En periodo extraordinario, el Congreso del Estado de México aprobó un paquete integral de cinco iniciativas en materia de seguridad pública, combate a la extorsión y búsqueda de personas desaparecidas, con lo que se concreta una de las apuestas legislativas más relevantes de la actual administración estatal para atender la crisis de inseguridad en la entidad.
Las reformas, impulsadas en su mayoría por la gobernadora Delfina Gómez, redefinen el modelo de coordinación institucional, amplían capacidades de investigación e inteligencia y fortalecen la respuesta del Estado frente a estos delitos de alto impacto que repercuten en la sociedad mexiquense.
Uno de los ejes centrales del paquete es la reforma al marco de seguridad pública, que establece la operación obligatoria de las Mesas de Paz a nivel estatal y municipal. Estas instancias se consolidan como mecanismos permanentes de coordinación inmediata entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, con capacidad de toma de decisiones ejecutivas y seguimiento puntual a fenómenos delictivos, además de atender las causas estructurales de la violencia en las comunidades.
A la par, el Congreso avaló la ampliación de facultades de inteligencia e investigación para la Secretaría de Seguridad y las corporaciones policiales estatales y municipales, permitiéndoles participar, en el ámbito de sus competencias, como auxiliares del Ministerio Público.
Las reformas contemplan el uso estratégico de información para la prevención del delito, identificación de amenazas y fortalecimiento de la integración de indicios y medios de prueba, bajo el principio del respeto a los derechos humanos.
La tercera iniciativa contenida en el paquete es el fortalecimiento de las condiciones laborales y de seguridad social del personal policial, al incorporar nuevas prestaciones como acceso a guarderías y estancias infantiles, becas, apoyos compensatorios, descuentos para familiares directos, servicios médicos auxiliares y actividades de recreación, con el objetivo de dignificar la labor policial y consolidar el servicio profesional de carrera. Asimismo, se redefine el papel de la Universidad Mexiquense de Seguridad como instancia coordinadora de las academias municipales, para homologar perfiles, funciones y requisitos de ingreso y permanencia.
En materia de derechos humanos, el Pleno aprobó la reforma integral para fortalecer la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas. El dictamen establece la activación inmediata de la Alerta Nacional de Búsqueda, el acceso a datos biométricos, registros administrativos y forenses, imágenes satelitales y tecnologías especializadas, exclusivamente para fines de localización.
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También obliga a diversas instituciones públicas y privadas a mantener registros biométricos actualizados y permitir su consulta por autoridades competentes, además de robustecer los servicios periciales y forenses y garantizar recursos suficientes para la Fiscalía Especializada en la materia, con perspectiva de género.
El quinto eje corresponde a la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados, que reconoce a la extorsión y al cobro de piso como problemas estructurales de Estado. La reforma establece que la extorsión se perseguirá de oficio, elimina la carga de la denuncia para las víctimas, crea un Consejo Estatal especializado, consolida una Fiscalía especializada y armoniza la legislación local con el marco federal, derogando los tipos penales estatales para evitar duplicidades.
Con la aprobación de este paquete, el Congreso mexiquense busca dotar a la entidad de herramientas legales, institucionales y operativas para enfrentar de manera integral la inseguridad, fortalecer la coordinación entre autoridades y responder a una de las principales demandas sociales en el Estado de México.
