Como parte de las acciones de la “Estrategia Integral para la Prevención y el Adecuado Tratamiento de las Adicciones” impulsada desde la Mesa de Paz que, en el Estado de México, encabeza la Gobernadora del Estado de México, fueron desplegadas acciones operativas en 94 Centros de Rehabilitación de Adicciones conocidos como “Anexos”, los cuales funcionaban de manera irregular, aunado a que existían denuncias por la probable comisión de diversos ilícitos.
A fin de verificar la existencia de los delitos denunciados, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con la Comisión para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (COPRISEM), la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), Protección Civil, así como la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM), llevaron a cabo intervenciones en los referidos “Anexos”.
Lo anterior, en términos de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que faculta a la autoridad ministerial para llevar a cabo actos de investigación tendentes a corroborar los hechos denunciados.
A través de actos de investigación se logró establecer que, al margen de las conductas penales que se pudieran acreditar, un gran número de estos lugares operan en condiciones que representan un riesgo para la seguridad y salud de las personas usuarias.
Algunos de estos espacios de difícil identificación para su supervisión ya que funcionan al interior de casas particulares o bodegas, circunstancias que facilitan que se relacionen con actividades ilícitas, aunado a ello, otros operan sin cumplir con las mínimas condiciones de seguridad y salubridad necesarias para brindar servicios de intervención y rehabilitación, además de carecer del personal capacitado o idóneo para este tipo de tratamientos.
De igual manera, se pudo constatar que la gran mayoría de personas internas son mayores de edad, no obstante, se encontraban ahí en contra de su voluntad. Asimismo, el establecimiento no cuenta con el expediente clínico de cada interno, tal y como lo exige la Ley General de Salud para estos casos de internamiento de personas en un Centro de Rehabilitación.
Lo anterior resulta relevante, toda vez que, incurre en el delito de privación de la libertad cualquier particular que, por cualquier medio, restrinja o anule la libertad personal de otro, ya sea mediante su retención, coacción o al obligarlo a celebrar actos o contratos que limiten su libre autodeterminación.
En este sentido, la conducta ilícita se actualiza no solo por la privación física de la libertad, sino también cuando, a través de mecanismos de presión o constricción, se afecta de manera sustancial la libre decisión de las víctimas.
Por otra parte, Fiscalía del Estado de México ha identificado que algunos de estos centros son utilizados por integrantes de estructuras delictivas como “refugio”, para evadir la acción de la justicia.
Asimismo, de distintas hipótesis de investigación se advierte que, en algunos de estos lugares, se desarrollan actividades ilícitas, toda vez que algunas personas internas son obligadas a participar en la venta de estupefacientes o son reclutadas para la comisión de otros delitos.
Cabe señalar que, del 1 de julio de 2025 al 22 de marzo de 2026, esta Institución inició 152 expedientes de investigación por la probable comisión de actividades ilícitas como homicidio, extorsión, privación de la libertad, desaparición, trata de personas, abuso sexual y lesiones, entre otros, todos ellos relacionados con el funcionamiento de “Anexos”.
En este contexto, la recurrencia y gravedad de las conductas delictivas detectadas evidencian un patrón sistemático de ilegalidad, lo que hizo necesaria la intervención de la autoridad a fin de evitar la continuidad de dichas actividades, así como salvaguardar la integridad y libertad de las personas internas en dichos establecimientos y restablecer el orden jurídico.
Por lo anterior, en el marco de la “Estrategia Integral para la Prevención y el Adecuado Tratamiento de las Adicciones”, con apoyo de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), DEFENSA y MARINA; Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad estatal y Policías Municipales, fueron desplegadas acciones operativas de inspección y verificación en 94 “Anexos” de los cuales, 53 fueron asegurados por su probable relación con hechos delictivos, en tanto que los 41 restantes continúan en operación.
Al respecto, es importante señalar que, sólo fueron asegurados aquellos “Anexos” con servicio de internado o albergue, es decir, aquellos en los que los pacientes pernoctan, por lo que quedaron exentos los sitios en los que se imparte “Terapia de Reflejo”.
Asimismo, resulta importante precisar que, el despliegue operativo previó la posible reubicación de los internos, por lo que, de las mil 599 personas que se encontraban albergadas en los 53 “Anexos” que fueron asegurados, mil 518 fueron reintegradas a sus redes familiares, 80 canalizadas a algún Centro de Rehabilitación con funcionamiento dentro de la norma y sólo una persona solicitó su externamiento voluntario, al carecer de redes familiares.
Como resultado de las intervenciones, se detectaron riesgos sanitarios, condiciones insalubres –tanto en los espacios físicos, como de los pacientes–, hacinamiento de internos, alimentos en estado de descomposición y convivencia de adultos con menores de edad.
De igual forma, el personal no acreditó contar con certificación en la materia para el tratamiento de personas con algún tipo de adicción, por otra parte, los establecimientos carecían de permisos de funcionamiento y no pudieron acreditar que practicaron análisis psicológico y psiquiátrico a los pacientes, que justificaran su internamiento, además se detectaron “cuotas” excesivas cobradas a los familiares de los internos de los “Anexos”, incluso con posibles prácticas extorsivas.
También se pudo establecer que, personal de algunos de estos lugares, ejercía violencia física y psicológica en contra de los internos, como “encerrarlos en cisternas”, “raparlos” u obligarlos a realizar trabajos manuales, como piñatas, supuestamente para obtener recursos económicos para el funcionamiento de los Centros, sin que exista constancia de que los recursos tuvieran tal fin.
De igual forma fue identificada la comisión de delitos flagrantes en cuatro lugares, en Naucalpan se logró el rescate de tres personas que se encontraban privadas de su libertad en uno de los inmuebles, en tanto que, en otro Centro en este mismo municipio fueron localizados dos menores de 12 años de edad, quienes estaban privados de su libertad y señalaron que “eran golpeados por los trabajadores del lugar”.
En Ecatepec fueron liberados tres menores de edad (15, 14 y 9 años) presuntamente víctimas de secuestro, quienes eran mantenidos amarrados al interior del lugar.
Como resultado de este despliegue operativo fueron detenidos ocho trabajadores de tres “Anexos”, Julio César “N”, Luis Antonio “N” y Edgardo “N” por su probable participación en el delito de secuestro registrado en el “Centro Integral para las Adicciones “Un Sentido de Vivir” ubicado en Ecatepec.
Víctor Manuel “N”, Francisco Javier “N” y Mauricio “N”, fueron detenidos como posibles autores materiales del delito de privación de la libertad en agravio de tres adultos a quienes mantenían cautivos en el “CETRAPAD Lenguaje del Corazón, un Llamado al Amor” ubicado en Naucalpan.
Al igual que Ángel “N” y Ana Elena “N”, investigados por el ilícito de privación de la libertad en agravio de dos menores de edad en el “Anexo” “Nuevo Sendero” y/o “Los Hijos de la Quinta” que funcionada en Naucalpan.
También fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de una interna del “Anexo” denominado “JC2”, identificada como Luna Rebeca “N”, investigada por el ilícito de secuestro que causa la muerte.
Los detenidos fueron presentados ante la Autoridad Judicial para la determinación de su situación jurídica, y deben ser considerados como inocentes hasta que juez determine lo contrario a través de una sentencia.
La “Estrategia Integral para la Prevención y el Adecuado Tratamiento de las Adicciones” está orientada para que los centros que proporcionan una atención multidisciplinaria e integral para personas que padecen alguna dependencia a sustancias, se encuentren debidamente regularizados, sean susceptibles de verificación y cuenten con certificación en modelos de atención, cumplan normatividades sanitarias y de protección civil y prevengan conductas constitutivas de delito.
