La sobrepoblación penitenciaria y las políticas penitenciarias que en general carecen de un enfoque de género y las prisiones fueron diseñadas por y para los hombres, hacen que las mujeres privadas de la libertad en México también sean víctimas de violencia, ejercida por autoridades penitenciarias, de seguridad pública y otros.
Lo anterior fue evidenciado por el INEGI al dar a conocer las estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.
En 2023, a nivel nacional había 331 centros penitenciarios, de los cuales, 14 eran federales, 266 estatales y 51 especializados, con una capacidad de 229 mil 032 espacios, sin embargo, en total había 233 mil 277 personas privadas de la libertad, de las cuales, el 94.3% fueron hombres y el 5.7% eran mujeres, de acuerdo con estadísticas de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2023, reveló el INEGI.
En el caso particular de la entidad mexiquense, la sobrepoblación era abrumadora, en los 23 penales que hay en territorio estatal (uno federal, 21 estatales y uno especializado) con capacidad de recluir a 14 mil 917 personas, al cierre del 2023 contabilizaba 35 mil 325 personas privadas de la libertad, de las cuales 2 mil 258 eran mujeres y el resto hombres.
Entre los principales actos de actos de violencia psicológica realizados o permitidos por la policía o autoridad en contra de las personas privadas de la libertad, el INEGI enlistó la incomunicación o aislamiento, amenazas con levantar cargos falsos, amenazas con hacerle daño a través de los golpes y utilizar objetos para lastimarla.
En cuanto a la violencia física, el INEGI precisó que en 2021 se estimó que un 48.6% de la población privada de la libertad vivió alguna agresión física realizada o permitida por la policía o autoridad después de su detención y antes de llegar a la Agencia del Ministerio Público o juez de lo penal.
Al desagregarlo por sexo, un 39.8% de las mujeres vivió este tipo de violencia, un 15.5% de las mujeres privadas de la libertad vivió situaciones como le agredieron mediante acoso sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación y el 4.8% comentó haber sido obligada mediante violencia física o amenaza a tener una actividad sexual no deseada (violación sexual).
Otras agresiones físicas permitidas o cometidas por la policía o autoridad en agravio de las personas privadas de la libertad en 2021 fueron la asfixia o ahorcamiento con una bolsa de plástico u otro objeto, ataduras su cuerpo con sogas, vendas, cintas o cobijas, descargas eléctricas, el impedirle respirar o meter su cabeza en agua o vaciándole agua en la cara (tehuacán), quemaduras y lesiones de arma blanca y/o punzocortante.
Pese a que una de las políticas del gobierno federal y los municipales y estatales es la protección de las personas adultas mayores, éstas son presas fáciles de actos discriminatorios, de aislamiento y, en casos extremos, maltrato y violencia.
En este contexto, el INEGI precisó que en 2021, de las 9 millones 063 mil 053 mujeres de 60 años y más que había en México, al menos el 14.6% experimentó violencia en los 12 meses previos por parte de familiares o convivientes, según estadísticas de la ENDIREH de ese año.
El tipo de violencia más prevalente para estas mujeres fue la psicológica (13.0%), seguida de la económica (4.7%), la física (1.5%) y, con menor prevalencia, la sexual (0.5%).
Las situaciones de violencia ejercidas por familiares cercanos o convivientes en los 12 meses previos fueron el dejar de hablarle, abandono, gritos e insultos, agresiones verbales, no darles dinero y la negativa de ayuda cuando la necesitan.
Respecto a las mujeres que sufrían alguna discapacidad, la ENDIREH 2021 estimó que, de las 50 millones 523 mil 469 mujeres de 15 años y más que había en México, el 11.9% vivía con discapacidad y el 31.7% con limitación. Esa encuesta precisó que el 75.1% de las mujeres con limitación experimentaron algún tipo de violencia a lo largo de la vida y en los 12 meses previos.