Mientras en México ocho de cada 10 menores víctimas de violencia sexual padecen el abuso a manos de personas de su círculo cercano, escenario que también se replica en el Estado de México, las iniciativas que buscan regular al sector turístico parecen no atender las causas de fondo de la problemática.
Así lo advirtió el coordinador de Tejiendo Redes Infancia, Juan Martín Pérez García, al afirmar que la violencia sexual infantil no depende del entorno donde ocurre, sino de la falta de justicia y de protección institucional.
El activista explicó que los delitos cometidos en entornos turísticos forman parte de un mismo patrón que se repite en los todos los escenarios.
‘Es violencia sexual que sucede en un entorno turístico, pero sigue siendo violencia sexual. Debe atenderse con la misma fuerza que la que ocurre en las casas, en las escuelas o en las iglesias’, sostuvo.
Para Tejiendo Redes Infancia, el Estado de México es un paraíso de impunidad porque los delitos sexuales rara vez llegan a sentencia.
Pérez García afirmó que de cada 100 carpetas de investigación iniciadas por abuso sexual infantil en el país, solo entre tres y cinco obtienen una resolución judicial, mientras la mayoría se archiva o se abandona.
En ese sentido, dijo que esa ineficacia institucional permite que los agresores permanezcan libres y que las víctimas no reciban justicia ni reparación.
La iniciativa busca castigar con cárcel y multas a quienes obliguen a niños y adolescentes a integrarse a pandillas o participar en actividades ilícitas, incluyendo agravantes como violencia de familiares o abandono de la víctima.
En entrevista el especialista explicó que la impunidad se sostiene en la revictimización durante las denuncias, la falta de personal especializado para atender a menores y la debilidad de las fiscalías para sancionar a los responsables.
Ante ello, señaló que, mientras no se asuma esta realidad, cualquier reforma quedará en el terreno del discurso.
De acuerdo con la Ficha Técnica Infancia y Adolescencia del Estado de México, publicada en octubre de 2024, mil 575 niñas, niños y adolescentes fueron atendidos en hospitales de la entidad por violencia sexual durante 2023.
Ese número ubicó al Edomex como el estado con más menores atendidos por ese tipo de agresión en todo el país.
A nivel nacional, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) documentó que los casos de violencia sexual contra menores aumentaron 1,139% entre 2010 y 2023, al pasar de 791 denuncias a 9 mil 802.
En promedio, se abren 27 carpetas diarias por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.
Según ese mismo informe, Veracruz ocupa el primer lugar nacional en violencia sexual infantil registrada en contextos turísticos, mientras el Estado de México se posiciona en el segundo lugar.
En tanto, la entidad mexiquense también encabeza el ranking nacional en violencia sexual digital, de acuerdo con los reportes de la propia red.
Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó más de mil 100 carpetas de investigación por violación equiparada, abuso sexual y acoso infantil durante 2023 en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Por ello, organizaciones civiles como Tejiendo Redes Infancia y la Redim, advirtieron que esas cifras representan solo una fracción de la realidad, debido a la alta cifra negra y a la desconfianza hacia las autoridades.
En el Congreso mexiquense avanzan dos iniciativas que buscan prevenir la explotación sexual infantil en hoteles y zonas turísticas. Las propuestas de las diputadas Susana Estrada Rojas y Krishna Karina Romero Velázquez contemplan la instalación de cámaras de vigilancia, la capacitación de personal y la obligación de solicitar documentos que acrediten el parentesco de los acompañantes de menores.
Al respecto, Pérez García consideró que estas medidas reproducen la ingenuidad legislativa de pensar que una ley por sí sola cambia la realidad.
Recordó que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ya fue modificada en el ámbito federal para que los establecimientos de hospedaje verifiquen el vínculo parental entre adultos y menores, por lo que insistió en que no se requiere crear nuevos marcos legales, sino aplicar los existentes.
Tejiendo Redes Infancia también alertó sobre la expansión del material de violencia sexual digital, que antes se denominaba pornografía infantil.
En ese contexto, el coordinador de Tejiendo Redes Infancia propuso usar el término correcto porque detrás de cada imagen existe una víctima real, por lo que no se puede generar la figura de menores como parte de una industria legal como la pornografía.
Advirtió que estas prácticas incluyen la hipersexualización de niñas y adolescentes en redes sociales y que su normalización refuerza la cultura del abuso.
El activista sostuvo que la educación sexual integral sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir la violencia.
Consideró necesario que el sistema educativo y el de salud trabajen de manera coordinada para que niñas, niños y adolescentes reconozcan los riesgos y ejerzan sus derechos con información veraz y acompañamiento institucional.
Para las organizaciones civiles, el Estado de México concentra una de las deudas más graves del país en materia de protección a la infancia debido a la falta de sentencias, la escasa atención especializada y la ausencia de reparación del daño mantienen a la entidad en una situación crítica.
Mientras las víctimas esperan justicia, sostuvo el activista por los derechos de las infancias, las leyes se multiplican sin transformar la realidad que las originó.
