Vecinos de la comunidad de San Miguel Oxtotilpan, perteneciente a Temascaltepec, se manifestaron este lunes en los Juzgados de Almoloya de Juárez para denunciar que Omar N., exfuncionario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), fue vinculado en un presunto desvío de recursos, motivo por el cual se encuentra recluido en el penal de Santiaguito.
La protesta estuvo encabezada por Silvia Verónica Villa, esposa del detenido, quien acusó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México fabricó pruebas en contra de su marido. Señaló que, pese a que el caso se relaciona con un intento de desvío de 32 millones de pesos ocurrido el 1 de diciembre de 2023, existen registros que lo colocan en un lugar distinto al momento de las transferencias.
De acuerdo con la versión oficial, Omar N., en su calidad de jefe de Departamento de Servicios Financieros del TRIJAEM, habría realizado 29 transferencias electrónicas entre las 12:09 y las 14:14 horas de ese día, a través de un token de seguridad asignado a su cargo.
El legislador Octavio Martínez indicó que el token utilizado para transferir los 32 millones no pertenece a la persona que actualmente enfrenta el proceso, y que las transferencias se hicieron a cuentas aperturadas en otros estados.
Las operaciones pretendían trasladar 32 millones 482 mil 330 pesos a cuentas externas, aunque no se concretaron debido a que la cuenta institucional estaba protegida con un doble filtro de autorización.
La Fiscalía informó que, aun cuando los recursos no salieron de las arcas del tribunal, quedaron bloqueados durante casi dos semanas, lo que habría afectado la operación financiera de la institución.
Con base en esos hechos se inició una investigación por abuso de confianza y el Ministerio Público solicitó a un juez librar la orden de aprehensión que se cumplimentó el pasado 26 de agosto.
En contraste, la familia del ex funcionario asegura que la imputación es arbitraria y podría obedecer a una venganza política.
‘Mi esposo se encontraba sesionando en el edificio de presidencia del tribunal cuando sucedió el supuesto desvío. No podía estar en dos lugares al mismo tiempo. El propio presidente tiene las pruebas de que no cumple ni con el lugar, ni el tiempo, ni la oportunidad para haber hecho esas operaciones’, declaró Silvia Verónica Villa.
La denunciante también cuestionó que no se haya citado a declarar a otros trabajadores que tenían acceso a los sistemas bancarios.
Mencionó el caso de un servidor identificado como Tomás Delgado, quien habría utilizado su usuario, contraseña y token en las transferencias, sin que hasta ahora aparezca en la investigación.
‘Si señalan que hubo más implicados, ¿dónde están esas personas? Ninguno ha sido llamado, mientras que a mi esposo lo incriminan utilizando todo el poder mediático e institucional’, expuso.
Según la defensa, la denuncia se presentó tres días después de los hechos, lo que abrió la posibilidad de manipular testimonios.
Además, aseguran que el proceso está atravesado por intereses políticos en el tribunal, actualmente encabezado por el magistrado Gerardo Beccker.
La familia recordó que Omar ‘N’. fue despedido sin liquidación ni finiquito tras el cambio de administración, lo que evidenciaría un conflicto laboral previo.
Asimismo, acusaron que en la comunidad mazahua de la que es originario el imputado, han recibido amenazas vinculadas al caso, lo que consideran un intento de intimidación.
‘Nos preocupa el falseamiento de pruebas porque significa un atropello no sólo contra mi esposo, sino contra comunidades enteras que ya antes habían denunciado siembra de evidencia. Ahora se busca vincularlo a hechos que no le corresponden, cuando somos nosotros también víctimas de extorsiones en el sur del estado’, expresó la esposa del detenido.
Los manifestantes pidieron que el proceso sea revisado por instancias federales, al considerar que en el ámbito estatal existen intereses políticos que ponen en riesgo la imparcialidad del juicio.
Asimismo, confiaron en que la renovación en el Poder Judicial mexiquense abra la puerta a una revisión justa del caso.
Por ahora, Omar N. permanece en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en espera de que un juez defina su situación jurídica en las próximas audiencias.
