Lo que inició como una disputa histórica de linderos municipales se ha transformado en una posible reconfiguración geopolítica y económica en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Bajo la sombra de un multimillonario desarrollo logístico, la Secretaría de Gobierno del Estado de México opera un acuerdo que beneficiará exponencialmente a los municipios de Tonanitla y Jaltenco, dejando a Tecámac como el gran perdedor de la jornada.
El dictamen, que ya se cocina en el Congreso del Estado de México, contempla el despojo de aproximadamente 800 hectáreas a Tecámac —lo que representa entre el 3% y el 5% de su territorio total—. Dichas tierras no son ociosas: se proyectan para albergar un jugoso parque industrial colindante con Nextlalpan, un negocio de millones de pesos en recaudación de predial e impuestos locales.
El presidente municipal de Tonanitla, Mauro Martínez —de reciente incorporación a las filas de Morena tras su pasado panista—, encabezó días atrás un estricto plantón y el cierre total de la vialidad que conecta Ecatepec con el AIFA.
A pesar de los severos costos económicos y las afectaciones a miles de usuarios de la terminal aérea, la estrategia de presión social funcionó momentáneamente.
El bloqueo dobló a las autoridades estatales o, según acusan voces críticas en los pasillos del poder, sirvió como el escenario perfecto para justificar un «guión» ya ensayado desde la Secretaría de Gobierno para cumplir acuerdos políticos.
El resultado para Tonanitla es contundente: prácticamente duplicará su suelo y sus ingresos fiscales.
La gran sorpresa de las negociaciones de límites territoriales fue la irrupción del municipio de Jaltenco.
Cuando se asumía un pleito bilateral entre Tonanitla y Tecámac, la Secretaría de Gobierno integró a Jaltenco a la mesa con el fin de otorgarle hectáreas correspondientes a unas «islas» ubicadas en el sureste de su plano original.
El pasado viernes, la tensión subió de tono cuando la senadora Mariela Gutiérrez Escalante intentó ingresar a la mesa política donde se definen estos límites, evidenciando el descontento de un sector que acusa una entrega sumisa de la actual administración tecamaquense.
A diferencia de administraciones pasadas donde se defendió el territorio con firmeza, la actual alcaldesa de Tecámac, Rosi Wong, ha mantenido un «silencio institucional» calificado por analistas como sospechoso. Fuentes cercanas a la mesa confirmaron que la edil se allanó y validó la entrega de las hectáreas durante las negociaciones secretas.
Actualmente, Wong busca emprender una campaña de control de daños en medios de comunicación para deslindarse del pacto.
El costo estratégico para Tecámac es devastador y va más allá del porcentaje territorial como la pérdida de conectividad, pues el municipio se queda sin una salida propia a la vital vía Tonanitla-AIFA.
La salida del drenaje principal de Tecámac hacia el tren general quedará ahora en territorio de Tonanitla, perdiendo la soberanía de su infraestructura más crítica.
El trasfondo de esta disputa se resume, en una palabra: dinero.
El conflicto arrastra raíces desde el año 2003, cuando Tonanitla se emancipó de Tecámac, pero una porción del ejido de Tonanitla permaneció legalmente en suelo tecamaquense.
Incluso, para poder cobrar sus indemnizaciones por la construcción de la carretera Ecatepec-AIFA, los ejidatarios de Tonanitla tuvieron que contribuir fiscalmente en Tecámac para liberar sus pagos.
La denominada «salida salomónica» impulsada por el Gobierno Estatal establece que el límite de Tecámac llegará únicamente hasta la autopista, dejando todo el terreno continuo a favor de sus contrapartes.
Aunque el dictamen final sigue en manos de la aprobación definitiva del Congreso Local, el panorama político y la frotada de manos de los desarrolladores industriales apuntan a que el destino de la plusvalía del AIFA ya ha sido sellado.