El presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), Mauricio Massud Martínez, indicó que el pago de derecho de piso, las llamadas de extorsión, la recepción de amenazas y el sobre costo de productos e insumos, ha representando un arancel que ha sido pagado por años por el sector empresarial.
“Para muchas unidades económicas, el pago de la extorsión se ha convertido en una segunda renta, es una problemática que está asociada de manera directa al cierre de negocios, la pérdida de patrimonio, y por supuesto a la generación de empleos”, mencionó.
El Estado de México -refirió- se ubica como una de las entidades con los índices más altos en la comisión de este delito y en lo que va del año se han registrado más de mil 500 denuncias al respecto. Por sus características -dijo- sigue siendo una de las grandes limitantes a la llegada de inversiones, el crecimiento, la permanencia de las unidades económicas y la percepción de seguridad en la población.
Esta semana, con el arranque del Periodo Ordinario de Sesiones en el Congreso Federal -mencionó- se marca un punto determinante para avanzar en el establecimiento de la Ley General contra la Extorsión y con ella, las acciones que deberán emprenderse de manera local para atender la problemática.
Uno de los principales retos en la materia -apuntó- es conseguir recuperar la confianza de la población para poder realizar las denuncias que alcanzan apenas 0.2 por ciento de los delitos cometidos en esta materia, lo que ocasiona resultados limitados.
“Los gobiernos de los estados están obligados a la asignación de recursos propios, inteligencia y difusión sobre la denuncia para disminuir de manera efectiva el delito de extorsión, si se trata de homologar, tipos penales, sanciones y la línea 089, pero también vemos algunos puntos estructurales que no se han considerado como la red de corrupción que se tiene dentro de los centros penitenciarios, y que siguen siendo uno de los principales puntos de donde emergen las llamadas», indicó.
De acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Seguridad -refirió- en el último año se registró la comisión de 29 delitos de extorsión por día a nivel nacional; sin embargo, se cuenta con una cifra negra del 96.7 por ciento, lo que deja en claro que la problemática es mucho mayor y las acciones a tomar deben ser inmediatas.
La Reforma para la implementación de la Ley General contra la Extorsión -detalló- requiere Reformas a la Constitución, al Código Nacional de Procedimientos Penales y en la ley Contra la Delincuencia Organizada.
Por ello, hizo un llamado al sector empresarial a establecer un ejercicio conjunto, que garantice la seguridad de los denunciantes y establezca recursos de manera inmediata en materia de inteligencia e inversiones en tecnología que permitan resultados medibles y visibles a la población.
