Lo que inició como una disputa administrativa por el nombre de una colonia ha escalado a una rebelión simbólica en las calles de la zona sur de Tultitlán. Ayer, domingo 22 de marzo, los habitantes de la comunidad anteriormente conocida como Fimesa 1, 2 y 3 volvieron a las calles para instalar su propia señalética, desafiando la intención del gobierno municipal de imponer ahora nombres de calles alusivos a la actual administración federal.
La molestia de los colonos radica en un «albazo» ocurrido desde el mes de diciembre pasado, cuando el Cabildo, encabezado por la alcaldesa Ana Castro Fernández, aprobó el cambio de nombre de la localidad a «Colonia 4T».
Esta decisión, denuncian los vecinos, se tomó sin consulta previa y ha sumergido a más de 200 familias en un caos burocrático.
Los manifestantes señalaron que ya no quieren más problemas pues desde el cambio de identidad de la colonia se ha invalidado prácticamente toda su documentación oficial.
Primero con la Credenciales de elector (INE), pues los domicilios ya no coinciden con los registros cartográficos. Las boletas por el pago predial presentan inconsistencias que impiden cumplir con las obligaciones fiscales.
Además de que, indican que ya no tienen
certeza jurídica, al tratarse de terrenos del ejido de San Francisco Chilpan, con más de 30 años de antigüedad, el cambio de nombre frena los procesos de escrituración y regularización de la tierra.
»Nos impusieron ‘Colonia 4T’ y ahora nada de nuestros papeles sirve.
Es un gasto extra que no tenemos y un atropello a nuestra identidad», dijeron vecinos.
En respuesta a la propuesta oficial de nombrar calles como «Tren Maya» o «Me Canso Ganso», los vecinos desplegaron ayer una nueva señalética cargada de crítica política.
El pueblo no olvida, pues las placas, pegadas en bardas y en las instalaciones de la nueva Preparatoria 296, muestran nombres como
»Fraude Dos Bocas»,
»Desfalco Segalmex», »Huachicol Fiscal»,
«AIFA 520 MDP», «Ecocidio en Tultitlán»,
«Narco Estado», entre otros.
Esta acción no solo busca ridiculizar la imposición oficial, sino visibilizar la falta de servicios básicos como pavimentación, alumbrado y drenaje que padece la zona, mientras el gobierno local se enfoca en cambios de nombre con tintes ideológicos.
Los habitantes acusaron directamente a la alcaldesa Ana Castro Fernández —cuñada de la anterior presidenta municipal— de continuar con una política de «atropellos», recordando que en meses pasados incluso se denunció la demolición injustificada de algunas viviendas en el sector.
Ante la falta de diálogo a nivel municipal, la comunidad de Fimesa hizo un llamado urgente a las autoridades del Gobierno del Estado de México y a la Federación para que intervengan y frenen lo que consideran una violación a su derecho a la identidad y una gestión irresponsable de la administración pública.