De acuerdo con Edna Edith Escalante Ramírez, jueza integrante de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México (PJEM), hay estudios en los cuales se determina que siete de cada 10 personas que cometen delitos, por lo menos seis horas previas al ilícito consumieron algún tipo de droga.
La jueza explicó que la justicia terapéutica es una alternativa para aquellas personas que se encuentran en conflicto por la ley, después de haber cometido un hecho delictivo bajo la ingesta de drogas, incluido el alcohol; sin embargo, aclaró que no aplica en todos los delitos, únicamente en delitos menores como robo sin violencia o, el más común, delitos contra la salud.
«Una vez que le llega un asunto de esta naturaleza, donde una persona ha delinquido bajo estos supuestos, bueno, lo primero que hace es explicarle esta alternativa y en su caso que puede someterse a un tratamiento».
También señaló que, la persona que se encuentra bajo un proceso es quien determina si accede al programa, ya que si él no está de acuerdo no se puede aplicar sólo por decisión del juzgador.
«Él necesariamente tendrá que aceptar este procedimiento, es 100% voluntario, si la persona no se somete se continúa el procedimiento».
Puntualizó que es importante analizar este fenómeno y buscar, más allá de una sanción, la reinserción adecuada a la sociedad de estas personas, pues afirmó que hay estudios que marcan que siete de cada 10 personas que cometen delitos, por lo menos seis horas antes consumieron algún tipo de sustancia.
«Imagínense, siete de cada 10 personas es un dato que nos tiene que hacer ruido porque si la mayoría tiene que ver con el consumo de sustancias, estos también se dan en el ámbito familiar».
Respecto al Estado de México subrayó que, los delitos cometidos bajo los efectos de las drogas no se concentran en regiones, sino que es un problema que puede ocurrir en cualquier parte, por lo que el programa está abierto para cualquiera que cumpla con las características antes mencionadas.
En caso de que la persona acepte el tratamiento, su procedimiento ordinario se suspende y comienzan las terapias; al concluir de manera favorable puede salir sin antecedentes penales.