A tres días del ataque ocurrido en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, donde una turista canadiense murió y 13 personas resultaron lesionadas, el cuerpo del agresor fue entregado a sus familiares.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el cuerpo de Julio César salió de las instalaciones del Servicio Médico Forense de la Fiscalía Regional de Texcoco minutos antes de la medianoche del miércoles, en una carroza fúnebre.

El cuerpo fue trasladado al estado de Puebla, donde será velado. Hasta el momento, no se ha informado si será inhumado o cremado.

Los hechos ocurrieron la mañana del lunes 20 de abril, cuando el agresor ingresó como visitante y subió a la Pirámide de la Luna, donde se encontraban más de 30 personas. En ese sitio realizó detonaciones de arma de fuego, lo que provocó la muerte de una turista identificada como Li Desong. Posteriormente, el atacante se privó de la vida.

Tras lo ocurrido, ambos cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense ubicado en Texcoco, donde se les practicó la necropsia de ley como parte de la integración de la carpeta de investigación.

Un día después, la Fiscalía estatal informó que el cuerpo de la turista canadiense fue entregado a sus familiares, quienes realizaron los trámites correspondientes. Sus restos fueron trasladados a su país de origen con apoyo de autoridades consulares.

En tanto, la Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar informaron que cuatro personas lesionadas continúan bajo atención médica en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. De acuerdo con el reporte, su estado de salud es estable.

Asimismo, la última persona atendida en el Hospital General de Axapusco fue dada de alta, al igual que dos pacientes que permanecían hospitalizados en una institución privada.

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México resolvió que Apolinar García Morgado, administrador del grupo de Facebook “Santa María Rayón Estado de México”, cometió Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPG) en contra de una servidora pública.

De acuerdo con la resolución, una publicación realizada en dicho espacio digital tuvo la intención de ubicar a la denunciante en un contexto ajeno al desempeño de sus funciones como edil. En el contenido se incluyeron expresiones relacionadas con su vida íntima o sexual, lo que reprodujo estereotipos de género y constituyó violencia simbólica, digital y psicológica.

Las magistraturas del Tribunal Electoral emitieron una amonestación pública contra Apolinar García Morgado, en su calidad de administrador del grupo donde se difundió la publicación.

Además, se le ordenó:

Ofrecer una disculpa pública

Compartir un extracto de la sentencia en el mismo grupo de Facebook

En cuanto al perfil identificado como “Fer Díaz”, señalado como autor del contenido, se determinó su inscripción en los registros nacional y estatal de personas sancionadas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, por tiempo indeterminado.

El caso corresponde al expediente PES/52/2025.

Entre 2010 y 2022, en el Estado de México se registraron 166 homicidios de personas extranjeras, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El dato más reciente disponible, consultado por MILENIO, corresponde a 2022, año en el que se contabilizaron ocho casos de este tipo.

El pico más alto se presentó en 2019, con 21 homicidios, lo que equivale a prácticamente uno cada dos semanas.  A nivel nacional, ese mismo año se registraron 481 homicidios de personas extranjeras, por lo que la entidad concentró 4.3% del total.

Pese a ello, el Estado de México se ubicó en el sexto lugar nacional. Chiapas encabezó la lista con 63 casos, seguido de Chihuahua (58), Tamaulipas (35), Guanajuato (27), Sonora (25) y, finalmente, el Estado de México con 21.

Aunque el Inegi cuenta con registros desde 1990, este análisis se centra en el periodo de 2010 a 2022, el más reciente con información desagregada.

En 2010 se reportaron cinco homicidios de extranjeros y en 2011 la cifra se duplicó a 10. Para 2012 y 2013 se registraron 11 casos en cada año.

En 2014 hubo un incremento a 14 homicidios, mientras que en 2015 la cifra descendió a nueve. En 2016 se registró un repunte con 19 casos.

Posteriormente, en 2017 se contabilizaron 17 homicidios; en 2018, 14; en 2019, 21; en 2020, 11; en 2021, 16, y en 2022, ocho casos.

Como contraste, en años como 1995 y 2000 no se registraron homicidios de extranjeros. Los niveles más bajos se observaron en 1993, 1997 y 2001, con un caso cada uno; así como en 1998, 1999, 2002, 2005 y 2007, con dos casos anuales.

De acuerdo con un recuento hemerográfico, entre 2023 y 2026 se han registrado al menos cinco homicidios de personas extranjeras en el Estado de México.

Entre los casos más relevantes se encuentran los de los músicos colombianos Byron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown, cuyos cuerpos fueron localizados en el municipio de Cocotitlán en 2025, tras haber sido reportados como desaparecidos en la Ciudad de México.

Las víctimas fueron identificadas días después por sus familiares. B-King, de 31 años, era originario de Santander y tenía trayectoria en la escena musical colombiana. 

Herrera Lemos, de 35 años, tenía programada una presentación en un club de la avenida Insurgentes con motivo de las celebraciones patrias.

Otro caso es el del ciudadano neerlandés Marco Ebben, presuntamente vinculado con el narcotráfico, quien fue asesinado en febrero de 2025 en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

El cuerpo fue localizado en un estacionamiento de la colonia Hacienda de Valle Escondido. De acuerdo con reportes, contaba con una orden de búsqueda internacional en 196 países y una sentencia pendiente por tráfico de drogas entre Brasil y Países Bajos.

El titular de la Coordinación de Asuntos Internacionales del Estado de México, Arnulfo Valdivia Machuca, aseguró que la entidad es un destino seguro para visitantes nacionales e internacionales.

Indicó que cada año arriban más de un millón de turistas extranjeros, quienes contribuyen a la economía local y al desarrollo de comunidades.

En particular, la Zona Arqueológica de Teotihuacán recibe más de 1.5 millones de visitantes anuales, de los cuales alrededor de 700 mil son extranjeros, lo que refleja su relevancia histórica y cultural a nivel internacional.

El funcionario subrayó que, pese a incidentes recientes, estos son aislados frente al volumen de visitantes que recibe la entidad.

Valdivia Machuca señaló que, tras el ataque en Teotihuacán, se activaron protocolos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y las representaciones diplomáticas correspondientes.

Destacó que las autoridades estatales trabajan en conjunto con instancias federales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad, para brindar apoyo a las familias afectadas.

Una vez confirmada la identidad y nacionalidad de la víctima extranjera, el Ministerio Público notifica a la embajada correspondiente.

A partir de ello, se inicia el proceso legal que incluye la necropsia de ley, la certificación de la causa de muerte y la emisión del acta de defunción.

Posteriormente, el cuerpo puede ser liberado para su repatriación o, en su caso, para la cremación y traslado de cenizas, según lo determine la familia.

El traslado de restos humanos o cenizas requiere permisos de autoridades sanitarias y judiciales, así como la autorización para su salida del país.

Además, las aerolíneas y las representaciones diplomáticas deben validar la documentación para permitir el ingreso al país de origen.

Estos procedimientos suelen ser realizados por funerarias internacionales especializadas, que cuentan con la capacidad legal y logística para gestionar este tipo de traslados.

Milenio

El Sindicato Nacional de Restauradores del INAH señaló que el tiroteo ocurrido el 20 de abril en la zona de monumentos arqueológicos de Teotihuacán no es un hecho aislado, sino resultado de años de desatención presupuestal al sector cultural, de acuerdo con un comunicado difundido en Ciudad de México.

En el documento, el sindicato expresó su postura ante los hechos violentos registrados en Teotihuacán, donde personas perdieron la vida, y manifestó que esta situación refleja problemáticas estructurales que han sido señaladas previamente.

El organismo indicó que la reducción sostenida de recursos ha impactado en la operación de los sitios arqueológicos, al disminuir plazas de custodia, limitar el mantenimiento y afectar las condiciones laborales del personal.

Asimismo, expuso que el cuidado de los bienes culturales y de las personas depende del trabajo de custodios, restauradores, personal de mantenimiento, vigilancia, investigación y servicios.

También señaló que estas labores sostienen el funcionamiento cotidiano de los espacios culturales, así como la atención a quienes los visitan y a las comunidades vinculadas a estos sitios.

Advirtió que sin presupuesto, sin plazas y sin condiciones laborales dignas, ese trabajo se vuelve inviable, con consecuencias para el patrimonio de la zona arqueológica.

El sindicato exigió a las autoridades federales cumplir compromisos pendientes con el sector, restituir recursos, personal y condiciones operativas, además de expresar su solidaridad con las familias de las víctimas y con la sociedad.

El Congreso del Estado de México aprobó reformas para fortalecer los mecanismos de protección, prevención y apoyo a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, entre las que destaca la creación de un directorio voluntario que permitirá agilizar la atención en casos de emergencia.

Este listado incluirá datos de contacto, medios de comunicación, colectivos y organizaciones, sin que represente afiliación obligatoria ni condición para acceder al Mecanismo de Protección, ya que funcionará como una herramienta complementaria para mejorar la comunicación y respuesta ante riesgos.

Las reformas, impulsadas por la bancada de Movimiento Ciudadano y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, contemplan la implementación de protocolos de reconocimiento, intervención, interacción y atención, además de garantizar acceso a servicios de salud, programas sociales, capacitación y apoyo para gastos funerarios.

Asimismo, se establece que el Estado deberá aplicar mejores prácticas para proteger a este sector, incluyendo a integrantes de grupos en situación de vulnerabilidad, y se obliga a autoridades de seguridad estatales y municipales a publicar y actualizar protocolos de actuación. También se incorpora al marco legal estatal la vestimenta y otros instrumentos de identificación voluntaria y preventiva para el ejercicio de su labor, precisando que su uso no debe implicar riesgos adicionales ni vulneraciones a la privacidad.

En su intervención, la diputada Ruth Salinas Reyes señaló que han recibido observaciones de periodistas sobre posibles faltantes en la ley, particularmente en materia de capacitación, por lo que garantizó que se seguirá trabajando para perfeccionar el documento.

Destacó la preocupación del gremio sobre el origen de los recursos para formación profesional, diplomados y talleres, por lo que adelantó que la bancada de Movimiento Ciudadano propondrá destinar el cinco por ciento del presupuesto anual de comunicación social a este fin, además de impulsar la autonomía del Consejo Consultivo para que pueda solicitar estudios y evaluaciones de riesgo independientes, con el objetivo de garantizar que periodistas y personas defensoras de derechos humanos ejerzan su labor de forma libre y digna.