Una familia de cuatro integrantes necesita 10 mil 377 pesos mensuales para cubrir su canasta alimentaria en una zona urbana de México. En contraste, un tratamiento farmacológico para perder peso puede costar entre dos mil 400 y casi 10 mil pesos por cuatro semanas, dependiendo del medicamento y la dosis.
El costo de la alimentación y el acceso a tratamientos para la obesidad muestran las diferencias económicas que existen para atender una misma enfermedad. En el Estado de México, especialistas en nutrición han identificado pacientes que no cuentan con ingresos suficientes para mantener una dieta variada, aunque también hay quienes adquieren medicamentos como la semaglutida y la tirzepatida por cuenta propia.
La nutrióloga clínica Paola Elizabeth Santos Ramírez, adscrita a la Clínica de Consulta Externa Alfredo del Mazo Vélez del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), reconoció que el ingreso económico es uno de los factores que condicionan las posibilidades de mejorar la alimentación.
En esta unidad se atiende a servidores públicos de distintos niveles salariales, desde trabajadores de limpieza hasta diputados, por lo que las diferencias en el poder adquisitivo también se presentan entre los derechohabientes.
“Desgraciadamente, a menor ingreso económico, menor posibilidad de que su alimentación sea variada y saludable, porque se han encarecido mucho los alimentos”.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en octubre de 2026 el valor mensual de la canasta alimentaria urbana fue de dos mil 594.39 pesos por persona, equivalente a 10 mil 377.56 pesos para una familia de cuatro integrantes.
Esta cantidad contempla únicamente alimentos. Al sumar otros gastos indispensables, como vivienda, transporte, educación, vestido y servicios, el valor de la línea de pobreza por ingresos en zonas urbanas alcanza los cuatro mil 985.47 pesos por persona, es decir, 19 mil 941.88 pesos mensuales para cuatro integrantes.
El costo de la canasta alimentaria urbana aumentó 5.9% anual durante octubre, por encima de la inflación general de 3.8%, de acuerdo con las cifras oficiales.
Sin embargo, disponer del dinero equivalente a la canasta alimentaria no significa necesariamente contar con una dieta equilibrada.
La metodología utilizada para medir la pobreza establece un valor monetario de referencia a partir de patrones de consumo, pero no constituye un plan de alimentación individualizado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que una dieta saludable debe ser suficiente, equilibrada, moderada y diversa, además de adaptarse a la edad, actividad física y condiciones de salud de cada persona.
Santos Ramírez indicó que el encarecimiento de las verduras y otros alimentos ha dificultado que algunos pacientes sigan las recomendaciones nutricionales, principalmente cuando deben comer fuera de casa.
“Lo más barato es lo que tiene más harina, más carbohidratos, más grasas, más azúcar. Y ahora lo saludable, que son las ensaladas y las carnes bajas en grasa, es muy caro y no debería de ser así”.
La especialista precisó que los pacientes con dificultades económicas para seguir una dieta son minoría entre quienes atiende, aunque reconoció que el costo de los alimentos puede limitar las opciones disponibles para algunas familias.
En México, los medicamentos utilizados para tratar la obesidad representan otro gasto que depende de las posibilidades económicas de los pacientes.
Entre ellos se encuentran la semaglutida y la tirzepatida, principios activos que intervienen en la regulación del apetito y de los niveles de glucosa.
Ozempic, que contiene semaglutida y está indicado para el tratamiento de la diabetes tipo 2, tiene presentaciones con precios aproximados de tres mil 100 a cuatro mil 200 pesos por pluma. Aunque también se utiliza para perder peso, esta no es su indicación autorizada en México.
Wegovy, otro medicamento con semaglutida, pero indicado para el control del peso en determinados pacientes, tiene presentaciones que van de aproximadamente dos mil 400 a cuatro mil 900 pesos por cuatro semanas, según la dosis.
Estos precios son referencias comerciales que pueden variar entre farmacias y no incluyen consultas médicas, estudios de laboratorio ni seguimiento nutricional.
Al respecto, Santos Ramírez reconoció que fuera de las instituciones de salud hay personas que consiguen estos medicamentos y se los administran sin una valoración previa.
Advirtió que desconocer las dosis, las contraindicaciones o las enfermedades que pudiera presentar el paciente aumenta el riesgo de complicaciones.
La nutrióloga sostuvo que estos tratamientos deben utilizarse bajo supervisión médica y acompañarse de modificaciones en la alimentación, actividad física y atención psicológica cuando sea necesaria.
Para los derechohabientes que tienen dificultades económicas, el servicio de nutrición de la Clínica Alfredo del Mazo Vélez realiza talleres sobre preparación de alimentos y selección de productos de temporada.
La intención es que las familias puedan mantener una alimentación variada mediante ingredientes accesibles, sin recurrir necesariamente a productos especializados o de mayor precio.
La especialista señaló que también es necesario modificar los hábitos alimentarios de toda la familia, pues en ocasiones los adultos buscan que sus hijos bajen de peso sin cambiar su propia alimentación.
En cuanto a la atención médica, informó que aproximadamente el 80% de los 160 pacientes que recibe mensualmente presenta sobrepeso u obesidad, aunque muchos llegan por otras enfermedades, principalmente diabetes, hígado graso y alteraciones metabólicas.
También identificó el estrés, la depresión y la falta de sueño entre los factores que pueden contribuir al aumento de peso, especialmente en personas que trabajan durante la noche.
La especialista indicó que el tratamiento de la obesidad puede prolongarse durante meses o años, por lo que recomendó acudir con especialistas para determinar las necesidades de cada paciente y establecer cambios que puedan mantenerse a largo plazo.