Comisiones Unidas del Congreso mexiquense aprobaron por unanimidad las peticiones de 20 municipios para aplicar tarifas de agua diferentes a las establecidas en el Código Financiero del Estado de México y Municipios.
Lo anterior se hizo con el compromiso de que cada uno de los ayuntamientos realice un informe sobre los ingresos obtenidos, objetivos, acciones y resultados alcanzados en materia social, financiera, presupuestal y contable como resultado de estas tarifas a más tardar el 15 de noviembre de 2024.
De acuerdo con el dictamen, los municipios de Acolman, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Cuautitlán, El Oro, Jilotepec, Lerma, Metepec, Naucalpan, Tecámac, Tepotzotlán, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Bravo aplicarán las tarifas que se les autorizaron para este 2023, las cuales se ajustarán de acuerdo con el aumento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
En el caso de Amecameca, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan y Zinacantepec, que en 2023 también aplican tarifas diferentes a las del Código Financiero, se les autorizan incrementos tarifarios en diversos servicios, además del ajuste acorde con el valor de la UMA.
El dictamen aprobado por las comisiones de Legislación y Administración Municipal, Finanzas Públicas y Recursos Hidráulicos, solicita a los 125 municipios mexiquenses que informen al Congreso sus acciones para eficientar la recaudación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento.
La legisladora Beatriz García agradeció la colaboración de las y los diputados, así como de las personas servidoras públicas de la Comisión del Agua del Estado de México, la Comisión Técnica del Agua, la Secretaría del Agua del gobierno de Delfina Gómez, y el Instituto Hacendario del Estado de México, así como su disposición para trabajar con el mecanismo de seguimiento a la aplicación en 2023 de estas tarifas, además del compromiso contraído por los ayuntamientos para su aprobación.
Durante la reunión, la legisladora se pronunció por continuar el uso de las herramientas metodológicas que permiten evaluar a los ayuntamientos en un tema tan relevante como la prestación de los servicios de agua potable pero sobre todo transparentar la operación de los organismos descentralizados operadores de agua, así como los recursos que reciben y operan; una demanda constante de la población.