El pleno de la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma electoral, conocida como “Plan B”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de recibir el respaldo de al menos 19 congresos locales, con reportes posteriores que elevan la cifra hasta 20 legislaturas estatales.
Con esta aprobación, la reforma cumple el requisito constitucional de contar con el aval de la mayoría de las legislaturas locales, lo que permite su avance hacia su publicación oficial y eventual entrada en vigor.
De acuerdo con la información presentada en el Pleno, diversas legislaturas estatales aprobaron la reforma en sesiones extraordinarias. Entre ellas se encuentran Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Yucatán, Baja California, Campeche, Hidalgo y Colima, además de otras entidades federativas.
La reforma modifica tres artículos de la Constitución: 115, 116 y 134, con cambios en la organización municipal, el funcionamiento de congresos locales y reglas sobre remuneraciones en el servicio público.
Entre los ajustes más relevantes se establece que:
El número de regidurías en los ayuntamientos se limita a un máximo de 15, con asignación bajo el principio de paridad de género.
Los recursos anuales de los congresos locales no deberán exceder el 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad federativa.
Consejeros y magistrados electorales, así como titulares de áreas administrativas del Instituto Nacional Electoral y organismos electorales locales, no podrán ganar más que la Presidenta de la República.
Se prohíben prestaciones adicionales como seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida privados, pensiones especiales o cajas de ahorro extraordinarias no previstas en la ley.
A partir de 2027, el presupuesto del Senado de la República deberá reducirse gradualmente hasta alcanzar una disminución acumulada del 15% en términos reales respecto a 2026.
Los ahorros generados deberán destinarse a obras de infraestructura pública en municipios y estados.