La violencia sigue sin freno en Tecámac, donde la noche de este miércoles sumó el asesinato 23 en lo que va del año, luego de que un sujeto fue ultimado a tiros a escasos cien metros del módulo de la Guardia Civil en los Héroes.

Mientras tanto, la presidenta municipal, Rosi Wong, alardea de una reducción en el índice delictivo, que contrasta con las quejas de organizaciones vecinales por el aumento en asaltos a transeúntes y robos de vehículos, pero sobre todo de hechos violentos.

El último caso se registró en la calle Magnolias, Sección Flores, donde se realizaron varias detonaciones de arma de fuego en contra de dos individuos que se encontraban a las afueras de una tienda de abarrotes, uno de quienes falleció al instante.

Durante el año, el municipio de Tecámac ha registrado una constante alza en los índices de inseguridad y violencia, ya que en el primer semestre del año se reportó un asesinato cada 8.1 días, en promedio, reflejo de la ingobernabilidad y el desdén de la alcaldesa ante este problema.

De acuerdo a un observatorio ciudadano en los primeros 180 días de este año dejaron 22 muertos en distintos sucesos que van desde asesinatos, la explosión de un coche bomba, encostalados y hasta un feminicidio; la violencia no cesa pese al cambio de comisionado de la Guardia Civil.

Tan sólo durante los últimos días se suscitaron dos balaceras en distintas zonas, que dejaron un saldo de al menos una persona muerta y dos lesionadas, se consignan en medios de comunicación y redes sociales que contrastan con datos oficiales.

Uno de los últimos casos se registró en un negocio de comida ubicado en calle Acueducto y Caballerizas, fraccionamiento Ojo de Agua, donde dos sujetos que se identificaron como empleados de entregas por aplicación intentaron cometer un asalto, pero dos comensales se opusieron.

Vecinos del observatorio se quejaron de la indiferencia de la presidenta municipal, quien carece de una estrategia para mejorar la seguridad de los tecamaquenses, que se refleja en un índice preocupante de crímenes en el primer semestre del año, mientras Wong posa para las fotos en supuestas reuniones de mesas de paz.

Enfundadas en trajes blancos, botas, guantes y cubrebocas, madres buscadoras remueven montones de basura mezclada con lodo y aguas residuales con la esperanza de localizar algún indicio que permita dar con personas desaparecidas.

Las integrantes de la Colectiva Ehécatl retomaron las labores de búsqueda en las márgenes del Gran Canal de Aguas del Valle de México, que corre paralelo al Circuito Exterior Mexiquense (CEM), en el tramo correspondiente al municipio de Nextlalpan.

Las voluntarias esperan a que la maquinaria retire la basura acumulada en las orillas del canal para comenzar a inspeccionar el terreno con palas, varillas y, en ocasiones, con sus propias manos.

En el sitio se llevan a cabo trabajos de búsqueda generalizada relacionados con diversas carpetas de personas desaparecidas, entre ellas la de Mariana Valentina Domínguez, de 11 años, quien cayó al canal el pasado 5 de mayo, así como la de Alejandro Jared Aquino Ochoa, de 18 años, quien desapareció en diciembre de 2024 tras ingresar al afluente al intentar rescatar a un perro.

Durante una jornada de búsqueda realizada seis días antes en el mismo lugar, fueron localizados restos humanos al interior de una bolsa de polietileno.

Los indicios fueron resguardados por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y posteriormente trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de los estudios periciales correspondientes, con el fin de determinar su origen e identidad.

Una de las integrantes de la colectiva explicó que cada vez que encuentran posibles restos óseos, estos son entregados al personal especializado, encargado de establecer mediante análisis forenses si corresponden a restos humanos o animales.

En la jornada participan familiares de personas desaparecidas, integrantes de la Colectiva Ehécatl, personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem), elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), así como bomberos de la Ciudad de México, Protección Civil del Estado de México y células de búsqueda de Nextlalpan, Zumpango, Chimalhuacán y Ecatepec, además de policías municipales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), obtuvo de un Juez una sentencia condenatoria de 110 años de prisión en contra de Jonathan Huerta Navarro, por su responsabilidad en el homicidio de un masculino.

El 26 de marzo de 2024, la víctima se encontraba a bordo de su camioneta en calles de la colonia Jorge Jiménez Cantú del municipio de Tlalnepantla, momento en que es interceptado por el hoy sentenciado, quien portando un arma de fuego y en compañía de tres sujetos más, la obligan a bajar de la unidad que conducía para subirlo a un vehículo de la marca Honda tipo Civic de color gris privándolo de la libertad.

Aun cuando estos sujetos habrían solicitado el pago de un rescate por la víctima, la privaron de la vida y abandonaron su cuerpo en calles de la misma colonia, para después huir del lugar.

Tras tener conocimiento del hecho, la Fiscalía Edomex inició las averiguaciones que permitieron identificar a Jonathan Huerta Navarro como responsable de este delito, por lo que solicitó y obtuvo de un Juez orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro.

Elementos de esta Institución cumplimentaron la orden e ingresaron a Jonathan Huerta Navarro al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, quien quedó a disposición de un Órgano Judicial quien tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía estatal determinó la responsabilidad del sujeto e impuso una condena de 110 años de prisión.

Derivado de labores de investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), localizaron y aseguraron un vehículo probablemente utilizado en el hecho con apariencia de delito de robo con violencia a transportista; durante la intervención detuvieron al conductor probable implicado en el ilícito de encubrimiento por receptación.Latinos y latinoamericanos

A través de una llamada el Centro de Atención a Llamadas de Emergencias 9-1-1, se recibió el reporte del robo con violencia de una camioneta y un remolque tipo plataforma en la colonia El Nopalito, en Cuautitlán Izcalli, el usuario denunció que tres sujetos armados lo amagaron para despojarlo de sus pertenencias y de las unidades.

Personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), inició el análisis de las cámaras de videovigilancia de infraestructura estatal, mediante el seguimiento se identificó que los probables responsables huían en una camioneta, la cual al parecer fungió como muro para cometer el ilícito, la información obtenida fue ingresada en plataformas institucionales y de inmediato se instruyó a uniformados estatales en campo para su atención.

Efectivos de la dependencia estatal adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículo y Transporte (DGCRVyT), que mantenían despliegues estratégicos instruidos en las Mesas de Paz, implementaron un operativo de búsqueda con lo que se logró ubicar un automotor que cumplía con características similares a las descritas en el reporte sobre calles de la colonia Jardines de la Hacienda, en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Conforme al protocolo de actuación y tras darle alcance los uniformados estatales le marcaron el alto al conductor, luego de identificarse plenamente como policías de la SSEM solicitaron controles preventivos a los datos de identificación vehicular para obtener información de prueba sin vulnerar sus derechos humanos.

Después de cotejar la información con el Centro de Mando confirmaron que se trataba de la unidad referida en el reporte, misma que se encuentra relacionada con al menos dos incidentes delictivos previos bajo el mismo modus operandi.

Tras informar que poseer un automotor relacionado con un hecho con apariencia de delito constituye un ilícito, los oficiales detuvieron a quien dijo llamarse Joaquín “N” y tras hacerle saber los derechos que la ley le otorga, el detenido, junto con el vehículo asegurado, fue trasladado y puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación, a fin de determinar su situación jurídica.