En su quinto periodo extraordinario de sesiones, que se celebrará el 15 de enero, la LXII Legislatura mexiquense votará los dictámenes de una iniciativa del Grupo Parlamentario del PRI y de cuatro más presentadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con el objetivo de combatir la extorsión, ampliar las facultades de investigación de las policías estatales y municipales, mejorar la coordinación interinstitucional en materia de seguridad y fortalecer la búsqueda de personas.

El acuerdo aprobado por la Diputación Permanente, presidida por la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), prevé la discusión y resolución del dictamen de una iniciativa presentada por los diputados Elías Rescala Jiménez y Mariano Camacho San Martín, coordinador e integrante de la bancada del PRI, respectivamente.

Esta propuesta busca combatir, con un enfoque prioritario y diferenciado, el delito de extorsión conocido como ‘cobro de piso’, mediante su persecución de oficio, en conjunto con otra propuesta de la gobernadora para expedir la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados del Estado de México.

El proyecto legislativo de la gobernadora también considera regular de manera integral la prevención, persecución y sanción del delito de extorsión y otros ilícitos vinculados, fortaleciendo las acciones institucionales para su erradicación.

Asimismo, a propuesta de la mandataria estatal, se discutirá el dictamen mediante el cual, además del Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y las instituciones policiales estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, podrán participar en la investigación de delitos.

El documento, leído por la parlamentaria Zaira Cedillo Silva (morena), señala que también se votará el dictamen para reconocer a las mesas de paz como instancias de decisión inmediata y de articulación operativa; ampliar y precisar las facultades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad; actualizar la coordinación interinstitucional en la materia, así como fortalecer la profesionalización de los cuerpos policiales y la participación comunitaria.

La reforma tiene como objetivo consolidar una política de seguridad pública alineada con los principios constitucionales, promoviendo un modelo de seguridad centrado en la persona, respetuoso de los derechos humanos y eficaz para preservar la paz social.

Además, se analizará un dictamen para fortalecer la búsqueda, localización, identificación y esclarecimiento de hechos relacionados con personas desaparecidas o no localizadas, mediante mayores capacidades de investigación y acciones inmediatas de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y los sectores público y privado.

Familiares de las víctimas del desplome de un jet registrado el 15 de diciembre cerca del Aeropuerto de Toluca acudieron este lunes a la Fiscalía General de la República (FGR) para revisar los avances de la investigación. Señalaron que, a más de un mes del accidente que dejó 10 muertos, la empresa relacionada con la aeronave no se ha puesto en contacto con ellos ni ha asumido responsabilidad, a pesar de que sigue operando con normalidad.

De acuerdo con la defensa legal de la familia, la investigación ya superó una primera etapa y la caja negra de la aeronave fue enviada a Estados Unidos para su análisis especializado.

A las afueras de la Fiscalía, Janine Gómez, familiar directa de las víctimas, señaló que desde el día del accidente la empresa relacionada con la aeronave no ha tenido ningún acercamiento con los deudos, ni siquiera para brindar información básica o apoyo.

Explicó que varios integrantes de su familia regresarían en ese mismo avión, que debía volver a Acapulco tras arribar a Toluca, pero nunca fueron contactados.

“Siguen operando de una manera normal y no sabemos realmente por qué está pasando esto. La aerolínea sabe cuál es, pero no nos ha dado la cara. Nosotros regresábamos en ese mismo avión y ni siquiera se acercaron para preguntarnos cómo nos íbamos a regresar; tuvimos que hacerlo por nuestros propios medios”.

Gómez subrayó que el principal reclamo no es económico, sino que se activen los protocolos de seguridad correspondientes y se investigue porqué la empresa opera sin que se conozcan públicamente las causas del desplome ni se haya informado sobre revisiones técnicas a sus aeronaves.

 “Fallecieron 10 personas y la empresa sigue trabajando como si no hubiera pasado nada. Lo que buscamos es que se revisen los aviones y que nadie más vuelva a pasar por algo así”, dijo.

El abogado de la familia, Adrián Vargas González, explicó que la Fiscalía General de la República ya cuenta con información técnica relevante para la investigación.

“La caja negra llegó el 7 de enero a Washington D.C., Estados Unidos, a la junta especializada que se encarga de este tipo de análisis. Ya se tienen también los reportes meteorológicos y las comunicaciones con el controlador aéreo; ahora lo que sigue es procesar toda esa información”, señaló.

El litigante aclaró que los resultados del peritaje podrían tardar varios meses debido a la complejidad del análisis técnico, y que será hasta entonces cuando se determine si el caso se mantiene en el ámbito federal o se remite a una fiscalía local.

“Habrá que esperar a tener toda la información. En su momento se determinará si existe alguna responsabilidad penal y si corresponde ejercer algún tipo de acción”, indicó.

La defensa legal explicó que la investigación también se enfoca en identificar con precisión a las personas morales y físicas relacionadas con la operación del jet.

Vargas González señaló que podrían estar involucradas dos personas morales y una persona física, por lo que será necesario revisar actas constitutivas, domicilios y documentación legal para definir contra quién proceder legalmente.

“Tenemos que ser muy cuidadosos. No podemos dar un nombre sin tener certeza de cuál es la persona moral correcta, porque eso podría entorpecer el proceso”.

A cuatro días del accidente que dejó diez personas sin vida, la FGR y autoridades estatales continúan los peritajes para esclarecer las causas del siniestro, mientras los deudos esperan los resultados y realizan trámites legales.

Añadió que, al momento del accidente, la autorización para operar la aeronave se encontraba vigente, aunque algunos permisos vencían en enero, información que también forma parte de la indagatoria.

Respecto a la continuidad de las operaciones, reconoció que no cuentan con bitácoras oficiales pero que, hasta donde saben, la empresa sigue volando.

El jet tipo Cessna 650 Citation II se desplomó el 15 de diciembre cuando se dirigía al Aeropuerto Internacional de Toluca. El impacto provocó una explosión que descartó la existencia de sobrevivientes y obligó a la intervención de autoridades federales.

A casi un mes del siniestro, las familias insistieron en que la falta de contacto por parte de la empresa y la continuidad de sus operaciones representaría una irregularidad grave.

Por ello, reiteraron su exigencia de justicia y de que se esclarezcan las causas del desplome antes de que ocurra una tragedia similar.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural documentó el incremento de casos activos de gusano barrenador en el Estado de México, el cual contabiliza 7 contagios confirmados.

De acuerdo con el informe emitido por la dependencia federal, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con corte al 7 de enero, los casos fueron documentados en el sur del territorio mexiquense.

De estos casos, cuatro fueron identificados en Tlatlaya y otros tres en Amatepec. Ambas regiones comparten con estar ubicados en la región de tierra caliente y tener la ganadería como parte de sus actividades productivas.

Desde la publicación de primer caso — registrado el 1 de enero de este año—, las autoridades mexiquenses han señalado la importancia de mantener protocolos adecuados, a fin de evitar la expansión de esta plaga.

En términos generales, la semana anterior se organizó una reunión con los 18 presidentes municipales de la zona sur del territorio mexiquense y se acordó que designar 10 millones de pesos, a fin de combatir el crecimiento del gusano.

Asimismo, se informó que fueron colocadas trampas enológicas en la comunidad de El Mango en Tlatlaya y otras en Amatepec; aunado a la implementación de baños, garrapaticidas móviles para la contención.

El reporte interactivo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y Senasica indica que del 20 de noviembre de 2024 al 7 de enero de 2026 se han acumulado 13 mil 335 casos de gusano barrenador.

Los datos de la semana epidemiológica 1 revelan que al momento hay 492 casos activos, lo cuales se concentran en su mayoría en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

Con una inversión pública de 113 millones de pesos, el Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez, pondrá en marcha un proyecto de movilidad que contempla la construcción y mantenimiento de ciclovías, así como campañas enfocadas en la prevención de accidentes viales.

Los recursos serán canalizados a través del Fideicomiso para la Movilidad de Ciclistas y Transeúntes, con una distribución que asigna la mayor parte del presupuesto a obra física, mientras que el resto se orienta a estrategias de educación vial dirigidas a distintos sectores de la población.

El plan se ejecutará en Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Toluca y Jilotepec, municipios donde se prevé la implementación de infraestructura ciclista como parte de una política pública que busca atender las necesidades de desplazamiento no motorizado en entornos urbanos y regionales.

Estas acciones forman parte del Plan Maestro de Infraestructura Ciclista de la Zona Metropolitana del Valle de México, instrumento de planeación que establece lineamientos técnicos y territoriales para conformar una red de movilidad segura y accesible.

Previo a su definición, el proyecto fue construido con la participación de colectivos ciclistas, especialistas y autoridades municipales, quienes intervinieron en cinco foros presenciales organizados por la Secretaría de Movilidad, con la asistencia de más de 300 personas.

Las aportaciones recabadas durante estos encuentros permitieron identificar prioridades locales y ajustar el diseño del programa, con el propósito de que las ciclovías respondan a las condiciones específicas de cada municipio y se integren a una visión metropolitana de movilidad sustentable en el Estado de México (EMX).