Ante el incremento de hechos violentos dentro de planteles educativos del Estado de México, diputados locales hicieron un llamado a reforzar la aplicación del programa Mochila Segura, una medida que, aunque está vigente en la ley, no se ejecuta de manera uniforme en las escuelas mexiquenses, de acuerdo con el presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Rigoberto Vargas Cervantes.

En entrevista, el legislador señaló que el tema debe retomarse con urgencia para garantizar la seguridad de estudiantes y docentes e insistió en que su implementación no vulnera derechos de niñas, niños y adolescentes, tal como han argumentado padres de familia que se oponen a la norma.

Recordó que casos recientes de violencia escolar, como el ocurrido en el municipio de La Paz, donde un alumno ingresó con un arma de fuego a su plantel, reflejan la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención.

Además, subrayó que el operativo Mochila Segura no está cancelado ni prohibido, pero su aplicación enfrenta resistencia por parte de algunos padres de familia y autoridades escolares, lo que ha impedido su correcta ejecución.

 “Tenemos que hacer conciencia. El programa está en ley, pero si no hay difusión, acompañamiento y seguimiento, queda en letra muerta. Hay escuelas donde se aplica y ha dado buenos resultados, pero en muchas otras no se hace por miedo o desconocimiento”, sostuvo Vargas Cervantes.

Recordó que la medida fue debatida y avalada en legislaturas anteriores, con observaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y se establecieron lineamientos para evitar prácticas discriminatorias.

 “Aunque hubo resistencia, el tema quedó superado; lo importante ahora es garantizar su aplicación de forma adecuada”, enfatizó.

Cabe recordar que esta ley se sustenta en diversas reformas y adiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, la Ley de Educación estatal, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del local y la Ley de Seguridad de la entidad

Vargas Cervantes compartió que, en escuelas donde sí se ha puesto en marcha el operativo, los resultados han sido positivos, ya que la presencia de cuerpos de seguridad y binomios caninos ha permitido descartar riesgos y generar confianza entre las familias.

 “También como padre de familia, me siento tranquilo cuando sé que mi hija estudia en un entorno seguro. Estas acciones deben hacerse de manera recurrente”, afirmó.

El legislador adelantó que propondrá reanudar mesas de trabajo con la Secretaría de Educación estatal para revisar el estado actual del programa y conocer los protocolos de seguridad aplicados en los planteles. Explicó que el objetivo es “desempolvar” la estrategia, identificar los obstáculos para su cumplimiento y fortalecer las acciones de prevención dentro de las escuelas.

Un estudio de Mexicanos Primero expuso que maestros enfrentan carencias de internet, materiales costosos y escasa formación para aplicar el modelo educativo, lo que impacta en aprendizajes clave como lectura, escritura y matemáticas.

Violencia por salud mental

Asimismo, reconoció que la violencia escolar está vinculada con problemas más amplios como la falta de atención emocional, el acoso entre alumnos y las adicciones, por lo que insistió en una estrategia integral que combine seguridad con salud mental.

Recordó que en 2024 se destinaron más de 3 mil 819 millones de pesos a programas de atención psicológica y prevención de adicciones, aunque advirtió que los recursos resultan insuficientes para atender la magnitud del problema.

“Queremos que cada escuela cuente con psicólogos o trabajadores sociales, que haya rutas de canalización y que los maestros tengan acompañamiento emocional. Si el alumnado y el personal están bien, se reducen los riesgos de violencia”, explicó.

Finalmente, el diputado reiteró que el fortalecimiento del operativo Mochila Segura debe ir acompañado de conciencia social y participación de las familias, ya que la prevención empieza en casa.

“Las instituciones pueden implementar protocolos, pero si los padres no colaboran, el esfuerzo se debilita. Se trata de proteger la vida y el bienestar de nuestros niños y jóvenes”, concluyó.

Con el objetivo de proteger a perros y gatos el Gobierno del Estado de México, a través del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) impulsó la Jornada masiva de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2025 que llegó a los 125 municipios del domingo 28 de septiembre al sábado 4 de octubre.

Para la jornada, la autoridad estatal destinó más de 900 mil dosis gratuitas, distribuidas en todo el territorio estatal, a través de mil 900 brigadas y 697 puestos de vacunación que se instalaron en plazas, kioscos, escuelas, y centros de salud, así como localidades en donde se realizarán barridos casa a casa.

«La campaña busca prevenir la rabia en mascotas, quienes deben recibir una dosis al mes de nacidos, un refuerzo a los tres meses y, posteriormente, una aplicación anual», explicó la Secretaría de Salud a través de un comunicado.

La Secretaría de Salud estatal indicó que coordinó la acción con el apoyo de ayuntamientos, asociaciones civiles y voluntarios, «como muestra de un compromiso compartido con el bienestar animal y la salud pública», destacó.

Para quienes deseen participar en el último día de la jornada, pueden conocer las sedes en el sitio web: https://salud.edomex.gob.mx/isem/puestos_vacunacion_antirrabica.

Para acudir, los caninos deben portar correa y, de ser necesario, bozal; los felinos deben transportarse en cajas o arpillas seguras. En todos los casos, un adulto debe acompañar a las mascotas.

México ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un país que avanza en la eliminación de la rabia, en medida por los resultados en campañas masivas como la que lleva a cabo la entidad mexiquense.

«El objetivo es vacunar a perros y gatos contra la rabia que no fueron vacunados en la Jornada Estatal del mes de marzo, o que nacieron posterior a este mes, esto con la finalidad de interrumpir la circulación de virus rábico y evitar la presencia de casos de rabia canina y felina, para contribuir con la protección de la salud de los mexiquenses», destacó la dependencia estatal.

Al concluir, la Jornada, indicó la Secretaría que encabeza Macarena Montoya Olvera, se beneficiarán los 16 millones 992 mil 418 habitantes del Estado de México.

Más de 13 millones de pesos han sido entregados por las autoridades mexiquenses por concepto de recompensas para la captura de presuntos delincuentes, desde la época de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) hasta la actual Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM). 

Entre los casos más representativos se encuentran las detenciones de Óscar García Guzmán, conocido como El Monstruo de Toluca y señalado como feminicida serial, así como la de Gerardo Rodríguez García, ex policía municipal de Cuautitlán Izcalli implicado en la muerte del actor Octavio Ocaña, conocido en la farándula como Benito Rivers, personaje de la serie televisiva Vecinos.

A pesar de ello, permanecen pendientes capturas de alto perfil criminal, por las que existen recompensas vigentes de hasta 500 mil pesos. 

En esta lista figuran los hermanos José Alfredo y Johnny Hurtado Olascoaga, alias El Fresa y El Pez, respectivamente, líderes de la Familia Michoacana; así como Jesús Ramírez Carrera, conocido como El Colibrí o El Tuerto, uno de sus principales operadores con presencia en el Estado de México. 

Los tres también son buscados por autoridades de Estados Unidos, que paralelamente ofrecen sumas millonarias en dólares por su captura.

De acuerdo con la FGJEM, desde que la institución era Procuraduría hasta la actualidad, se han ofrecido 233 recompensas a quienes aporten información útil para la captura de presuntos delincuentes o la localización de personas desaparecidas. 

Sin embargo, solo 21 por ciento se concretó, ya que se entregaron 50 recompensas: 43 por casos delictivos y siete por personas desaparecidas. 

Cabe destacar que la institución existe desde los años 40, pero la ley que regula estos procedimientos es relativamente reciente.

La información sobre quienes recibieron estos recursos es confidencial, y tampoco se dieron a conocer los nombres de los presuntos delincuentes capturados mediante recompensas ni de las personas localizadas. 

No obstante, la Fiscalía precisó que por la detención de 43 personas se otorgaron 13 millones 180 mil pesos, mientras que 940 mil pesos correspondieron a recompensas por el hallazgo de personas desaparecidas. En total, la institución ha entregado 14 millones 120 mil pesos.

Entre los casos más notorios está el de Óscar García Guzmán, cuya persecución comenzó el 1 de noviembre de 2019, cuando en su domicilio de la colonia Villa Santín fue hallado el cuerpo sin vida de una joven reportada como desaparecida desde el 24 de septiembre de ese año.

Durante las investigaciones, las autoridades descubrieron que en el patio del inmueble había otros dos cuerpos enterrados, por lo que se ofreció una recompensa de hasta 500 mil pesos por su captura.

El feminicida permaneció prófugo hasta diciembre de ese mismo año. En ese periodo utilizó redes sociales, donde se regodeaba de sus crímenes y, a manera de burla, publicaba fichas de búsqueda de las víctimas que él mismo había asesinado. 

“Para atrapar a un asesino en serie debes pensar como uno”, escribió en una cuenta de Facebook bajo el nombre de Alexander Anderson.

Fue localizado y detenido en diciembre de 2019 en Avenida de los Maestros, colonia Casco de Santo Tomás, en Ciudad de México. Como en otros casos, la FGJEM no confirmó si se entregó la recompensa completa ofrecida por su captura ni reveló la identidad de quien habría recibido el dinero.

Actualmente, Óscar García Guzmán se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, donde acumula una condena de 335 años de prisión: cuatro sentencias por feminicidio, una por homicidio, una por desaparición de personas y otra por violación. 

Continúa bajo investigación por su probable participación en otros delitos.

Muerte del actor Octavio Ocaña

El 29 de octubre de 2021, durante una persecución sobre la autopista Chamapa–Lechería, murió Octavio Ocaña, actor conocido por interpretar a Benito en la serie televisiva Vecinos. 

Elementos de la policía municipal de Cuautitlán Izcalli lo siguieron por varios kilómetros.

Las investigaciones de la Fiscalía señalaron que el actor habría disparado accidentalmente un arma que presuntamente sostenía al chocar su vehículo; no obstante, las autoridades indagaron a los policías que lo perseguían por abuso de autoridad y posible homicidio doloso, debido a indicios de que habrían disparado contra el vehículo y lo habrían chocado para detener su marcha.

Leopoldo Azuara de la Luz, uno de los ex elementos, fue detenido y condenado a 20 años y nueve meses de prisión; su compañero Gerardo Rodríguez García, quien también tripulaba la patrulla, se dio a la fuga. 

La Fiscalía emitió una orden de aprehensión y autorizó una recompensa de 300 mil pesos que más tarde subió hasta 500 mil; Rodríguez García logró evadir a la justicia por varios años hasta que fue capturado en mayo de 2025 en Tuxpan, Veracruz, ingresado a un centro penitenciario y actualmente vinculado a proceso.

Líderes de la Familia Michoacana

El portal de la FGJEM muestra los principales objetivos pendientes de captura con recompensas vigentes de 500 mil pesos, el monto más alto ofrecido en casos de criminales. 

Entre ellos aparecen los hermanos José Alfredo y Johnny Hurtado Olascoaga, El Fresa y El Pez, líderes de la Familia Michoacana; también figura Jesús Ramírez Carrera, El Colibrí o El Tuerto, operador directo del grupo criminal en el Estado de México.

El sitio web de la Fiscalía, que conserva logotipos de la extinta Procuraduría y del Gobierno del Estado de México de hace más de 10 años, muestra además a Medardo Hernández, Lalo Mantecas, identificado como tercero al mando del grupo; aunque los reportes indican que habría muerto en 2022 fuera del Estado de México, continúa registrado como pendiente de captura por la FGJEM.

También hay una recompensa vigente por Josué Ramírez Carrera, alias El Colibrí o El Tuerto, uno de los hombres con jerarquía al interior de la Familia Michoacana y señalado como uno de los cabecillas en el Estado de México.

A este hombre se le atribuye el secuestro de cuatro trabajadores de un expendio de pollo en el municipio de Toluca, en diciembre de 2023, ya que los dueños del establecimiento se habrían negado a pagar “derecho de piso”. 

En marzo de 2024, los cuatro hombres fueron rescatados por autoridades estatales y federales en la zona sur de la entidad.

A pesar de que algunos de los que participaron en el “levantón” ya están tras las rejas, El Colibrí, quien habría ordenado la operación delictiva, no ha sido detenido y sigue vigente la recompensa por su captura.

Masacre de policías en Coatepec Harinas

Por su presunta relación con la masacre de 13 policías en 2021, la Fiscalía ofreció recompensas de hasta 500 mil pesos para quienes proporcionaran información que condujera a la detención de Gilberto Misael Trujillo, El Barbas; Alberto Romero Pérez, El Macrina; y Silverio Martínez Hernández, El Fierros, todos identificados como sicarios de la Familia Michoacana.

Ese día, agentes de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad estatal realizaban recorridos cuando fueron emboscados en el paraje Llano Grande; el ataque resultó en 13 elementos sin vida: ocho de la policía estatal y cinco de la FGJEM. Las investigaciones atribuyeron la agresión a la Familia Michoacana.

Aunque algunas personas relacionadas con los hechos han sido detenidas y sentenciadas, en la página de recompensas permanecen pendientes las capturas de El Barbas, El Macrina y El Fierros; reportes señalan que El Macrina habría muerto en un enfrentamiento en Zacualpan en diciembre de 2022.

En agosto de 2025, la Fiscalía ofreció recompensas por la captura de Jorge Jesús Juárez Santa Rosa; Armando Montoya Godínez, El Gordo; Edgar Adrián López Santana, El Manco; José Javier Mendoza Salazar; Ever Eduardo Castañeda Jiménez; Eduardo García González; Bernardo García Martínez; y René Palomares Parra.

De este grupo destaca René Palomares Parra, ex presidente de la Comisión de Vigilancia del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de México y Municipios (SUTEyM), quien se encuentra prófugo tras ser señalado como presunto responsable de un ataque ocurrido el 14 de agosto de 2024 dentro de la sede de este gremio en Toluca. 

Durante un evento sindical resultó herido su hermano y dirigente del SUTEyM en la sección Naucalpan, Tomás Alberto Palomares Parra; además, el fotógrafo Luis Fernando, conocido como Peruzzi, murió en el ataque.

La Fiscalía autorizó una recompensa de hasta 300 mil pesos por la captura de Palomares Parra. De acuerdo con la media filiación difundida, tiene 52 años, mide 1.70 metros, es de complexión robusta y posee cabello corto con canas y entradas prominentes… no se reportaron señas particulares.