El Estado de México buscará gestionar ante la autoridad federal un trato justo y compensatorio que lo dote del 50% del caudal total, cuando la extracción sea en su territorio; así como programas emergentes de recuperación de cuencas, de plantas de tratamiento y de concesiones que no se estén aprovechando; el saneamiento de presas, reparación de fugas, aprovechamiento del agua pluvial, combate al huachicoleo y sancionar la contaminación.
De acuerdo con los datos del Plan de Desarrollo del actual Gobierno del Estado de México las autoridades buscarán crear una Plataforma del Agua, es decir, una base de datos, reformar la Ley de Agua estatal, evitar la privatización del agua y crear comisiones de cuenca, oficinas del derecho humano al agua, defensorías, contralorías ciudadanas autónomas del agua, consejos y comités de usuarios de agua.
Desde hace unas semanas legisladores y autoridades anunciaron que buscarán un trato más equitativo en los convenios de agua con la Federación, pues la mayor parte del líquido proveniente del Sistema Cutzamala y de los afluentes del Lerma es enviada a la Ciudad de México, aun cuando la entidad mexiquense tiene mayor población, pero evitaron dar cifras; sin embargo, el Plan de Desarrollo plantea que le doten de un 50% del caudal por extracciones en territorio mexiquense.
Dicho plan arroja que en los últimos años en el Estado de México ha disminuido el porcentaje de población con acceso diario al agua y ha aumentado el de quienes solamente cuentan con disponibilidad de una a dos veces por semana.
Además, el 40% del agua se sigue perdiendo en fugas, el “huachicoleo” se ha extendido, 11 de las 25 cuencas que abastecen agua renovable en la entidad registran déficit y varias presas están por debajo del 50% de su capacidad.
De acuerdo con ese documento, las precipitaciones disminuyeron en un 6% entre 2022 y 2023, las plantas potabilizadoras de agua operan parcialmente y la calidad del agua no es la mejor, pues hay contaminantes.
Adicionalmente, las sequías han afectado al 85% de la entidad mexiquense, es decir, a 106 de los 125 municipios, 15 de ellos con sequía extrema y las concesiones autorizan la extracción de tres mil 399.7 hm3 (millones de metros cúbicos) de agua superficial y mil 575 hm3 subterráneo, y de ellas, 44% es para generar energía eléctrica, el 28% para uso público urbano, un 17% agrícola y un 11% para otros destinos.
El Plan de Desarrollo que acaba de ser publicado advierte que no existe una distribución eficiente, ni equitativa en el acceso al agua, pues mientras en 2018 el 57.8% de la población mexiquense tenía una disponibilidad diaria, el 22.8% la recibía cada tercer día y el 19.3% de una a dos veces por semana, pero para el año 2022 la población con acceso diario bajó a 51.7% y el porcentaje de quienes tienen acceso de una o dos veces por semana aumentó al 25.5%.
El documento arroja que a esa problemática se suma la infraestructura obsoleta e insuficiente de los organismos operadores, el acelerado crecimiento de la mancha urbana y el robo del vital líquido; por lo cual se proponen diversas estrategias.
Entre las líneas de acción que se plantean se encuentran: estudiar e implementar nuevas fuentes de abasto, mantenimiento a los sistemas, concluir las macro obras del Valle de México, mejorar la eficiencia física y comercial de los sistemas de abastecimiento, detectar y reparar fugas, implementar un programa progresivo de mantenimiento de fuentes, recuperar los programas de mantenimiento regular y preventivo a la infraestructura hidráulica.
También fomentar la cesión de caudales concesionados no aprovechados por las empresas, impulsar que estas disminuyan su consumo de agua, promover investigación científica para la gestión sustentable del agua, instaurar sistemas de monitoreo y desarrollar estudios y protocolos para racionalizar el agua potable que garantice el acceso mínimo a toda la población.
Asimismo, fomentar protocolos, procedimientos y tecnologías para aumentar las capturas de carbono, evitar la pérdida de al menos el 50% del agua de primer uso para riego.
El plan prevé fomentar el reuso, iniciar programas de saneamiento de presas como la Madín, Miguel Alemán, Colorines Villa Victoria y disminuir gradualmente las descargas de aguas negras hasta eliminarlas totalmente. También dar continuidad a obras inconclusas, reingeniería de plantas de tratamiento y fomentar el uso de agua residual tratada para agricultura e industria
Otras líneas de acción son: un programa emergente de recuperación de las plantas de tratamiento y de las cuencas del alto Lerma, del Balsas y del Valle de México, Pánuco; así como uno de revisión de las plantas de tratamiento desarrolladas con recursos estatales y cedidas a ayuntamientos para evaluar su estado físico y operativo.
También se prevé aprovechar el agua pluvial, prevenir inundaciones, operar el programa hídrico integral y planes estratégicos para recuperar cuencas, promover sistemas de aguas regeneradas, la recarga de mantos y uso sostenible de aguas subterráneas, recuperar bosques e iniciar un programa de rescate de la Cuenca alta del Río Lerma; así como fortalecer la normatividad vinculada al derecho al agua, los consejos de cuenca y la coordinación interestatal.
Las autoridades prevén crear y operar Comisiones de Cuenca, oficinas del Derecho Humano al Agua para promover el respeto a éste con defensorías de los afectados hídricos, acompañamiento a pueblos originarios, comités comunitarios y contralorías ciudadanas autónomas del agua.
También buscará mecanismos de participación como: Consejos locales, Comités de Usuarios de Agua, erradicar Tomás clandestinas y el tráfico ilegal, apoyados por la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía mexiquense.
Otros puntos son: fortalecer las capacidades de los organismos de agua, revisar y proponer la modernización de la Ley de Agua, impedir la privatización de ese líquido, promover la armonización del marco normativo, reglamentar la operación de cuencas y acuíferos para evitar su sobreexplotación.
Además, firmar convenios con ayuntamientos para revisar su capacidad operativa y fortalecer el cobro; así como realizar campañas de alfabetización hídrica, implementar la Plataforma del Agua con una base de datos con acceso para ayuntamientos y público en general, aplicar sanciones por vertir desechos sobre canales y cuerpos de agua o áreas naturales protegidas e impulsar proyectos sustentables.