En el Estado de México, de acuerdo con el análisis realizado por la asociación Causa en Común, la Policía Estatal, la Fiscalía General de Justicia y el sistema penitenciario presentan rezagos y prácticas discrecionales que limitan su desarrollo institucional.
El documento titulado ‘Una aproximación al estado que guardan las policías, fiscalías y penales estatales’, elaborado por Causa en Común en colaboración con Perteneces e Impunidad Cero, señala que la corporación de seguridad no publica informes sobre uso de la fuerza, la FGJEM mantiene ascensos definidos por decisión de mandos y los penales carecen de una ley especializada.
El estudio advierte que los problemas en el Estado de México no son aislados, sino parte de una tendencia que se repite en todo el país.
A dieciséis años de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las instituciones encargadas de la seguridad, la procuración de justicia y el sistema penitenciario mantienen limitaciones profundas para cumplir con sus obligaciones.
El informe explica que casi la mitad de las policías estatales carecen de un sistema profesional de carrera y que en la mayoría de las fiscalías persiste la opacidad en su régimen disciplinario.
En los centros penitenciarios, más de veinte entidades federativas no cuentan con leyes especializadas, lo que genera disparidades en condiciones laborales y procesos de reinserción.
Los problemas estructurales del sistema penitenciario se repiten en buena parte del país / Ilustrativa
Los hallazgos nacionales muestran que los mecanismos diseñados para homologar y verificar el desarrollo institucional no han sido efectivos.
En muchos casos, se señala, las disposiciones terminan como trámites burocráticos que no se reflejan en cambios reales, mientras que la disminución de fondos federales ha incrementado la dependencia de los estados frente a las fuerzas armadas.
En el caso mexiquense, la Policía Estatal reconoció no haber publicado el informe anual sobre uso de la fuerza.
Su respuesta fue que ‘la ley no indica en dónde debe ser publicada la información’, lo que contradice el principio de máxima publicidad que obliga a difundir este tipo de reportes.
El desarrollo de carrera dentro de la corporación también se mantiene bajo criterios discrecionales. Según la información entregada a los solicitantes, los ascensos se deciden por determinación de los mandos, sin procesos estandarizados.
Con ello, señaló Causa en Común, se limita la profesionalización y se desalienta la permanencia de elementos capacitados.
Estas deficiencias, se consideró por la asociación, reproducen lo que ocurre en otras entidades, donde las policías carecen de protocolos efectivos de control de confianza y de mecanismos claros para prevenir prácticas de corrupción.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México enfrenta señalamientos similares. El informe documentó que la promoción de grados en su personal sustantivo también queda a discreción de los mandos.
La ausencia de un servicio profesional de carrera impide consolidar procesos basados en mérito y limita la rendición de cuentas.
A esta discrecionalidad se suma la falta de información sobre certificaciones ya que la fiscalía no entregó datos que permitan conocer cuántos ministerios públicos, policías de investigación o peritos aprobaron evaluaciones de control de confianza, desempeño o competencias.
Esta carencia de información pública debilita la confianza en la institución y genera dudas sobre la idoneidad de su personal.
El Estado de México se encuentra entre las 22 entidades que no cuentan con una ley especializada en materia penitenciaria, a pesar de que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece la obligación de contar con marcos normativos propios.
La dependencia directa de los centros de reclusión a la Secretaría de Seguridad estatal limita su autonomía técnica y presupuestaria.
De acuerdo con Causa en Común, esta situación repercute tanto en las condiciones laborales del personal de custodia como en la garantía de derechos de la población privada de la libertad.
Los problemas estructurales del sistema penitenciario, se explicó, se repiten en buena parte del país, con ausencia de certificaciones internacionales, escasa presencia de mujeres en cargos de mando y deficiencias en infraestructura.
El acceso a la información también muestra deficiencias en el Estado de México. El informe destacó que en 2024 el sistema electrónico de la entidad no emitió acuses de recibo a las solicitudes de información, lo que afectó la trazabilidad de los procesos y generó incertidumbre sobre la atención de las peticiones.
Estas fallas colocan al Estado de México entre las entidades con mayores obstáculos para garantizar transparencia en materia de seguridad y justicia.
La ausencia de información confiable, se hizo hincapié, impide medir la capacidad real de las instituciones y limita la posibilidad de que la ciudadanía exija rendición de cuentas.
Ante esta situación, las organizaciones advirtieron que este panorama debilita la confianza ciudadana y prolonga la crisis de inseguridad e impunidad.
