El trabajo en el campo sigue siendo una de las actividades donde más se involucra a niñas y niños, además de la venta de productos en la vía pública en zonas urbanas, señaló el secretario del Trabajo del Estado de México, Norberto Morales Poblete. Según la Secretaría de la dependencia, las infancias que laboran tienen entre 5 y 14 años.

Morales Poblete subrayó que erradicar el trabajo infantil es una meta global que requiere la participación de todos. “El sector rural es donde más se presenta por la situación económica. En las fábricas, afortunadamente no tenemos este conflicto; vamos avanzando”, indicó.

El funcionario destacó que la sociedad debe sumarse denunciando los casos. “A veces somos indiferentes, se vuelve parte del paisaje urbano. Que sea común no significa que esté bien”, señaló. Recordó que los cruceros en la zona metropolitana y los campos agrícolas son los puntos donde más se detecta trabajo infantil.

El secretario reconoció que el trabajo infantil es “cruel” y que a veces se normaliza como colaboración en el hogar, cuando no debería suceder. Añadió que no solo se trata de menores que piden limosna, sino también de niñas y niños expuestos a explotación, adicciones o incluso trata.

“Miles de pequeñas vidas deberían estar soñando”
Omar Mañón Juárez, encargado del despacho de la Dirección General de Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo estatal, aseguró que el trabajo infantil “es una realidad que duele” y un llamado a mover voluntades para cumplir la ley.

“El corazón del Estado de México, entre sus campos, calles y montañas, alberga miles de pequeñas vidas que deberían estar corriendo, soñando, riendo. Muchos cargan costales más pesados que sus propios sueños; otros venden dulces cuando deberían aprender a multiplicar, o lustran zapatos cuando deberían dibujar un mundo de colores”, expresó.

Difusión masiva en autobuses
Para atender la problemática, el gobierno estatal lanzó la campaña “Por una vida libre”, que busca generar conciencia sobre la erradicación del trabajo infantil y que difundirá videos a bordo de los autobuses que salen de la Terminal de Autobuses afiliados a la Cámara Nacional del Transporte y Turismo (Canapat) en el Estado de México.

Esta reforma al Código Penal elimina como atenuante los “usos y costumbres” y establece agravantes para proteger a niñas y adolescentes indígenas y con discapacidad.

Odilón López, representante del sector transporte, señaló que la Terminal de Autobuses de Toluca participa activamente en la campaña para alertar a los pasajeros sobre la protección de las infancias. La central cuenta con centro de monitoreo, cámaras de vigilancia, botones de pánico y comunicación directa con la Guardia Nacional, el C5 y corporaciones municipales.

“Sabemos que el ambulantaje en la zona puede ser fértil para esta problemática, pero asumimos la corresponsabilidad y reiteramos a las autoridades que no están solas”, afirmó.

En el marco del Mes de la Salud Masculina, el médico de la Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Carlos Wilfrido Mota Valdés, hizo un llamado a la población masculina a realizarse revisiones médicas periódicas para la prevención del cáncer de próstata, una de las principales causas de muerte en hombres en México.

De acuerdo con Mota Valdés, entre los principales factores de riesgo se encuentran los hábitos alimenticios inadecuados, el consumo de alcohol y tabaco, la falta de actividad física, así como el antecedente familiar de cáncer en padres o abuelos. Sin embargo, el diagnóstico temprano marca la diferencia entre la vida y la muerte, al detectar señales de alerta como dificultad para orinar, disminución del flujo urinario, aumento en la frecuencia de micción nocturna o pérdida de peso sin causa aparente.

Ante esta situación, la CMS ofrece paquetes de salud masculina enfocados en la detección oportuna del cáncer de próstata durante el mes de noviembre:

Paquete 1: Antígeno prostático específico (examen de sangre) y consulta médica, con costo de $200 pesos.

Paquete 2: Antígeno prostático específico, densitometría ósea y consulta médica, con costo de $650 pesos.

Mota Valdés explicó que ambos estudios son accesibles y se realizan en las propias instalaciones de la CMS. Asimismo, recomendó iniciar el chequeo a partir de los 50 años o desde los 40 si existe antecedente familiar de cáncer de próstata.

“Detectarlo antes de que aparezcan los síntomas nos permite actuar a tiempo. Un antígeno prostático elevado no siempre significa cáncer, por eso es vital complementar los estudios con una valoración clínica y el examen físico correspondiente”, indicó.

Finalmente, el médico invitó a la comunidad universitaria y al público en general a acercarse a la clínica para realizarse estas revisiones y cuidar de su salud. Para agendar cita es necesario consultar la página https://citascms.uaemex.mx/ o llamar a los teléfonos 722 212 8027 y 722 219 4122, extensiones 118 y 140.

A partir del próximo 25 de noviembre entrarán en vigor en el Estado de México nuevas disposiciones del Reglamento de Tránsito que incrementan las sanciones para quienes incumplan normas relacionadas con la seguridad vial, especialmente en zonas peatonales y espacios reservados para la movilidad no motorizada.

De acuerdo con las reformas publicadas por el Gobierno estatal, las multas serán de 8 a 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para los conductores que no cedan el paso a peatones en zonas señalizadas, y de 3 a 5 UMA para quienes obstruyan cruces peatonales o rampas de acceso.

Las sanciones también aumentarán para quienes circulen o se estacionen en espacios prohibidos, como aceras, camellones, banquetas, ciclovías o carriles confinados para transporte público. En estos casos, las multas irán de 16 a 20 UMA.

La administración estatal detalló que la actualización del Reglamento no representa un incremento respecto de los montos vigentes sino la incorporación de sanciones mínimas, medias y máximas. La finalidad es promover la regularización voluntaria, incentivar el pronto pago y fortalecer la educación vial.

El esquema funcionará de la siguiente manera:

Infracción mínima: cuando no existan sanciones previas sin pagar

Infracción media: cuando el conductor tenga entre dos y tres incumplimientos pendientes

Infracción máxima: a partir de cuatro o más multas no pagadas.

El Gobierno del Edomex señaló que con estos cambios se garantiza la proporcionalidad de las sanciones en cumplimiento del artículo 22 de la Constitución, que prohíbe multas excesivas o desproporcionadas.

A partir del 25 de noviembre entrará en vigor el nuevo reglamento de tránsito del Estado de México, que endurece las disposiciones para motociclistas.

Las reformas buscan modernizar el Reglamento de Tránsito para hacerlo más preventivo y eficaz, con el fin de proteger la vida y garantizar el libre tránsito. La nueva jerarquía de movilidad queda establecida de la siguiente manera:

Peatones, con especial atención a grupos vulnerables

Ciclistas y usuarios de vehículos no motorizados.

Personas usuarias y prestadoras del transporte público de pasajeros, así como transporte de bienes y mercancías.

Conductores de vehículos motorizados particulares.

El Gobierno estatal y el Servicio Postal Mexicano firmaron un convenio para que los automovilistas reciban en casa su nueva licencia de conducir. El programa busca reducir tiempos, costos y filas en los módulos de atención.

Según el Gobierno estatal, esta jerarquización busca fomentar un uso más equitativo del espacio público y reducir riesgos para niñas, niños, peatones, ciclistas, motociclistas y conductores.

La actualización completa del Reglamento de Tránsito del Estado de México puede consultarse en la Gaceta del Gobierno en su sitio oficial.

La tipificación del transfeminicidio en el Estado de México avanza sin un registro claro de víctimas ni protocolos que permitan identificar estos crímenes como actos de odio, afirmó el secretario de Fuera del Clóset, Ernesto Montes de Oca, al señalar que la reforma legal requiere de una estructura institucional sólida para que pueda aplicarse de manera efectiva.

Explicó que la entidad enfrenta una cifra negra difícil de dimensionar porque las fiscalías no cuentan con criterios homogéneos que orienten la clasificación de los casos.

Montes de Oca señaló que, aunque organizaciones civiles reportan entre tres y cuatro crímenes de odio al mes en la entidad, esa información proviene de acompañamientos comunitarios y notas periodísticas, no de registros oficiales.

Añadió que la fiscalía carece de mecanismos que permitan identificar de inmediato si un asesinato de una mujer trans está motivado por prejuicio o discriminación, lo que limita la utilidad de la nueva tipificación.

“Sabemos que en el Estado de México ocurren crímenes de odio cada mes, pero no existe un registro formal porque no hay un protocolo estandarizado en las fiscalías y eso impide saber cuántos transfeminicidios hay realmente”, afirmó.

La activista mexiquense Tanya Vázquez, primera mujer trans en el Valle de Toluca tras realizar su cambio de identidad, reconoció avances legales como la ley de identidad de género y el matrimonio igualitario, pero advirtió que la comunidad aún vive exclusión laboral, violencia y discriminación social.

El activista advirtió que, sin lineamientos precisos, la tipificación corre el riesgo de convertirse en una herramienta aislada que no transformará la manera en que las instituciones investigan estos crímenes.

En ese contexto, insistió en que la ausencia de datos confiables impide dimensionar la violencia y dificulta que el Poder Judicial reciba carpetas bien integradas.

La investigación se distorsiona desde el primer formulario

Otro de los problemas señalados es que la primera clasificación del caso suele depender de los policías municipales, quienes llenan formularios que en muchos casos no registran la identidad de la víctima de manera correcta.

Cuando en esos documentos se coloca un nombre o un pronombre distinto al que la persona usaba en vida, ese error se arrastra en toda la investigación.

“No basta con que la ley exista si quien recibe el caso no sabe reconocerlo, no sabe cómo nombrarlo y no entiende qué lo distingue de un homicidio común”, expresó Montes de Oca, al enfatizar que la capacitación debe incluir a primeros respondientes, agentes del Ministerio Público y personal pericial.

Además, comentó que, aun cuando existan servidores públicos con voluntad de aplicar la figura penal, la falta de criterios comunes provoca que cada carpeta se trate de manera distinta y que pocas lleguen a judicializarse como transfeminicidios.

Durante la presentación del libro Transfeminicidio, los periodistas Emma Landeros y Joel Aguirre compartieron hallazgos que coinciden con lo señalado por Fuera del Clóset.

Ambos explicaron que, en sus recorridos por distintos estados, encontraron expedientes donde las víctimas aparecían registradas con el nombre asignado al nacer y no con el que reconocían como propio, lo que obstaculizaba cualquier intento de clasificar los casos como crímenes de odio por lo que Aguirre señaló que esta omisión también se reproduce en medios locales.

“Cuando una nota se publica con información incorrecta, no solo se borra a la víctima, también se debilita la posibilidad de dimensionar la violencia específica que viven las mujeres trans”, dijo ante asistentes del encuentro en Calli.

Reprocharon crímenes de odio y la invalidación de sus orientaciones sexuales y expresiones de género

Landeros añadió que la falta de uniformidad en el registro de datos profundiza la cifra negra y dificulta analizar patrones regionales.

Recordó que, en varios casos acompañados por colectivas, la familia retira del expediente cualquier rastro de la identidad de la víctima, lo que también genera silencios estadísticos.

Emma Landeros y Joel Aguirre señalaron que persisten expresiones incorrectas y dudas sobre identidades trans, lo que deriva en coberturas sin perspectiva de diversidad y afecta la forma en que se reportan los crímenes de odio.

Los autores relataron que aún se escuchan en juntas editoriales comentarios que minimizan o confunden identidades trans. Aunque algunos medios aplican lineamientos, muchas veces lo hacen solo para evitar críticas públicas.

Advirtieron que el lenguaje influye en cómo se comprende la violencia. En varios estados aún se publican notas que describen transfeminicidios como el asesinato de “un hombre vestido de mujer”, lo que borra identidades y desfigura el contexto.

El registro oficial suele usar nombres asignados al nacer y pronombres masculinos, información que muchas redacciones replican sin cuestionar, lo que alimenta el subregistro y la percepción de casos aislados.

Periodistas y activistas pidieron capacitación permanente y la creación de protocolos editoriales con perspectiva de género, además de vínculos con organizaciones que acompañan estos casos, para evitar que el periodismo reproduzca la violencia.

Montes de Oca sostuvo que la tipificación del transfeminicidio es un paso necesario, aunque incompleto si no se atiende la estructura que permitirá aplicarla.

Explicó que la fiscalía debe emitir lineamientos operativos y garantizar que el personal reciba formación específica sobre identidades y violencias basadas en prejuicio, de modo que cada carpeta sea integrada con elementos suficientes.

“El Estado debe reconocer la magnitud de esta violencia y construir mecanismos que den garantías reales a la población trans. Si no hay protocolos, la ley se queda en el papel”.

Finalmente, el activista sostuvo que, mientras no exista un registro claro y mientras las instituciones no corrijan los vacíos que hoy impiden identificar un transfeminicidio, las organizaciones seguirán documentando casos para evitar que las víctimas queden en el olvido.

Para Fuera del Clóset, el reto consiste ahora en convertir un avance legislativo en una herramienta efectiva que reconozca la identidad de las mujeres trans y permita investigar las violencias que enfrentan sin que la primera línea de un expediente las borre desde el inicio.

Con base en datos de la Coordinación Técnica de Planeación e Información de la Secretaría de Educación Pública, del ciclo escolar 2015-2016, que es el referente más antiguo que tienen, al final del periodo educativo 2023- 2024, el cual es el más reciente en su base estadística, se ha presentado un incremento del 41.4 por ciento en el número de personas egresadas del nivel superior en el Estado de México en los últimos ocho años.

Lo anterior es porque al final del ciclo escolar 2015-2016, las universidades mexiquenses reportaron haber tenido 80 mil 347 egresados, mientras que al término del periodo 2023-2024 fueron 113 mil 656, el cual es el número más alto en la historia en esta materia del Estado de México, por lo que hubo una diferencia entre esos periodos de 33 mil 309 estudiantes que concluyeron sus estudios de licenciatura y posgrado.

Sin embargo, el Estado de México no encabeza a nivel nacional esta materia, ya que la Ciudad de México reportó que al final del ciclo escolar 2023-2024, tuvieron 161 mil 553 egresados del nivel superior, lo que significó que fueron 47 mil 897 más que la entidad mexiquense en ese periodo educativo.

En ese ciclo escolar, se indicó que fueron un millón 9 mil 855 los egresados de licenciaturas y posgrados, por lo que la entidad mexiquense concentró el 11.2 por ciento de este universo, colocándose en el segundo puesto a nivel nacional.

El estado de Jalisco fue la tercera entidad federativa con mayor número de egresados en el mencionado lapso, con un total de 62 mil 725.

En la estadística de la Coordinación Técnica de Planeación e Información de la SEP, contrastó que en el ciclo escolar 2023-2024 en el Estado de México, hubo 171 mil 619 alumnos de primer ingreso al nivel superior, por lo que superan la cifra de los egresados.

La anterior estadística de los de primer ingreso al nivel superior, es la más grande hasta el momento en la entidad mexiquense, porque en el ciclo escolar 2024-2025, fueron 164 mil 870 los que iniciaron sus estudios de licenciatura o posgrado.

Los egresados del ciclo escolar 2024-2025, se conocerán hasta que se den a conocer las cifras del presente periodo 2025-2026.