En el Estado de México, la expedición de licencias y permisos para conducir vehículos automotores registraron un aumento para este 2026, dependiendo del tipo de licencia y la vigencia, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad estatal (Semov).

La licencia de conducir es el documento personal en transferible que habilita a su titular para conducir un vehículo automotor por la vía pública, la cual se puede tramitar servicio público o particular.

Para automovilistas “A” y motociclistas “C” el costo de las licencias aumentaron entre 58 y 136 pesos según su vigencia.

Licencia con un año de vigencia pasó de 719 a 777 pesos actualmente.

Licencia con dos de vigencia incremento 77 pesos y ahora cuesta mil 40 pesos.

Licencia con tres años de vigencia incremento 103 pesos y ahora cuesta mil 390.

Licencia con cuatro años de vigencia pasó a de mil 712 a mil 848 pesos.

En el caso de la licencia para chofer de servicio particular, el aumento oscila entre los 75 y 178 pesos.

Licencia con duración de un año: pasó de 942 a mil 17 pesos.

Licencia con duración de dos años: ahora cuesta mil 357 pesos, que significa un aumento de 101 pesos.

Licencia con duración de tres años: actualmente cuesta mil 809 pesos, el año anterior era de mil 675 pesos.

Licencia con duración cuatro años: el aumento fue 178 pesos a pase de dos mil 232 a 2 mil 410.

Nuevos costos permisos

El pago por la expedición del permiso provisional de práctica “a” asciende a 3 mil 694 pesos, que representa de 274 pesos, el cual se otorga a personas de 15 años y tiene una vigencia de un año.

En tanto, el permiso provisional “b” que se emite a menores de entre 16 y 17 años pasó de 719 a 777 pesos con un año de vigencia; y por fosa año de validez el aumento fue de 77 pesos para ahora costar mil 040 pesos.

Finalmente, el duplicado de la licencia o permiso pasó de 486 a 525 pesos y la constancia de 109 a 118 pesos.

Requisitos

Entre los requisitos para realizar el trámite se encuentran: acta de nacimiento o carta de naturalización, CURP actualizada; identificación oficial vigente con fotografía; comprobante de domicilio original no mayor a 3 meses a partir de su fecha de facturación.

Además, el solicitante debe presentar y aprobar el examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Estado de México y realizar el pago de derechos.

Todos los documentos deben estar en buen estado.

El precio de la carne de res en el Estado de México no ha mostrado variaciones a pesar de la alerta sanitaria por la detección de gusano barrenador en municipios del sur de la entidad, de acuerdo con información de la Unión Ganadera Regional Centro-Norte, que señaló que la comercialización de animales y cárnicos continúa bajo condiciones habituales y sin restricciones en las zonas centro y norte del territorio mexiquense.

La organización explicó que la movilidad de ganado y la dinámica de venta se mantienen conforme a los patrones normales, debido a que los casos detectados han sido contenidos en una región específica, lo que ha permitido que no se alteren los flujos de abasto ni los precios al consumidor final en los principales mercados del estado.

En este contexto, el presidente de la Unión Ganadera Regional Centro-Norte del Estado de México, Javier Reyes Escamilla, detalló que a diferencia de lo ocurrido en otras entidades como Puebla, donde se observaron incrementos tras episodios similares, en territorio mexiquense el kilo de bistec de res se mantiene en un promedio de 255 pesos, sin ajustes derivados de la alerta sanitaria.

“No han subido los precios, se siguen trayendo animales del sur y se sigue generando la dinámica normal de venta, la situación ha permitido que el mercado se mantenga estable y que no haya afectaciones directas para los consumidores”.

Señaló que además de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado de México, productores y comerciantes han reforzado la vigilancia en plazas ganaderas del centro y norte, con el objetivo de identificar oportunamente posibles casos y evitar su propagación hacia otras regiones productivas.

Agregó que se espera que en las siguientes semanas se establezca mayor coordinación y trabajo conjunto para evitar entre autoridades y particulares que haya una crisis mayor por este fenómeno en la entidad, que si bien no se destaca por la exportación de carne de res, sí genera una producción para el autoconsumo de las más de 17 millones de personas que habitan en el Estado de México.

La Junta de Caminos del Estado de México aprobó un acuerdo de simplificación administrativa que reduce de manera significativa los requisitos y los tiempos de respuesta para el trámite de permiso por el uso y aprovechamiento del derecho de vía, particularmente en el caso de estructuras para anuncios publicitarios. Con esta medida, el plazo máximo de resolución se fija en 15 días hábiles, frente a los hasta 30 días que podía tardar anteriormente.

El acuerdo, publicado en la Gaceta del Gobierno, se sustenta en la reforma constitucional de abril de 2025 en materia de simplificación administrativa y digitalización, así como en la aplicación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que obliga a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a reducir cargas innecesarias para ciudadanos y empresas.

De acuerdo con la Junta de Caminos, un análisis interno de los procedimientos reveló que el trámite para autorizar obras o instalaciones dentro del derecho de vía de carreteras estatales podía requerir hasta 19 requisitos, lo que generaba demoras que impactaban negativamente a ciudadanos, desarrolladores y empresas. Tras la revisión, el número de requisitos se redujo a siete, lo que permitirá agilizar los procesos y mejorar los tiempos de atención.

El trámite beneficiado por esta simplificación es el permiso para el uso y aprovechamiento del derecho de vía para estructuras de anuncios publicitarios, el cual se rige por disposiciones del Código Administrativo del Estado de México, el Código Financiero estatal y diversos reglamentos en materia de comunicaciones y uso del derecho de vía. Con el nuevo acuerdo, se establecen plazos menores a los previstos en la normatividad vigente, en concordancia con los principios de mejora regulatoria y eficiencia administrativa.

La autoridad estatal subrayó que la simplificación de procedimientos no solo busca acelerar la resolución de trámites, sino también fortalecer la transparencia, evitar duplicidades normativas y reducir los costos burocráticos que enfrentan los usuarios. Asimismo, se pretende fomentar un desarrollo urbano más ordenado y una mejor planeación de las obras que se realizan en zonas carreteras y laterales.

El acuerdo establece que entrará en vigor 20 días hábiles después de su publicación y precisa que los trámites ingresados con anterioridad se resolverán conforme a la normatividad vigente al momento de su presentación, con lo que se evita la aplicación retroactiva de las nuevas disposiciones.

Entre los puntos relevantes, se señala que, a partir de la entrada en vigor, queda prohibido solicitar requisitos que hayan sido eliminados, por lo que en caso de incumplimiento, se podrán iniciar los procedimientos administrativos o jurisdiccionales correspondientes. Además, las disposiciones del acuerdo prevalecerán sobre otras de igual o menor jerarquía que se le opongan, aun cuando no estén expresamente derogadas.

La Junta de Caminos también deberá realizar las gestiones necesarias para adecuar la normatividad aplicable y actualizar las fichas del trámite en el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios, con el fin de que la información sea clara, accesible y homogénea para los usuarios.

El Congreso del Estado de México aprobó en comisiones la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados, una reforma de amplio alcance que busca enfrentar de manera integral el delito de extorsión y el llamado cobro de piso, uno de los ilícitos con mayor impacto social y económico en la entidad.

El dictamen fue avalado por mayoría en la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia y solo resta su discusión y votación en el Pleno el próximo 15 de enero durante el periodo extraordinario, así como su posterior publicación en la Gaceta de Gobierno para que entre en vigor.

La iniciativa presentada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en concordancia con la reforma constitucional federal y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, lo que implica una armonización del marco jurídico estatal con el nacional. Asimismo, el dictamen integró la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario del PRI, enfocada en atender de manera prioritaria y diferenciada el fenómeno del cobro de piso.

Uno de los ejes centrales de la reforma es que la extorsión se perseguirá de oficio, lo que elimina la carga para las víctimas de presentar una denuncia formal, una de las principales barreras para combatir este delito debido al miedo a represalias, por lo que los legisladores coincidieron en que esta medida es clave para reducir la cifra negra y fortalecer la capacidad del Estado para investigar y sancionar a las redes criminales.

La ley establece la creación de un Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Combatir la Extorsión y los Delitos Vinculados, un órgano integrado por dependencias del Poder Ejecutivo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, representantes del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de los municipios, con el objetivo de definir estrategias, lineamientos, acciones focalizadas y mecanismos de evaluación para enfrentar el delito en distintas regiones y sectores.

Asimismo, se contempla el fortalecimiento institucional mediante la consolidación de una Fiscalía especializada en extorsión, delitos vinculados y secuestro, así como la capacitación, profesionalización y especialización de las corporaciones de seguridad. La reforma faculta a las áreas de seguridad para realizar labores de investigación e inteligencia, en coordinación con el Ministerio Público, con el fin de mejorar la prevención y el combate efectivo de estas conductas.

Como parte del proceso de armonización, el dictamen deroga los tipos penales locales de extorsión contenidos en el Código Penal del Estado de México, así como disposiciones que tipificaban delitos contra la economía con naturaleza similar, para evitar duplicidades y contradicciones con la legislación federal, ya que el tipo penal y sus sanciones son competencia exclusiva del Congreso de la Unión.

Durante la discusión en comisiones, diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas coincidieron en que la extorsión es un problema estructural y de Estado, que afecta tanto a grandes empresarios como a pequeños comerciantes, transportistas, productores del campo y trabajadores informales.

También se reconoció que, aunque se ha registrado una disminución en algunos indicadores, el delito persiste con fuerza en diversas regiones de la entidad, particularmente en zonas urbanas y rurales vulnerables.

El dictamen ahora será turnado al Pleno del Congreso mexiquense para su análisis final y de ser avalado, el Ejecutivo estatal procederá a su promulgación y publicación en la Gaceta de Gobierno, con lo que entrará en vigor la nueva estrategia legal e institucional contra la extorsión en el Estado de México.