La bancada del Partido Acción Nacional (PAN), en el Congreso del Estado de México, presentó este 24 de septiembre una iniciativa para prohibir y sancionar la práctica de cirugías estéticas en menores de 18 años.

El diputado proponente, Anuar Roberto Azar Figueroa, señaló que la propuesta contempla reformas al Código Administrativo y al Código Penal de la entidad, con el objetivo de proteger la integridad física y emocional de niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con el proyecto, se prohíbe expresamente cualquier tipo de procedimiento estético en menores, salvo en casos de carácter reconstructivo o reparador que busquen corregir malformaciones congénitas, daños por accidentes o secuelas de enfermedades graves.

Para que dichas excepciones sean válidas, se exigiría dictamen médico, evaluación psicológica y consentimiento informado de padres o tutores.

La iniciativa plantea sanciones de tres a nueve años de prisión, multas de 10 a 700 días y la suspensión de hasta 20 años en el ejercicio de la profesión para médicos o cirujanos que realicen estas intervenciones sin justificación médica.

En caso de reincidencia, se plantea que la suspensión sería definitiva; si el procedimiento causara lesiones, la pena aumentaría hasta en una mitad, y si derivara en la muerte del paciente, alcanzaría de 10 a 25 años de prisión y multas de 500 a mil días.

La bancada panista argumentó que la presión social y la influencia de redes sociales e “influencers” han incrementado el número de adolescentes que buscan someterse a cirugías estéticas, lo que representa un problema de salud pública.

Como antecedente, citaron el caso de Paloma Nicole, adolescente de 14 años, que falleció en Durango el pasado 20 de septiembre tras complicaciones derivadas de una cirugía estética múltiple.

La propuesta también establece la clausura de clínicas u hospitales que realicen procedimientos de este tipo sin justificación médica y la obligación de las autoridades sanitarias de dar aviso cuando se detecten estas prácticas.

En el caso de servidores públicos del sector salud que incurran en estas conductas, las penas se incrementarían hasta en una mitad y se ordenaría su destitución e inhabilitación definitiva.

Con el fin de castigar las agresiones con ácido u otras sustancias corrosivas, químicas o cáusticas cuando se cometan por razones de género o que afecten de forma manifiesta la dignidad y la integridad de las mujeres, la diputada Nelly Brigida Rivera Sánchez (morena) planteó imponer hasta 58 años y cuatro meses de prisión a quien cometa este delito.

Para esto propone modificaciones al Código Penal estatal para separar la conducta del delito de lesiones y considerarla como específica, además de definirla como la acción propia o por interpósita persona dirigida a causar a otra u otras personas lesiones, daños físicos, funcionales o psicológicos mediante el uso, vertido, aplicación o lanzamiento de tales sustancias o cualquiera otra que por sí misma o en las condiciones empleadas produzca lesiones internas, externas o ambas.

La iniciativa solicita como pena simple de 20 a 35 años de prisión y multa de hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente (113 mil 114 pesos), que se incrementarán en dos terceras partes (58 años y cuatro meses de prisión y 188 mil 522 pesos) cuando la conducta provoque deformidad permanente, destrucción o pérdida total o parcial de función orgánica, mutilación, ceguera parcial o total, o incapacidad permanente para el trabajo.

Asimismo, cuando las lesiones afecten el rostro, cuello, cabeza, manos, órganos sexuales o cualquier parte que comprometa funciones vitales o de movilidad, la pena se incrementará en una tercera parte, y cuando el delito se cometa por servidor público con abuso de funciones, en razón de parentesco, relación de convivencia, subordinación laboral, docente o por quien tenga responsabilidad de cuidado sobre la víctima, la pena se incrementará en la mitad.

La propuesta incorpora también la tentativa de este delito, que se sancionará con la pena de dos tercios a tres cuartos de la prevista para el delito consumado, y precisa que no procederán beneficios, sustituciones de la pena privativa de libertad ni la suspensión condicional de la condena cuando la conducta sea cometida con violencia de género.

Aparte, la legisladora morenista pide que el personal de salud que atienda a víctimas de este delito les preste atención médica inmediata y prioritaria; conserven la evidencia clínica y biológica pertinente; y notifique en el plazo máximo de 24 horas al ministerio público sobre la atención prestada, aportando el expediente clínico y los dictámenes necesarios para la investigación.

En cuanto al ministerio público, deberá reconocer desde el inicio la calidad de víctima; activar de inmediato medidas de protección; coordinar peritajes especializados sobre la sustancia empleada; y gestionar la atención y reparaciones previstas en la legislación.

De manera adicional, sugiere castigar con pena de tres a siete años de prisión y multa de hasta 300 veces el valor de la UMA (33 mil 942 pesos) a quien, con conocimiento de su aprovechamiento para la comisión de delitos, venda, suministre, almacene, transporte o facilite estas sustancias a personas que las usen ilícitamente.

A su vez, las autoridades administrativas competentes, en coordinación con la Fiscalía y la Secretaría de Salud, deberán establecer requisitos de control, registro y comercialización de sustancias de alto riesgo, con base en el principio de prevención.

También se propone modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estatal, a fin de incorporar la definición de violencia ácida referida, y agregar que se caracteriza por su finalidad deliberada de infligir dolor, humillación y desfiguración, atentando contra la dignidad, la identidad y la autonomía de la víctima. Por su extrema gravedad y por su potencial discriminatorio y simbólico debe ser contemplada y sancionada como forma específica de violencia física y de género.

En su lectura, la parlamentaria señaló que, en la entidad, esta conducta se considera únicamente como una agravante del delito de lesiones, el cual, conforme al Código Penal, se sanciona con una pena de cinco a 10 años de prisión y una multa de 100 a 200 días.

Reconoció que no existe un registro oficial exhaustivo de casos, aunque la documentación realizada por sobrevivientes y organizaciones de la sociedad civil permite identificar patrones constantes, como el hecho de que la mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes, y que en muchos casos los agresores son varones cercanos a las víctimas. Además, muchas agresiones ocurren en espacios que deberían ser seguros: el hogar, el centro de trabajo o vías públicas próximas a la vivienda o al lugar de empleo.

Habitantes de la comunidad de Guadalupe Yancuictlalpan en Tianguistenco, denunciaron a través de redes sociales que recientemente vieron a trabajadores del centro de salud IMSS Bienestar local consumiendo bebidas alcohólicas en horario laboral, mientras pacientes esperaban ser atendidos.

En las imágenes captadas, se puede observar al personal con botellas de alcohol, limones y hasta refresco para hacer cocteles sobre un escritorio, además de que varios de los presentes sostienen vasos con las bebidas preparadas.

Asimismo, señalaron a la doctora identificada como Elsa N de promover estas conductas junto con las enfermeras Rita N, Wendy N, Mayra N y Teresa N, además de un trabajador de limpieza Giovani N. Ante esta situación, las personas afectadas comentaron que la doctora Elsa anteriormente ya ha incurrido en negligencias desde su cargo, ya que aseguran que acostumbra a negar consultas o reprogramarlas en otro horario, además de que indican que su trato con los pacientes de grosero y se le suma la presente acusación por consumir bebidas alcohólicas en una clínica de salud pública.

En este sentido, los denunciantes hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales para que se investigue el caso, debido a que cientos de pacientes que esperan recibir atención médica se ven afectadas por las negligentes conductas de servidores públicos.

De acuerdo con los dos primeros informes de gobierno de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, en el segundo año de su administración se realizaron 678 acciones en materia de construcción y rehabilitación de inmuebles educativos. 

Sin embargo, en comparación con lo realizado en su primera anualidad, se redujeron en 16 por ciento estas obras, porque en ese entonces fueron 806 actos en esta materia.

No obstante, aunque en estas dos vertientes de construcción y rehabilitación fueron menos obras en el segundo año de gobierno de Delfina Gómez, resultó que hubo más beneficiarios con un total de 256 mil, mientras que en el primer periodo fueron 150 mil, por lo que hay una diferencia de más de 100 mil apoyados más.

En el tema de los recursos ejercidos, la inversión en el segundo año fue menor en estos dos rubros que en comparación con el primer año, pero la diferencia no fue mucha; en el primer periodo fueron destinados más de mil 145 millones de pesos y en el segundo fueron mil 30 millones de pesos, es decir, poco más de 100 millones de pesos.

Se detalló que a través del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE) se construyó 513 espacios educativos: 183 aulas, 13 laboratorios, 4 talleres y 313 anexos como bibliotecas, comedores, sanitarios y bardas perimetrales, durante el segundo año de gobierno de Delfina Gómez.

Mientras que en el primer año fueron más obras nuevas, con un total de 596, entre ellas: 220 aulas, 14 laboratorios, 10 talleres y 352 anexos.

En el segundo año en esta materia fueron destinados 825 millones de pesos y en el primero se ejercieron 623 millones 177 mil 830 pesos, por lo que se hizo más con menos en la primera anualidad de la administración 2023-2029.

Sobre los beneficiados, en el primer año fueron 72 mil 654, pero en el segundo fueron mucho más con 173 mil.

En solitario en el rubro de rehabilitación, se reportó que el IMIFE hizo 164 acciones de este tipo con una inversión de 205 millones de pesos, beneficiando a 83 mil estudiantes.

Pero de las cifras anteriores en las dos primeras son menores en comparación con las del primer año de gobierno de Delfina Gómez, que fueron 210 planteles rehabilitados con una inversión de 513 millones 508 mil 725 pesos, pero hubo menos beneficiados con 77 mil 416.

En el documento del Segundo Informe de la primera gobernadora de la entidad, destacó otras dos vertientes, que fueron las de equipamiento y mantenimiento, de las cuales entre las dos se tradujeron en mil 975 acciones.

Lo anterior resultó en una inversión de más de dos mil 49 millones de pesos y 623 mil 210 beneficiados.