El costo económico de la inseguridad y el delito en los hogares del Estado de México sumó 503 mil 500 millones de pesos en el periodo comprendido entre 2015 y 2024, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Tan solo en 2024, el impacto financiero derivado de hechos delictivos fue de 44 mil 800 millones de pesos, equivalente a cinco mil 932 pesos por persona afectada. Aunque la cifra representó una disminución respecto a los 56 mil 100 millones registrados en 2023, el costo acumulado en la última década mantiene una tendencia alta.
Los registros históricos del Inegi muestran fluctuaciones anuales en el costo del delito, con picos y descensos a lo largo de la última década. El año más crítico fue 2017, con 67 mil 900 millones de pesos, mientras que el más bajo fue 2022, con 32 mil 600 millones.
Entre los extremos de ese periodo se ubican los siguientes montos en miles de millones de pesos: 2015, 55.3; 2016, 51.3; 2017, 67.9; 2018, 56.1; 2019, 53.4; 2020, 41.4; 2021, 43.9; 2022, 32.6; 2023, 56.1; y 2024, 44.8. La suma total de los diez años alcanza 503 mil 500 millones de pesos.
En el mismo periodo, el costo promedio individual por persona afectada fue de seis mil 961 pesos, con el punto más alto en 2017, cuando alcanzó ocho mil 854 pesos, y el más bajo en 2022, con cinco mil 92 pesos.
Las cifras anuales reflejan una evolución: en 2015, 7 mil 327 fue el promedio por persona afectada; 2016, 6 mil 470; 2017, 8 mil 854; 2018, 6 mil 638; 2019, 6 mil 805; 2020, 6 mil 323; 2021, 6 mil 404; 2022, 5 mil 92; 2023, 7 mil 769; y 2024, 5 mil 932 pesos.
Durante 2024, los 44 mil 800 millones de pesos derivados de la inseguridad se distribuyeron de la siguiente forma:
4.5 por ciento en gastos por daños a la salud.
67.9 por ciento en pérdidas económicas directas por los delitos (bienes robados o dañados).
27.6 por ciento en medidas preventivas aplicadas en los hogares.
Del total destinado a prevención, 22.9 por ciento se usó para cambiar o colocar cerraduras y candados; 20 por ciento para reemplazar puertas o ventanas; 11.8 por ciento para instalar rejas o bardas; 11.7 por ciento para realizar acciones conjuntas con vecinos; y 3.3 por ciento para la compra de perros guardianes.
El 25.7 por ciento restante se concentró en otras medidas, como la instalación de alarmas, contratación de vigilancia privada, adquisición de seguros contra robo, compra de armas de fuego y cambio de vivienda o lugar de residencia.
El análisis del Inegi confirma que, aunque los montos fluctúan año con año, el costo económico de la inseguridad en el Estado de México se mantiene en niveles elevados. Desde 2015, las pérdidas anuales promedio superan los 50 mil millones de pesos, cifra equiparable al presupuesto anual de varios municipios del Valle de Toluca o del Valle de México.
El promedio histórico de seis mil 961 pesos por persona afectada representa una carga directa sobre los hogares mexiquenses, ya que equivale a casi un mes del salario promedio de un trabajador formal en la entidad, según estimaciones oficiales.
Entre 2015 y 2024, el costo acumulado de la inseguridad en el Estado de México superó los 503 mil millones de pesos, con un promedio de 6 mil 961 pesos por persona afectada.
Aunque 2024 mostró una ligera reducción frente al año anterior, el gasto derivado de delitos, daños materiales y medidas de prevención continúa afectando de manera directa la economía familiar en el territorio mexiquense.
Durante la primera quincena de octubre, autoridades estatales informaron que se evitó el pago de más de 22 millones 700 mil pesos relacionados con casos de extorsión en el Estado de México. El resultado formó parte de la estrategia coordinada a través de las Mesas de Paz, donde se establecieron mecanismos de atención, asesoría y seguimiento a las víctimas.
La Secretaría de Seguridad estatal reportó que, entre el 2 y el 15 de octubre, se registraron mil 826 denuncias por posibles hechos vinculados con este delito. De ellas, 778 correspondieron a extorsión telefónica, 560 a fraude telefónico y 103 a llamadas maliciosas. Los reportes incluyeron modalidades que implicaban amenazas, supuestas investigaciones o intentos de obtener dinero mediante engaños.
De acuerdo con los informes oficiales, las víctimas que realizaron denuncias recibieron orientación y apoyo por parte de la Policía Cibernética del Estado de México, la cual mantuvo labores de acompañamiento en cada caso. Además, se realizaron operativos focalizados para impedir cobros de piso y otras formas de intimidación.
En los encuentros de la Mesa de Paz número 519 participaron el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; el secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo; la secretaria técnica de la Mesa, Maricela López Urbina; el fiscal general de Justicia, José Luis Cervantes Martínez.
Además, intervinieron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.
La Línea Nacional 089, operada en coordinación con el gobierno federal, continúa como un canal de denuncia anónima que facilita las tareas de investigación y seguimiento de los casos.
En los informes se destacó que este mecanismo contribuye al fortalecimiento de las acciones de inteligencia, con el propósito de reducir la incidencia del delito y dar seguimiento a los grupos identificados.
La estrategia se mantuvo como parte de los acuerdos establecidos en las Mesas de Paz, donde autoridades federales y estatales analizaron de manera conjunta las medidas de contención del crimen y la protección de la ciudadanía frente a las extorsiones.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y septiembre de 2025, el Estado de México registró 109 mil 268 carpetas de investigación por delitos contra el patrimonio, lo que contempla robos en todas sus modalidades, fraudes, extorsiones, entre otros agravios.
Sin embargo, la comparativa en ese periodo muestra una disminución del 23 por ciento, ya que en enero se reportaron 14 mil 528 casos, mientras que en septiembre se documentaron 11 mil 144.
De dichos ilícitos destacan los robos en todas sus modalidades, con 75 mil 85 denuncias, lo que significó el 68 por ciento del total de la incidencia contra el patrimonio.
Entre los delitos con mayor denuncia están:
Robo de vehículos – 16,884
Robo a negocios – 11,582
Robo a transeúnte -11,563
Otros robos – 16,692
El resto de ilícitos contra el patrimonio fuera de los robos corresponde a fraude (11,965), daño a la propiedad (11,657), despojo (4,322), abuso de confianza (3,940) y extorsión (1,810).
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