
El dictamen establece que la sanción podrá aumentar hasta en una mitad cuando el agresor sea servidor público y actúe en ejercicio de sus funciones, o cuando exista con la víctima una relación de parentesco, convivencia, afectiva, sentimental, laboral, docente, de subordinación, confianza o cuidado.
Con estas agravantes, la sanción máxima podría alcanzar los 30 años de prisión.
La propuesta también establece que estos casos sean perseguidos de oficio, por lo que la investigación no dependería exclusivamente de que la víctima presente una denuncia.
La diputada Zaira Cedillo señaló que todavía no existe una fecha definida para que el dictamen sea sometido al Pleno y precisó que la votación realizada este lunes correspondió únicamente a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
Las modificaciones planteadas a otras leyes, entre ellas la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, quedaron pendientes de discusión.
Al término de la sesión, Carmen Sánchez, sobreviviente de un ataque con ácido ocurrido en 2014 y presidenta de la fundación que lleva su nombre, reconoció el aumento de las penas, pero sostuvo que una reforma debe garantizar también atención continua para las víctimas.
Sánchez relató que ha pasado por 67 cirugías reconstructivas y señaló que los tratamientos médicos, dermatológicos y psicológicos suelen depender de gestiones realizadas por las propias sobrevivientes.
“Una sentencia no me ha reparado mi proyecto de vida”, afirmó.
Recordó que su agresor, Efrén García Ramírez, fue sentenciado en 2023 a casi 47 años de prisión. Añadió que su fundación tiene conocimiento de 53 sobrevivientes de violencia química en el país, aunque aclaró que se trata de casos identificados por la organización y no de un registro oficial.
Ximena Reyes Canseco, vicepresidenta de la fundación, cuestionó que los ataques químicos permanezcan dentro del delito de lesiones como una modalidad agravada, pues la iniciativa ciudadana planteaba reconocerlos como un delito autónomo y modificar también la Ley de Víctimas.
Reyes Canseco señaló que aún no había revisado el dictamen completo porque, según dijo, no les fue compartido antes de la sesión.