Con más de 30 millones de habitantes proyectados para el año 2030, la zona metropolitana de la Ciudad de México y el Estado de México enfrentarán su mayor reto de sostenibilidad en el ámbito de la seguridad hídrica.
La pérdida de zonas de recarga, el crecimiento de la mancha urbana y una dependencia excesiva de la distribución de agua por trasvase—es decir, el transporte del recurso a largas distancias hasta la zona central—podrían llevarnos al colapso de este servicio.
De acuerdo con Víctor Ávila Akerberg, director general del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt), es urgente generar proyectos de desarrollo de los denominados «bosques de agua», los cuales, advirtió, tienen dos grandes enemigos: la tala ilegal y el crecimiento inmobiliario.
Explicó que, en el caso de la tala ilegal, es necesario implementar estrategias que hagan rentable la conservación de estas áreas verdes para los propietarios de los terrenos, ya que los beneficios económicos que obtienen de la tala ilegal son significativamente mayores.
Argumentó que, en el rubro de pagos por servicios ambientales, los ejidatarios reciben apenas 1,500 pesos anuales por hectárea; en temas de bonos de carbono, 13,000; y dentro del programa «Sembrando Vida», 28,800. Sin embargo, frente a la tala ilegal, este monto por hectárea puede ascender hasta 120,000 pesos, contrastando con la captación e infiltración de agua, donde apenas pueden obtener 36,000 pesos.
Destacó que, según una investigación, los habitantes de zonas rurales pueden identificar hasta 200 beneficios en sus vidas por tener plantas, mientras que aquellos en áreas urbanas no ven más de 20. Esto ocurre en un contexto donde las ciudades están devorando los espacios rurales.
Este tema fue destacado durante el Segundo Foro Ambiental de Participación Ciudadana: Cambio Climático, que se llevó a cabo este miércoles en la Universidad Autónoma del Estado de México.