El Congreso local aprobó por mayoría de votos la minuta con proyecto de decreto enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante la cual se reforman los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional.
El dictamen fue considerado de urgente y obvia resolución, por lo que se dispensó el trámite de dictamen, conforme a los artículos 55 de la Constitución local, 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 74 de su reglamento.
La reforma busca formalizar la participación del Senado y la Comisión Permanente en la ratificación de mandos superiores de la Guardia Nacional, al igual que de coroneles y jefes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, bajo el argumento de fortalecer el control parlamentario sobre estas designaciones.
Durante la discusión, la diputada del PAN, Joanna Felipe Torres, alzó la voz en contra del dictamen y denunció una tendencia a profundizar la militarización del país.
«Nos dicen que ocho de cada diez mexicanos confían en la Guardia Nacional, pero no confundamos la desesperación del pueblo con la validación de una estrategia errónea», advirtió.
Felipe Torres condenó que se haya abandonado la formación de policías civiles y criticó que la Guardia Nacional esté «convertida en un brazo armado sin controles ni vigilancia», en un modelo que calificó de «fallido y profundamente peligroso».
En contraste, el diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, defendió la minuta, subrayando que los grados a ratificar corresponden a mandos que siguen lineamientos civiles, y recordó que la actual administración ha sido la única en investigar y sancionar actos de corrupción militar.
“La Guardia Nacional la dirige un civil. No hay impunidad. En este gobierno no se barre nada bajo la alfombra”, sostuvo. También acusó a gobiernos panistas de haber iniciado la militarización, particularmente al expresidente Felipe Calderón.
Desde el Partido del Trabajo, la legisladora Sara Alicia Ramírez de la O respaldó la minuta y recordó que en 2006 se usó al Ejército para una “guerra absurda” que dejó miles de muertos y desaparecidos.
“Hoy, en la 4T investigamos lo que ustedes cubrieron con impunidad”, lanzó contra la oposición.
En tanto, Leticia Mejía García, diputada del PRI, afirmó que su bancada votó en contra, señalando que la solución a la inseguridad debe pasar por fortalecer instituciones civiles y no profundizar la dependencia de las fuerzas armadas.
“Con responsabilidad y convicción, hemos votado en contra de la militarización de la seguridad pública”, declaró.
Sin embargo, la minuta tuvo el respaldo de la mayoría de las y los legisladores, por ende, y se ordenó a la Secretaría Legislativa remitir el acuerdo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en cumplimiento del artículo 135 constitucional.
El decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.