En el Estado de México, la corrupción se percibe como un fenómeno frecuente, persistente y escasamente sancionado, de acuerdo con el Diagnóstico Integral sobre la Percepción de la Corrupción 2024, presentado durante la quinta sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SEAEMM).
Los resultados confirman que la percepción de impunidad y la falta de castigo son los principales factores que alimentan el descrédito social hacia las instituciones y permite identificar los puntos críticos y de riesgo, y orientar políticas públicas basadas en evidencia.
De acuerdo con los ponentes, el estudio, considerado el más completo elaborado hasta ahora por el sistema mexiquense, ofrece una radiografía sobre cómo ciudadanía, servidores públicos y sector empresarial entienden, viven y evalúan la corrupción en la entidad.
Durante los cuestionamientos de las y los diputados, diversas fracciones insistieron en la falta de transparencia, discrecionalidad y legalidad del CUSAEM, así como en el estado crítico del sistema penitenciario.
El documento fue construido a partir de tres estudios previos desarrollados por la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, e integra una metodología basada en 10 dimensiones transversales que abarcan desde la frecuencia de los actos de corrupción y la confianza institucional, hasta la ética pública, la integridad y la participación ciudadana.
Entre los hallazgos más relevantes, se señaló que la mayoría de los mexiquenses percibe la corrupción como práctica común en el servicio público, mientras que la denuncia ciudadana sigue siendo mínima por desconfianza o desconocimiento de los canales institucionales.
Pese a los esfuerzos de capacitación y difusión, los sistemas de control y sanción son poco visibles para la población, lo que genera la sensación de que los actos corruptos “quedan impunes”.
El diagnóstico incluye un mapa de calor que muestra las zonas y sectores donde se concentran los mayores niveles de percepción de corrupción, y propone reforzar la transparencia activa, la rendición de cuentas y la cultura de integridad.
En contraste, los indicadores más positivos se relacionan con la ética pública y la capacitación en valores, especialmente en los municipios donde ya se implementan programas de formación ciudadana o acompañamiento técnico del SESAEMM.
Los integrantes del Comité Coordinador coincidieron en que la educación ética, la formación cívica y la participación social son las vías más sostenibles para reducir la corrupción y subrayaron que el sistema estatal busca pasar de la medición de percepciones a la evaluación de resultados, con seguimiento directo a las acciones institucionales y los compromisos de los tres órdenes de gobierno.
En la misma sesión, se aprobó la instalación de la Comisión Interinstitucional de Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora, que dará seguimiento técnico a las observaciones derivadas de la Evaluación de Consistencia y Resultados (ECR) de la Política Estatal Anticorrupción 2023–2024. Dicha comisión estará integrada por las Direcciones Generales de Políticas Públicas y de Riesgos en Materia Anticorrupción, y trabajará sobre 12 puntos de mejora bajo criterios de corresponsabilidad institucional y rendición de cuentas.
Asimismo, se propuso desarrollar un análisis comparativo nacional entre los programas anticorrupción del sexenio federal anterior y el actual, con el fin de identificar las diferencias metodológicas, las estrategias de implementación y el impacto de las políticas públicas en el ámbito estatal.
El Comité Coordinador destacó que el SEAEMM se ha consolidado como referente nacional en el uso de herramientas de diagnóstico y evaluación, lo que ha sido reconocido por sistemas de entidades como Jalisco y Oaxaca, así como por la doctora Patricia Palavera, próxima presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, quien calificó al modelo mexiquense como uno de los más avanzados del país.
Asimismo, se decretó un receso en la sesión, que se reanudará el próximo lunes 20 de octubre, cuando se presente el informe anual del comité Coordinador en las instalaciones del congreso del Estado de México.