El Estado de México quedó en el centro de la revisión planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre contratos para la fabricación de material electoral, al recordar que las controversias en torno a empresas dedicadas a este negocio se remontan, al menos, a procesos del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) de 1999 y 2005.
Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria pidió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigue estas contrataciones y determine posibles responsabilidades administrativas o, en su caso, penales, al señalar que los cuestionamientos a proveedores electorales no comenzaron durante la reciente administración del INE.
Sheinbaum hizo referencia a los hermanos Hernández Casillas y sostuvo que desde hace más de dos décadas existen antecedentes relacionados con empresas proveedoras de urnas, mamparas y otros materiales utilizados durante los procesos electorales.
“Hay que acabar con los coyotes electorales”, señaló la Presidenta, al plantear que se transparenten las contrataciones y se fortalezca a Talleres Gráficos de México para que una mayor parte del material electoral sea producido por el Estado.
Uno de los antecedentes en territorio mexiquense ocurrió en 2005, semanas antes de la elección de gobernador en la que resultó electo Enrique Peña Nieto.
El IEEM adjudicó a Cartonera Plástica S.A. de C.V. un contrato por alrededor de 63.7 millones de pesos para la fabricación de material electoral.
La controversia escaló tras acusaciones sobre posibles sobornos entre integrantes del propio instituto. En medio de la crisis, los siete integrantes del entonces Consejo General, incluido su presidente José Juan Gómez Urbina, terminaron por separarse del cargo en mayo de aquel año.
Posteriormente, el Tribunal Electoral del Estado de México determinó que existieron irregularidades administrativas en el procedimiento de licitación, entre ellas que al final del concurso únicamente permaneció una propuesta. Sin embargo, la contratación no fue revertida debido al avance que ya presentaba la fabricación y distribución del material electoral.
La Presidenta pidió ahora que la ASF reconstruya el historial de estas contrataciones y determine desde cuándo operan los mismos grupos empresariales alrededor de los organismos electorales.
El planteamiento, señaló, no debe limitarse a los contratos recientes del INE, sino abarcar operaciones de años anteriores y hacer públicos los resultados para deslindar responsabilidades.