Más de 13.7 millones de pesos destinados a la implementación de acciones de la Alerta de Violencia de Género en el Estado de México no fueron ejercidos y tuvieron que ser reintegrados a las arcas estatales entre 2021 y 2024, de acuerdo con los reportes oficiales de ministración, comprobación y reintegro de recursos en los 11 municipios con declaratoria. El subejercicio se concentra de manera abrumadora en Naucalpan e Ixtapaluca, que en conjunto explican más del 90% del total devuelto.

De acuerdo con la información solicitada vía transparencia por El Sol de Toluca, en el periodo de cuatro años, los municipios recibieron en conjunto aproximadamente 332.8 millones de pesos, de los cuales 13 millones 769 mil 126.73 pesos fueron reintegrados por no haber sido comprobados o ejercidos en tiempo y forma, lo que representa un subejercicio global cercano al 4.1% del total de recursos asignados para atender acciones vinculadas a la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

El año con mayor monto reintegrado fue 2021, con 12 millones 562 mil 478.45 pesos, lo que por sí solo representa más del 91% del total acumulado en el cuatrienio. En contraste, en 2022 el reintegro fue de 738 mil 891.50 pesos, en 2023 bajó a 344 mil 068.69 pesos, y para 2024 el reintegro reportado fue de 123 mil 688.09 pesos, lo que muestra una reducción progresiva del subejercicio, aunque sin eliminarlo por completo.

Al solicitar la información de los reintegros o subejercicio realizado durante el 2025, la Secretaria de las Mujeres argumentó que el análisis de los recursos entregados se encuentra todavía en proceso y es por eso que no podían compartirlo. No obstante, durante el 2025 se entregaron 260 millones de pesos entre los 11 municipios con alerta y doble alerta.

El análisis por municipio evidencia que el municipio de Naucalpan de Juárez encabeza la lista con un reintegro acumulado de 7 millones 167 mil 330.20 pesos entre 2021 y 2024. Tan solo en 2021, este municipio concentró más de 7.1 millones de pesos reintegrados, un monto que por sí mismo explica más de la mitad del total estatal del periodo.

En segundo lugar, se ubica Ixtapaluca, con un reintegro acumulado de 5 millones 241 mil 903.78 pesos, principalmente por el subejercicio registrado en 2021, cuando devolvió 5.23 millones de pesos, cifra que lo colocó como el segundo mayor reintegrador de recursos en todo el estado.

En conjunto, Naucalpan e Ixtapaluca suman 12 millones 409 mil 233.98 pesos, lo que equivale aproximadamente al 90.1% del total de recursos reintegrados en los últimos cuatro años. Este nivel de concentración sugiere problemas estructurales en la planeación, ejecución o comprobación del gasto en estos municipios, particularmente en el primer año del periodo analizado.

Muy por debajo aparecen otros municipios como Cuautitlán Izcalli, con 582 mil 206.63 pesos reintegrados en cuatro años; Valle de Chalco, con 307 mil 801.20 pesos; Ecatepec de Morelos, con 154 mil 379.98 pesos; y Nezahualcóyotl, con 116 mil 217.92 pesos. En tanto, municipios como Toluca, Tlalnepantla, Tultitlán, Chalco y Chimalhuacán presentan montos menores, aunque persistentes, lo que refleja un patrón de reintegros recurrentes, aun cuando sean de menor cuantía.

Cabe recordar que la diputada local y presidenta de la Comisión para el Seguimiento a las Alertas de Género, Ana Yuritxi Leyva Piñon, ha mencionado que cualquier monto no ejercido en programas de Alerta de Género implica oportunidades perdidas para fortalecer acciones de prevención, atención psicológica, refugios, capacitación de personal, campañas de sensibilización y mejora de protocolos para la atención de mujeres en situación de violencia.

El hecho de que más de 13.7 millones de pesos hayan regresado a las arcas públicas en un contexto de altos índices de violencia feminicida y violencia familiar en el Estado de México plantea cuestionamientos sobre la capacidad operativa de los gobiernos municipales para ejecutar recursos etiquetados, así como sobre los mecanismos de seguimiento, acompañamiento técnico y supervisión por parte de las autoridades estatales.

La aplicación de recursos durante 2024, todo giró alrededor del dinero y su gestión a través de un comité especial para administrar los recursos y se destinó una gran parte a recuperar espacios públicos, como calles y parques, para hacerlos más seguros para las mujeres.

Sin embargo, ese año también hubo problemas de transparencia, donde la dependencia que ejecutó las obras no quiso rendir cuentas claras, y una diputada Ana Yuritxi pidió una auditoría, en la que se encontró que varios municipios no estaban ejerciendo los recursos para los fines entregados, sino más bien para hacer obra pública, violando las reglas de operación.

Francisco Emmanuel, elemento activo del Ejército Mexicano de 20 años, reportado como desaparecido el 19 de diciembre de 2025 en Naucalpan, Estado de México, fue localizado con vida el 5 de febrero en el Ejido Caleritas, en Sinaloa, luego de escapar de sus captores y establecer contacto telefónico con su esposa y colectivos de búsqueda.

El colectivo Cimarrones Tijuana informó, a través de una publicación en redes sociales, que el joven militar había sido privado de la libertad y que logró huir por sus propios medios. Tras escapar, realizó una llamada telefónica que permitió conocer su ubicación y activar una red de apoyo civil para su localización.

De acuerdo con el colectivo, el caso fue atendido mediante la coordinación con la organización Por las voces sin justicia A.C. de Mazatlán, así como con las comisiones locales de búsqueda de personas de Baja California y Sinaloa.

Asimismo, Cimarrones Tijuana desmintió la versión difundida por la policía de Mazatlán, la cual sostiene que la localización se derivó de una llamada a los números de emergencia. El colectivo afirmó que, en todo momento, la comunicación fue directa entre el joven, su esposa y las organizaciones civiles, quienes mantuvieron contacto con las comisiones de búsqueda estatales.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán confirmó la localización de Francisco Emmanuel e indicó que la acción se realizó en coordinación con personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Región Sur. En su informe oficial, la corporación señaló que el reporte fue recibido a través de los servicios de emergencia, lo que permitió desplegar a los cuerpos de seguridad hasta el Ejido Caleritas.

El Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de México aprobó un adendum que modifica los artículos 11, 12 y 13 de los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de magistradas, magistrados, juezas y jueces electos durante su primer año de ejercicio, con cambios que amplían los indicadores de medición y ajustan el sistema de puntaje aplicado a este proceso.

El acuerdo, aprobado en sesión extraordinaria y publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, precisa el contenido de los criterios utilizados para evaluar a las personas juzgadoras que resulten electas en procesos locales, al integrar de manera expresa la productividad del órgano jurisdiccional como parte del análisis de desempeño.

Con la modificación al artículo 11, el indicador de conocimientos y competencias técnicas y profesionales se amplía para incluir la productividad, con lo cual se evalúa la capacidad de emitir resoluciones estructuradas, fundadas y motivadas, congruentes con los hechos controvertidos, las constancias del expediente judicial y la valoración objetiva de las pruebas, sin que la medición implique análisis o revisión del criterio jurídico adoptado.

El adendum también introduce cambios al artículo 12, al establecer que la rúbrica de evaluación tendrá un valor máximo de 200 puntos, en lugar de los 100 puntos previstos originalmente.

Esta rúbrica permite asignar puntajes objetivos, comparables y verificables a cada parámetro, tanto en conocimientos y competencias como en productividad del órgano jurisdiccional, con el fin de contar con criterios homogéneos en la medición del desempeño.

En cuanto al artículo 13, la matriz de medición se ajusta para abarcar ambos indicadores, con la finalidad de operacionalizar la rúbrica y definir de manera clara qué se evalúa, cómo se evalúa y el rango de puntaje aplicable.

Los rangos se amplían para establecer niveles alto, medio y bajo, así como categorías de cumplimiento óptimo, parcial o deficiente, según el componente evaluado.

El documento señala que estos cambios forman parte integral de los lineamientos emitidos mediante acuerdo general del 8 de enero de 2026, publicados el 12 de enero del mismo año, y que su aplicación corresponde a la Unidad de Evaluación del Desempeño del Tribunal de Disciplina Judicial.

El acuerdo establece que las nuevas disposiciones entran en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial y que las personas juzgadoras sujetas a evaluación deberán ser notificadas a través de los medios electrónicos institucionales.