En los primeros seis meses de este año, 28 personas fueron detenidas por algún delito pese a contar con un brazalete electrónico, que como beneficio del sistema de justicia les permite enfrentar su proceso en libertad condicional, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

La información proporcionada por la corporación señala que, de enero al 4 de julio, todos los sujetos reincidentes fueron vinculados a proceso por cometer diversos ilícitos y se les retiró el beneficio, por lo que fueron nuevamente recluidos en una cárcel del territorio mexiquense.

En entrevista, el director general de Combate al Robo de Vehículos y Transporte de la SSEM, Martín Domínguez Reséndiz, explicó que los infractores bajo supervisión remota y recapturados cometieron principalmente robos, asaltos y venta de droga.

Incluso advirtió que, en ocasiones, los sujetos reinciden en el mismo delito o son capturados por un ilícito más grave.

“Aproximadamente (detenemos) entre una y dos personas por semana; para nosotros ya es delicado. Por lo regular cometen atracos y delitos contra la salud”, agregó.

Domínguez precisó que la reincidencia es más común en hombres que en mujeres, y los casos se registran, en su mayoría, en el Valle de México. Debido a lo preocupante de la situación, consideró que el beneficio debe retirarse a quienes reinciden.

“Lo que estamos pidiendo es que a quienes delinquen y salen con la medida precautoria del brazalete, y vuelven a delinquir, se les retire la medida cautelar y sean recluidos nuevamente, porque salen a delinquir y agredir a la ciudadanía”, comentó.

La Subsecretaría de Control Penitenciario de la SSEM informó que la Unidad de Monitoreo supervisa actualmente a 3 mil 405 personas portadoras de brazalete electrónico. De esa cifra, 3 mil 206 son hombres (94.16%) y 199 son mujeres (5.84%).

El dispositivo, compuesto por diversos equipos electrónicos, permite la supervisión y control de los beneficiarios, asegurando que cumplan con un arresto en un lugar definido por las autoridades: su domicilio, trabajo o escuela, entre otros.

En administraciones anteriores, la Secretaría de Finanzas realizó un contrato por adjudicación directa con la empresa Comunicación Segura S.A. de C.V. (SeguriTech) para la instalación de brazaletes electrónicos a 2 mil 400 internos, con un monto total de casi 707 millones de pesos, por el periodo del 1 de enero de 2021 al 15 de septiembre de 2023, según el portal de transparencia fiscal del gobierno mexiquense.

Sin embargo, pese al alto costo, los brazaletes instalados eran de uso comercial y podían adquirirse en internet a precios accesibles. Incluso se ofertaban herramientas para desinstalarlos, lo que los convertía en dispositivos obsoletos y poco seguros para su propósito de vigilancia penitenciaria.

Los aparatos eran del modelo MT-200X de la empresa china Megastek, disponibles en línea con precios de entre 2 mil 600 y 3 mil 425 pesos, e incluían la herramienta necesaria para desbloquearlos. 

Además, los protocolos de comunicación estaban publicados en internet, aumentando el riesgo de manipulación o uso indebido.

De acuerdo con el Reglamento para el Otorgamiento del Beneficio de Libertad Condicionada al Sistema de Localización y Rastreo del Estado de México, el beneficio puede solicitarlo por escrito el interno primodelincuente, y el dispositivo se coloca alrededor del tobillo.

El sistema de monitoreo electrónico permite la supervisión y control del cumplimiento de arresto domiciliario o en lugares definidos por la autoridad.

Los reos deben cubrir el costo del dispositivo y garantizar, mediante fianza, hipoteca o caución, el pago por posibles daños o pérdidas del equipo.

El beneficio no aplica para sentenciados por secuestro, homicidio doloso calificado o agravado, violación o robo grave.

La medida se revoca si el infractor se ausenta del radio de monitoreo, retira el dispositivo, cambia de domicilio sin autorización, incumple el pago de la fianza o altera el brazalete. También se pierde si ingiere alcohol o drogas, no acude a citas judiciales, altera el orden público o familiar, o enfrenta un nuevo proceso penal.

La investigadora del Centro de Investigaciones en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la UAEMéx, Cristina Eugenia Pablo Dorantes, advirtió que para otorgar este beneficio se requiere un estudio criminológico de personalidad que evalúe la peligrosidad y posible reincidencia del solicitante.

Explicó que el dispositivo cuesta alrededor de 6 mil 800 pesos mensuales, y que se exige una fianza mínima de 60 mil pesos por instalación, servicio y administración.

“Esta cuestión de que se les otorgue nada más porque tienen para pagarlo no permite determinar si son las personas idóneas para evitar la reincidencia. Es difícil considerar legalmente reincidentes a quienes no fueron juzgados antes, aunque existan antecedentes o errores en la carpeta de investigación”, señaló.

La especialista añadió que, aunque los brazaletes contribuyen a disminuir la población carcelaria, se requiere personal capacitado que auxilie al juez de ejecución de sentencias para emitir el beneficio preliberacional.

“El juez debe apoyarse en criminólogos y especialistas en seguridad ciudadana para interpretar los estudios interdisciplinarios sobre el entorno social, familiar y criminógeno del interno”, detalló.

Mencionó que el Estado de México ha invertido más de 214 millones de pesos en la adquisición de 3 mil 600 brazaletes contratados hasta diciembre de 2025.

En marzo pasado, elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca detuvieron a Alfredo “N” y David Fernando “N” por presunto robo a transeúnte. Ambos portaban brazaletes electrónicos y fueron asegurados en una motocicleta tras despojar a una mujer de su celular sobre la avenida Alfredo del Mazo.

En febrero, en Zumpango, agentes de la FGJEM capturaron a Juan Mario “N” por robo con violencia, quien intentó bloquear la señal del dispositivo.

Ese mismo mes, en la capital mexiquense, José Rubén “N” fue detenido mientras asaltaba una heladería del centro y robaba una caja registradora con 200 pesos, también portando brazalete.

En otro caso, José Alberto “N” presuntamente cometió tres asaltos en el centro de Toluca mientras se encontraba bajo monitoreo.

La legislación mexiquense establece que este beneficio tiene como propósito apoyar a las personas con tratamiento en externamiento progresivo y técnico, basado en el trabajo y la educación, con el apoyo familiar, evitando la “contaminación criminógena” y la desadaptación social.

El Estado de México se consolida como una de las principales entidades productoras de flor de cempasúchil del país, al ocupar el tercer lugar nacional con una superficie cultivada de mil 937 hectáreas, sólo detrás de Puebla y la Ciudad de México.

A través del Programa Transformando el Campo, el gobierno estatal impulsa a los floricultores mexiquenses con apoyos directos para fortalecer la producción, infraestructura y comercialización de flores ornamentales, especialmente durante la temporada del Día de Muertos.

Gracias a estos incentivos, los cuales incluyen la entrega de insumos agrícolas como cubierta plástica, material vegetativo, sistemas de riego tecnificado e invernaderos, se prevé una derrama económica de mil 991 millones de pesos por la venta de cempasúchil, una de las flores más representativas de la tradición mexicana.

El Mercado Benito Juárez de Toluca ofrece manojos de cempasúchil desde 200 pesos y de terciopelo hasta 250 pesos. Comerciantes reportan ventas bajas por los horarios acotados del Festival del Alfeñique y llaman a la población a aprovechar la oferta local durante estas festividades.

Los municipios con mayor participación en la siembra y cultivo de esta flor emblemática son Atlacomulco, Tenango del Valle, Texcoco, Chicoloapan, Ozumba, Tenancingo, Tepetlixpa, Malinalco y Chimalhuacán, donde cientos de productores mantienen viva una tradición que combina valor cultural y sustento económico.

La flor de cempasúchil, considerada un patrimonio cultural mexicano, es elemento esencial en las ofrendas del Día de Muertos. Su intenso color naranja y su aroma característico simbolizan la luz que guía a las almas hacia los altares familiares.

Además de su destacada producción de cempasúchil, el Edomex lidera a nivel nacional en la producción de flor de corte, con más de siete mil 172 hectáreas cultivadas y un valor de producción superior a siete mil 883 millones de pesos, lo que reafirma la vocación floricultora del territorio mexiquense.

La muerte de manera conceptual significa el fin de la vida y es un suceso irreversible para todo ser vivo. La causa de muerte puede ser natural, como el envejecimiento, enfermedad o a causa de desastres naturales; así como inducida, ya sea por suicidio, homicidio-asesinato, eutanasia, accidentes, pena de muerte u otros.

Sin embargo, la muerte socialmente tiene diversos matices sociales, legales y religiosos. En México se le celebra; pero antes de recordar y dar vida a la memoria de quienes se adelantaron en el Día de Muertos, se sufre y llora por las miles de vidas que parten al año por las distintas causas.

En el Estado de México, en los últimos años la cifra anual de fallecimientos es de alrededor de 100 mil personas, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En 2024, se registró la pérdida de vida de 99 mil 690 personas, de las cuales 55 mil 075 fueron hombres y 44 mil 608 mujeres, así como siete personas sin especificar el sexo. La cifra fue mayor al año inmediato anterior en la que murieron 96 mil 278 personas.

Las cifras se han estabilizado con el promedio antes de la pandemia de Covid-19, ya que en el 2020 la cifra alcanzó las 152 mil 668 defunciones; así como 152 mil 090 en 2021 y 100 mil 734 en el año 2022.

En ello coincidió Gabino Zarza Sánchez, representante de la Unión de Propietarios de Funerarias del Valle de Toluca, que señaló que los índices de servicios funerarios redujeron desde los últimos dos años, tras el control o reducción de enfermedades por el Covid-19.

“A diferencia de otros años, ha bajado el índice de mortandad. Yo creo que ha derivado al tema todavía del COVID. Más en el cambio, bueno, pues, aparte el tema de defunciones, a veces está igual como alza y baja”, dijo.

El funerario indicó que de acuerdo a su labor las muertes se dan de manera generalizada en todo el territorio estatal; sien embargo, se concentran en municipios con mayor densidad poblacional, como lo es la región del Valle de México.

El más reciente Boletín de Estadísticas Vitales que presentó el Gobierno del Estado de México en 2024, referente a cifras del año 2023, señala que los municipios de la entidad que presentaron mayor número de defunciones fueron Ecatepec de Morelos, Toluca, Tlalnepantla de Baz, Nezahualcóyotl, Naucalpan de Juárez, Texcoco, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Metepec y Ixtapaluca. En conjunto, sumaron 46 mil 763 decesos equivalente al 53.4 por ciento de las defunciones totales de la entidad registradas durante 2023.

Sin embargo, los municipios con una mayor tasa de mortalidad son Axapusco (13.6), Metepec (10.2), Texcoco (9.9), Ixtapan de la Sal (9.5), Amecameca (8.5), Tlalnepantla de Baz (8.4), Joquicingo (8.3), Atlacomulco (7.9), Toluca y Tlatlaya (7.2). Los de menor tasa son Nextlalpan, San Antonio la Isla y Huehuetoca (2.1), Chapultepec (1.9) y Jaltenco (1.8).

Las estadísticas refieren que en el Estado de México más de 80 mil muertes son a causa de enfermedades naturales. Una de las principales causas de muerte son las enfermedades del corazón, el INEGI señala que en 2023 se registraron 20 mil 806 muertes derivado de dichas enfermedades, con 13 mil 897 casos de infarto agudo de miocardio.

De manera preliminar, ya que los resultados definitivos se presentarán tras la primera quincena de noviembre, el reporte de Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del INEGI, indica que en la entidad mexiquense se registraron 12 mil 249 fallecimientos por infarto en 2024.

Zarza Sánchez indicó que, el sector funerario identificó que, tras la pandemia, el mayor número de servicios se da por infartos, sobre todo en personas adultas mayores.

“Se ha incrementado el índice de infartos, sobre todo a veces se dan en vía pública, con la gente que sale bien de sus casas y, desafortunadamente, le da un infarto en la calle, en la vía pública. En realidad, no es un hecho, pero realmente creo que después del COVID ha habido un incremento en el tema de gente que se infarta en vía pública”, dijo.

En segundo lugar, se encuentra la diabetes mellitus, que en 2023 cobró la vida de 16 mil 716 personas y en 2024, estiman, fueron 11 mil 162 defunciones. A dichas enfermedades, le siguen los tumores malignos, que en 2023 provocaron la muerte de 16 mil 716 personas en 2023 y cerca de 11 mil 771 el año pasado.

Las defunciones por accidentes ocupan el quinto lugar, con 4 mil 882 defunciones en 2023, de las cuales mil 281 fueron muertes viales en vehículos de motor y 181 por caídas. El preliminar de 2024 refiere que hubo un incremento a 4 mil 970 fallecimientos por accidentes.

Al respecto, el representante de funerarias refirió que de igual forma notaron un incremento de servicios de personas que perdieron la vida por accidentes viales, sobre todo de motociclistas.

Por agresiones, el INEGI registró en 2023 2 mil 721 fallecimientos; por homicidio 3 mil 274 y de suicidio mil 223 muertes. Al respecto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refiere que, en el primer semestre del 2025, en territorio mexiquense ocurrieron 809 decesos que clasifica como homicidios dolosos en accidentes de tráfico; con lo que la entidad se posiciona en primer lugar a nivel nacional.

En 2024 se registró un total de mil 596 decesos viales, de los cuales 212 fueron en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca; y es la capital mexiquense la que encabeza la lista con 80 casos, seguido por Metepec con 12, Zinacantepec y Almoloya de Juárez con nueve; Lerma con siete y San Mateo Atenco cinco.

Por cuestiones sanitarias y la premura, la pandemia de Covid-19 orilló a que la mayoría de las defunciones se tratara con incineración a los cuerpos, lo que acabó con mitos y resistencia en muchas familias que quizá no tuvieron otra opción en el momento; sin embargo, dicha tendencia cambió.

El funerario Gabino Zarza indicó que actualmente la tendencia es de un 50-50, es decir, la mitad de los servicios son para incineración y el resto inhumaciones (el entierro de la persona).

“Después del Covid, la gente empezó a tener un poquito más en el tema de la cultura de la cremación. Y, bueno, se ha incrementado, pero con la experiencia puedo decir que hay un 50 por ciento y 50 por ciento”, dijo.

De acuerdo con los últimos datos de la Recopilación de Información de los Cementerios Públicos en las Zonas Metropolitanas del País 2021 del INEGI, en los panteones públicos municipales, a nivel nacional, hay una ocupación del 80.8 por ciento de tumbas o fosas, dejando una disponibilidad del 18.8 por ciento.

En ese sentido, Zarza Sánchez recordó que hasta hace un par de años, la saturación en panteones se estaba convirtiendo en serio problema, sobre todo en los municipios con mayor población, como es el caso de Toluca.

Refirió que los panteones administrados por las autoridades municipales, es decir, el Panteón Municipal y el Panteón General La Soledad, se encuentran prácticamente al 100 por ciento de ocupación, pero reconoció gestiones para recuperar fosas para los cuerpos que ya cumplieron siete años.

“Toluca es uno de los municipios que ahorita ya carece de espacios para poder hacer inhumaciones, entonces, realmente, sí se complican los servicios. Pero hoy en día han hecho un programa en el cual se invita a la población, pues, a su temporalidad de siete años, que es lo que marca la ley, y de esa manera exhumar, hacer cremación y poder desocupar el lugar donde se encuentra su deudo”, explicó.

Aunque reconoció que es un proceso complicado ya que hay familias que dejaron por más de siete años el cuerpo, incluso superando los 20 y se vuelve más difícil accedan al proceso; así como por usos y costumbres; y cuestiones de religión.

En 2016, a Santa Sede consideró permisible la cremación de los restos humanos, y especificó que se deben mantener en un lugar sagrado o de oración; además, que las cenizas de los difuntos católicos no se pueden esparcir, dividir, ni mantener en casa. Pero recomendó continuar con la sepultura de los difuntos, ya que “confirma su fe en la resurrección de la carne”.

En otros panteones y municipios, dijo, han hecho esfuerzos para ampliar su extensión para enfrentar la situación de saturación.

Gabino Zarza añadió que actualmente el precio promedio de los servicios funerarios va de 13 mil a 18 mil pesos por el servicio básico de inhumación, y de 15 mil a 18 mil pesos para el tema de cremación.

El Poder Judicial del Estado de México desechó el amparo promovido por el colectivo Migala en contra del incremento al transporte público en la entidad, marcando el primer revés legal para las organizaciones que buscan revertir el tarifazo autorizado por la Secretaría de Movilidad.

En respuesta, el movimiento No al Tarifazo anunció que continuará explorando otras vías jurídicas y sociales para frenar el alza y exigir transparencia en el estudio tarifario que lo sustenta.

El amparo de Migala, presentado a inicios de octubre como medida de resistencia civil ante el aumento a 14 pesos, fue desechado en días recientes. Hasta el momento, no se han dado a conocer los argumentos jurídicos del rechazo.

Integrantes del movimiento, que agrupa a distintas organizaciones ciudadanas y académicas, señalaron que el fallo refleja las limitaciones de las vías institucionales para frenar decisiones de gobierno que consideran injustificadas. No obstante, destacaron que el recurso marcó un precedente importante y será punto de partida para nuevas acciones legales.

“Sabemos que las propias instituciones no van a estar en contra de las decisiones que ellas mismas impulsan, pero el amparo sirve para denunciar, para dejar constancia del descontento y seguir abriendo caminos”, afirmó Ivonne Gutiérrez, integrante del colectivo No al Tarifazo.

Tras el rechazo, las agrupaciones acordaron preparar una nueva demanda colectiva, que será presentada esta semana en las oficinas judiciales de la colonia Nicolás San Juan, en Toluca.

De manera paralela, sostendrán reuniones con abogados de otras entidades que también enfrentan aumentos en tarifas de transporte —como Guadalajara, Monterrey y Chihuahua— con el fin de compartir estrategias legales y articular un frente nacional.

El objetivo, explicaron, es demostrar que el aumento se aplicó sin cumplir los requisitos establecidos, entre ellos la presentación del estudio tarifario y la verificación del estado de las concesiones. Asimismo, señalaron que muchas unidades no exhiben la pirámide tarifaria ni acreditan la vigencia de sus permisos.

“La mayoría de los camiones no tiene la concesión al corriente ni el tarifario visible. Aun así, cobran lo que quieren y no hay sanciones. Por eso insistimos en que la ciudadanía puede seguir pagando 12 pesos, porque el aumento se aplicó fuera de norma”, añadió Gutiérrez.

Los colectivos indicaron que, tras las movilizaciones de octubre, fueron contactados por funcionarios de la Secretaría de Movilidad, pero sin facultades resolutivas. Por ello, adelantaron que no aceptarán más reuniones que no involucren directamente al titular de la dependencia, Daniel Sibaja, o a la gobernadora Delfina Gómez, a quienes consideran los únicos con capacidad real para atender sus demandas.

“Nos buscaron para sentarnos, pero con funcionarios de bajo nivel. No tiene sentido seguir en ese círculo. Si no hay voluntad de atender de fondo, vamos a escalar las acciones y convocar a nuevas movilizaciones”, señaló Gutiérrez.

El movimiento también expresó preocupación por el reciente anuncio de mecanismos de reconocimiento facial en el Centro Histórico de Toluca, al considerar que podrían utilizarse para identificar o vigilar a quienes participan en protestas.

Califican esta medida como parte de una tendencia de criminalización de la protesta social observada en otras ciudades del país.

Ante ello, las organizaciones advirtieron que continuarán saliendo a las calles, manteniendo su exigencia de transparencia y justicia tarifaria.