El pleno del Congreso del Estado de México turnó a comisiones el análisis de la iniciativa de ley que busca castigar las agresiones con ácido u otras sustancias corrosivas, químicas o cáusticas cuando se cometan por razones de género o afecten de forma manifiesta la dignidad y la integridad de las mujeres, con una pena de 58 años y cuatro meses de prisión a quien cometa este delito. 

Para ello propone modificaciones al Código Penal estatal para que el delito sea autónomo, no parte del delito de lesiones u otro, donde se busca una pena simple de 20 a 35 años de prisión y multa de hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, que se incrementarán en dos terceras partes cuando la conducta provoque deformidad permanente, destrucción o pérdida total o parcial de función orgánica, mutilación, ceguera parcial o total, o incapacidad permanente para el trabajo.

Cuando las lesiones afecten el rostro, cuello, cabeza, manos, órganos sexuales o cualquier parte que comprometa funciones vitales o de movilidad, la pena se incrementará en una tercera parte, y cuando el delito se cometa por servidor público con abuso de funciones, en razón de parentesco, relación de convivencia, subordinación laboral, docente o por quien tenga responsabilidad de cuidado sobre la víctima, la pena se incrementará en la mitad.

La iniciativa que presentó la diputada Nelly Brígida Rivera Sánchez refiere que algunas entidades federativas han avanzado en la tipificación autónoma de la violencia ácida como es el caso de la Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Baja California y Jalisco, donde se establecieron sanciones específicas y se reconoció la singularidad del daño.

En otros estados se persigue como lesión agravada o se considera un agravante en delitos de violencia contra las mujeres y en una parte importante del país no se cuenta con esta figura y persiste la impunidad.

En Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas las legislaciones no visibilizan y penalizan el delito de agresiones inferidas con ácidos u otras sustancias químicas o corrosivas, lo cual impide el acceso de las mujeres sobrevivientes a la justicia.

En Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Quintana Roo penalizan estas agresiones como lesiones calificadas o agravantes.

Ayer jueves, en conferencia de prensa, la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cristina Ruiz Sandoval, presentó lo que llamó “los otros datos” del segundo año de gobierno de Morena en el Estado de México.

“Los otros datos muestran la cruda realidad que estamos viviendo, que es principalmente la simulación y la mentira en este Estado de México. Un gobierno de Morena que sigue tratando de engañar con propuestas falsas y datos que no son como los cuentan”, afirmó la dirigente priista.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2024-2025, el 87.3% de los mexiquenses se sienten inseguros, un aumento de 3.8 puntos porcentuales respecto a 2023. Ruiz expuso que, desde el inicio del gobierno actual, los delitos con mayor incremento han sido el robo o asalto en calles, el robo a casa habitación y el robo al transporte público, que subió a 27.6%. Además, la extorsión pasó de 18.1% a 19.4% y el robo de vehículos de 6.5% a 7.3%.

Con base en datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en delitos como lesiones (32,968 casos), robo de vehículo (14,183), robo en vía pública (9,070) y feminicidios (35), solo en los primeros siete meses de 2025.

En materia de salud, el PRI denunció que 7 millones 132 mil mexiquenses carecen de acceso a servicios médicos, mientras que el 40% de quienes cuentan con seguridad social enfrentan carencias de medicamentos y deficiencias en la infraestructura hospitalaria. Respecto a los programas sociales, Ruiz Sandoval recordó que Morena prometió ampliarlos para las mujeres; sin embargo, acusó que el programa “Mujeres con Bienestar” sufrió una reducción de 1,145 millones de pesos.

Finalmente, la dirigente priista enlistó varias promesas incumplidas de campaña, entre ellas la rehabilitación de carreteras y caminos rurales, la duplicación de cámaras de vigilancia, la construcción de dos nuevos C5, la creación de la policía de barrio, internet gratuito en todo el estado y la reducción de sueldos al gabinete.

El Congreso local aprobó por mayoría de votos la minuta con proyecto de decreto enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante la cual se reforman los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional.

El dictamen fue considerado de urgente y obvia resolución, por lo que se dispensó el trámite de dictamen, conforme a los artículos 55 de la Constitución local, 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 74 de su reglamento.

La reforma busca formalizar la participación del Senado y la Comisión Permanente en la ratificación de mandos superiores de la Guardia Nacional, al igual que de coroneles y jefes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, bajo el argumento de fortalecer el control parlamentario sobre estas designaciones.

Durante la discusión, la diputada del PAN, Joanna Felipe Torres, alzó la voz en contra del dictamen y denunció una tendencia a profundizar la militarización del país.

«Nos dicen que ocho de cada diez mexicanos confían en la Guardia Nacional, pero no confundamos la desesperación del pueblo con la validación de una estrategia errónea», advirtió.

Felipe Torres condenó que se haya abandonado la formación de policías civiles y criticó que la Guardia Nacional esté «convertida en un brazo armado sin controles ni vigilancia», en un modelo que calificó de «fallido y profundamente peligroso».

En contraste, el diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, defendió la minuta, subrayando que los grados a ratificar corresponden a mandos que siguen lineamientos civiles, y recordó que la actual administración ha sido la única en investigar y sancionar actos de corrupción militar.

“La Guardia Nacional la dirige un civil. No hay impunidad. En este gobierno no se barre nada bajo la alfombra”, sostuvo. También acusó a gobiernos panistas de haber iniciado la militarización, particularmente al expresidente Felipe Calderón.

Desde el Partido del Trabajo, la legisladora Sara Alicia Ramírez de la O respaldó la minuta y recordó que en 2006 se usó al Ejército para una “guerra absurda” que dejó miles de muertos y desaparecidos.

 “Hoy, en la 4T investigamos lo que ustedes cubrieron con impunidad”, lanzó contra la oposición.

En tanto, Leticia Mejía García, diputada del PRI, afirmó que su bancada votó en contra, señalando que la solución a la inseguridad debe pasar por fortalecer instituciones civiles y no profundizar la dependencia de las fuerzas armadas.

“Con responsabilidad y convicción, hemos votado en contra de la militarización de la seguridad pública”, declaró.

Sin embargo, la minuta tuvo el respaldo de la mayoría de las y los legisladores, por ende, y se ordenó a la Secretaría Legislativa remitir el acuerdo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en cumplimiento del artículo 135 constitucional.

El decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Actos de rapiña fue lo que sucedió la mañana de este jueves en la carretera México-Pirámides a la altura del kilómetro 3, en el municipio de Ecatepec, luego de que un camión con cerveza volcó y ciudadanos robaron la mercancía frente a autoridades de la Guardía Nacional (GN)

Sin importar la presencia de las autoridades y sin preocuparse por el estado de salud de los tripulantes de la pesada unidad, vecinos de la colonia La Guadalupana y Los Héroes, robaron la cerveza que transportaba el conductor. Personas con pijama y con uso de carretillas, diablos, motocicletas entre otros objetos se aprovecharon de la situación para cometer su objetivo.

Las causas del accidente son desconocidas, sin embargo, la indignación y la falta de ley es lo preocupante en esta ocasión que la gente mostró mayor interés en hacer actos de rapiña que cuidar la integridad de los choferes del tractocamión. 

Hasta el momento y después de varios minutos del siniestro, ningún equipo de emergencia había arribado al sitio para atender a los lesionados que se dirigían hacía la Ciudad de México. Mientras tanto la mercancía quedó regada sobre la cuneta que divide esta vialidad, así como los restos del tractocamión de doble semirremolque.

Posteriormente llegaron trabajadores de limpia quienes despejaron el lugar dejando abierto solamente un carril, a la espera de retirar la unidad. Serán los propios conductores quienes rindan su declaración de los hechos, y deslinden responsabilidades de lo ocurrido. No obstante, vecinos lograron llevarse todo a su alcance frente a la autoridad.