En 2025, 156 mil 454 niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años se encontraban en condición de trabajo infantil en el Estado de México, de una población aproximada de cuatro millones de personas en ese grupo de edad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De ese total, 82 mil 388 menores no cumplían con la edad mínima legal para trabajar, establecida en 15 años en México, mientras que solo 15 mil 296, alrededor del 10%, se desempeñaron en alguna ocupación permitida por la Ley Federal del Trabajo.
Además, cerca de 59 mil niñas, niños y adolescentes realizaron actividades peligrosas, que pueden poner en riesgo su salud, seguridad o desarrollo integral.
La legislación laboral considera peligrosas aquellas ocupaciones que exponen a las personas menores de edad a riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o psicosociales, así como a condiciones que pueden afectar su integridad.
A nivel nacional, 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años se encontraban en situación de trabajo infantil durante 2025, lo que representó 12.6% de la población de ese grupo de edad.
Los datos de la ENTI muestran una mayor participación de niños y adolescentes hombres en actividades laborales. Durante 2025, cerca de 101 mil se encontraban en condición de trabajo infantil en el Estado de México.
De ellos, apenas siete mil 903 tenían una ocupación permitida por la legislación, mientras que casi 50 mil no habían cumplido los 15 años y más de 43 mil realizaban alguna actividad peligrosa.
En el caso de las niñas y adolescentes, más de 55 mil 500 trabajaron durante el mismo periodo. De esta cifra, únicamente siete mil 393 se desempeñaron en una ocupación permitida, más de 32 mil 600 eran menores de 15 años y 15 mil 523 realizaron trabajos peligrosos.
Las cifras reflejan que el trabajo infantil afecta a ambos grupos, aunque con diferencias en el tipo de actividad y las condiciones laborales.
La incorporación al trabajo no significa necesariamente que las niñas, niños y adolescentes abandonen sus estudios. De acuerdo con los datos proporcionados de la ENTI, de los 141 mil menores que trabajaron en una ocupación no permitida, 115 mil 448, equivalentes a 81%, asistían a la escuela; los 25 mil 710 restantes no lo hacían.
En cuanto al nivel educativo, alrededor de 30% tenía la primaria incompleta, 33% había concluido la primaria, pero no la secundaria, y más de 35% contaba con estudios básicos completos o un nivel superior.
El INEGI considera dentro de las ocupaciones no permitidas tanto el trabajo realizado por menores de 15 años como las actividades peligrosas desempeñadas por personas de entre 5 y 17 años.
En cuanto a los sectores económicos, alrededor de 60% de los menores que trabajaron en ocupaciones no permitidas se desempeñó en el sector terciario, que incluye actividades como comercio, transporte, administración y servicios financieros.
Otro 20% participó en el sector secundario, relacionado con la industria, la construcción, la energía y la artesanía, mientras que una proporción similar trabajó en el sector primario, que comprende actividades como agricultura, ganadería, pesca y minería.
Esta distribución muestra la presencia del trabajo infantil en distintas ramas de la economía, tanto en actividades rurales como urbanas.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que el trabajo infantil puede privar a niñas, niños y adolescentes de su infancia, afectar su dignidad y perjudicar su desarrollo físico y psicológico.
Entre sus consecuencias se encuentran el riesgo para la salud y la seguridad, así como la posibilidad de que abandonen prematuramente la escuela, lo que limita sus oportunidades educativas y laborales futuras.
Para combatir este problema, el organismo internacional plantea medidas como garantizar el acceso a una educación gratuita y de calidad, promover el trabajo decente para las personas adultas y fortalecer la protección social de las familias.
En el Estado de México, el Congreso local ha realizado durante este año encuentros con menores de edad y foros para construir una iniciativa de ley enfocada en prevenir y atender el trabajo infantil, así como proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta contempla reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Educación y el Código Penal estatal, con medidas orientadas a garantizar la permanencia escolar, sancionar la explotación laboral infantil y fortalecer las acciones de prevención.
Mientras avanza la discusión legislativa, las cifras de la ENTI muestran la dimensión del problema en la entidad: miles de menores participan en actividades laborales antes de alcanzar la edad mínima legal o en condiciones que pueden poner en riesgo su bienestar, en una etapa de la vida en la que deberían contar con condiciones para estudiar y desarrollarse.