El gobierno del Estado de México presentó una nueva versión del Catálogo de Enfermedades de Trabajo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), que ahora contempla 194 padecimientos, entre ellos cánceres, enfermedades del sistema circulatorio y trastornos mentales. Esto representa un aumento de 46 enfermedades respecto a la edición de 2016.

Según la publicación en la Gaceta de Gobierno, el nuevo catálogo permitirá describir con mayor precisión las enfermedades profesionales, lo que agilizará los procedimientos para el otorgamiento de incapacidades permanentes. Esta actualización se enmarca en un proceso de mejora de la administración pública, que busca optimizar recursos y acercar los servicios a la ciudadanía.

La primera gran modificación al documento se realizó en 2016, cuando se incorporaron 103 padecimientos no contemplados en la versión de 2006, para sumar un total de 148. Con la nueva actualización, se agregan 46 más, alcanzando las 194 enfermedades reconocidas oficialmente.

Durante las primeras visitas del nuevo programa de salud en el Estado de México, brigadas médicas detectaron diabetes e hipertensión sin tratar, así como síntomas de depresión entre personas mayores, muchas de ellas en situación de abandono

El catálogo incluye diez grupos de afecciones, entre las que se encuentran:

Enfermedades infecciosas y parasitarias

Intoxicaciones

Cánceres de origen laboral

Enfermedades del sistema circulatorio y respiratorio

Trastornos mentales

Padecimientos digestivos, hematológicos y dermatológicos

En el apartado de enfermedades cutáneas, se enlistan afecciones como el acné profesional, dermatitis alérgica de contacto, pigmentación anormal, dermatosis por radiación ionizante y urticaria de contacto.

Entre los padecimientos mentales reconocidos destacan la ansiedad, los trastornos no orgánicos del ciclo sueño-vigilia, el estrés y la depresión. Estos cobraron mayor relevancia tras la pandemia de Covid-19, lo que motivó su inclusión en el documento oficial.

El catálogo fue aprobado por el Consejo Directivo del Issemym, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. Esta herramienta permite identificar, clasificar y valorar la incapacidad causada por enfermedades laborales, facilitando su reconocimiento y atención médica oportuna.

La presidenta municipal de Capulhuac, Selene ‘N’, fue detenida por presuntamente golpear a una psicóloga del Sistema municipal DIF.

Este martes elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) capturaron a la mujer en la comunidad de San Miguel Almaya, pertenenciente a este municipio, confirmó la dependencia.

Las autoridades realizan las diligencias pertinentes para poder reunir las pruebas suficientes que puedan aclarar cómo sucedieron los hechos.

Tras difundir el caso en redes sociales, habitantes de la demarcación desaprobraron el actuar de la alcaldesa, por lo que exigían su destitución.

Selenne Hernández Herrera fue denunciada ante la FGJEM por presuntamente agredir físicamente a una empleada del Sistema Municipal DIF. Los hechos habrían ocurrido dentro de las instalaciones del organismo; hasta ahora no hay postura oficial del Ayuntamiento.

El pasado 5 de mayo, a través de redes sociales y luego de manera formal, Miriam, psicóloga adscrita a una estancia de desarrollo infantil del Sistema DIF municipal, denunció a la alcaldesa, a su hija y un policía municipal por agresión física y sexual.

Los hechos, según la versión de la víctima, sucedieron dentro de las instalaciones del organismo el 2 de mayo del presente año.

De acuerdo con testimonios recabados por El Sol de Toluca, lo sucedido ocurrió durante la jornada laboral y dejaron a la trabajadora con lesiones visibles que fueron acreditadas por personal de salud.

La noche del martes 8 de mayo, los regidores llevaron a cabo una sesión extraordinaria, sin la presencia de la alcaldesa y aprobaron presentar una petición ante el Congreso mexiquense para solicitar su destitución por violencia institucional.

Sin embargo, el trámite no avanzó y la presidenta municipal fue restituida en funciones, lo que generó el descontento de la ciudadanía quienes lo vieron como un acto de encubrimiento.

Desde el pasado miércoles la alcaldesa no se ha presentado a eventos y sesiones programadas en la presidencia municipal, señaló la quinta regidora, Rosalba Lara

Fue el 9 de mayo cuando Selene solicitó una licencia temporal de 90 días para apartarse del cargo.

Los vecinos han señalado que la funcionaría pública se presentaba de manera presuntamente irregular a las sesiones de cabildo, pese a encontrarse con licencia aprobada.

En este periodo de tiempo, la tercera regidora Sarita Arellano Hernández asumió el cargo de presidenta municipal por ministerio de ley, como lo menciona la legislación del Estado de México.

Entre las 35 impugnaciones que se presentaron por los cómputos distritales y estatal, la entrega de constancias de mayoría y la declaración de validez de las elecciones judiciales, existe un particular y dos organizaciones civiles que piden al Tribunal Electoral que modifique los resultados y retire constancias de mayoría porque las personas designadas no resultan elegibles.

Además, las candidatas a la presidencia del Poder Judicial desconocen la decisión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), de declarar vacante el espacio 2031-2033 y piden se reconozca la votación que obtuvieron en las urnas el 1 de junio.

A nivel distrital existen 13 impugnaciones que piden ajustes a los cómputos en magistraturas y juzgados en los distritos de Jilotepec, Ecatepec, Tlalnepantla, Toluca, Cuautitlán y Texcoco, que ya están en manos del órgano jurisdiccional para su determinación lo antes posible, para que las y los inconformes pidan a una instancia federal una segunda opinión.

La elección presidencial, que por primera vez será rotatoria y tendrá cuatro periodos de dos años cada uno, con alternancia de género, generó siete inconformidades de diversos participantes.

Entre ellos está Pablo Espinosa Márquez, quien se inconformó por la sumatoria final de los resultados, la asignación y rotación del cargo, la expedición de la constancia de mayoría y la declaración de validez de la elección, esto debido a que se dejó la cuarta posición vacante por temas de género, porque se consideró que para cumplir los principios de paridad correspondía a una mujer; de otra manera el espacio habría sido para él, que seguía en la lista.

La presidenta electa para el periodo 2027-2029, Erika Icela Castillo Vega, se inconformó por el resolutivo del entorno a la cuarta rotación y declaración de vacancia de la presidencia del Tribunal.

En el mismo sentido Juana Dávila Flores y Alicia Flores Cordero, candidatas a la presidencia, pidieron se revisen los actos del Consejo General del IEEM, con el fin de que sean consideradas en alguna de las posiciones del Poder Judicial, por la votación que tuvieron en la elección estatal, luego que fueron descalificadas por no haber ganado la región donde participan.

El presidente electo para el periodo 2025-2027, Héctor Macedo García, impugnó los resultados de la región donde participó como candidato a magistrado del área civil, para que le sea asignado un espacio, toda vez que no puede ser presidente sin ser magistrado.

En la elección del Tribunal de Disciplina existe un recurso de la candidata Kenia Núñez Bautista, quien obtuvo más votos que los varones y busca un lugar.

Hay otro más del ciudadano José Humberto Pérez Espinoza, identificado como ex prisionero de conciencia y el 47 preso político liberado en México, quien se manifestó en contra del otorgamiento de la constancia de mayoría al ex fiscal de Justicia, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, por considerar que no reúne| los requisitos de elegibilidad por la fabricación de pruebas para inculpar a inocentes.

La representante de la asociación civil “Centro de desarrollo infantil, mujeres, niños y futuro” y “Acciones para mejores oportunidades en la reconstrucción por México” se quejaron porque el IEEM asignó, de acuerdo con su punto de vista, de manera indebida, la constancia de mayoría a un hombre, en perjuicio de las mujeres mexiquenses, en las magistraturas en materia familiar.

Una candidata de la región de Tlalnepantla acusó discriminación en razón de género, derivado de la difusión institucional, invisibilizando a las personas no binarias y la falta de certeza en el conteo de nulidad; en otro recurso señalan a Mario Luis Rojas Serrano como inelegible; un candidato no binario pide medidas afirmativas a su favor, entre otros casos que serán revisados por el TEEM, en primera instancia.

Comisiones unidas de la LXII Legislatura mexiquense aprobaron un dictamen que conjunta tres iniciativas para derogar diversos artículos de la Constitución local para extinguir el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), propuesta que fue respaldada por las bancadas de morena y PVEM, al considerar que se trata de una armonización con el marco legal federal; y votada en contra por los grupos parlamentarios del PRI, PAN y MC, pues señalaron que se trata de un retroceso en materia de transparencia.

En reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales; y de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, presidida por la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), se avalaron las iniciativas del diputado Gerardo Pliego Santana (morena), de la legisladora Elena García Martínez (morena) y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con las cuales se transfirieren las funciones del Infoem a las autoridades existentes en materia de control interno y vigilancia.

A favor de la propuesta, el diputado Octavio Vargas Martínez (morena) y la parlamentaria Itzel Guadalupe Pérez Correa (PVEM) concordaron en que los derechos consagrados en la constitución local permanecen intocables en términos de protección de datos personales, así como el acceso a la información pública y la transparencia de todos los sujetos obligados. Señalaron que la reforma abona a la rendición de cuentas sin estructuras inoperantes.

En contra de la propuesta, el legislador Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) y las diputadas Krishna Karina Romero Velázquez (PAN) y Ruth Salinas Reyes (MC)coincidieron en que la reforma representa un retroceso en la materia, y señalaron que se trata de una decisión política y una simplificación orgánica ‘frívola’, la cual no abona a la transparencia del gobierno.

El dictamen, leído por el parlamentario Israel Espíndola López (morena), señala que, los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales, así como que el ejercicio de estos derechos se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

Resalta que las leyes estatales en la materia determinarán las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de estos derechos, así como la competencia de las autoridades de control interno y vigilancia, para conocer de los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados.

El documento puntualiza que toda autoridad y persona servidora pública estará obligada a coadyuvar con las autoridades garantes estatales en la materia, para el buen desempeño de sus funciones. Mientras que estas autoridades deberán formular programas de difusión de la cultura de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Especifica que, para garantizar el ejercicio de estos derechos, los municipios transparentarán sus acciones, en términos de las disposiciones aplicables, y que la información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso. En tanto que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes, por lo que, para tal efecto, los sujetos obligados contarán con las facultades suficientes para su atención.

Asimismo, se establecerán mecanismos de acceso a la información pública y procedimientos de revisión expeditos, los cuales se sustanciarán ante las instancias competentes en los términos que fija la constitución y las leyes en la materia. Además, los sujetos obligados se regirán por las leyes generales y locales en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

En cuanto hace a los artículos transitorios del decreto, destaca que, en un plazo de 90 días naturales, tras su entrada en vigor se deberán crear y aprobar las leyes secundarias relacionadas en la materia.

Una vez que entren en vigor las leyes secundarias se extinguirá el Infoem, y los actos jurídicos emitidos por este organismo con anterioridad surtirán todos sus efectos legales.

Los recursos humanos, materiales, financieros y previsiones presupuestales, así como registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos de este instituto, pasarán a las instancias que asuman sus facultades y atribuciones, cuando corresponda, y se respetarán los derechos laborales de las personas trabajadoras adscritas a ese ente; mientras que las personas comisionadas concluirán sus funciones a la entrada en vigor de la legislación secundaria.

Entre las prioridades del Congreso del Estado de México no está, por el momento, la posibilidad de tipificar el linchamiento como delito, ni consideran que esta sea la solución para reducir los casos que se presentan en la entidad “si no se atiende el origen de estas conductas y se garantiza un mejor sistema de justicia y prevención del delito”.

En entrevistas por separado, la diputada Ruth Salinas, de Movimiento Ciudadano, y Octavio Martínez Vargas, de Morena, coincidieron que el hartazgo de la gente no se resuelve sólo con una medida si no se trabaja de manera coordinada y se va también a las causas, que son el abandono de diversas comunidades, la falta de respuesta a la demanda de justicia y se refuerza la seguridad preventiva.

Por un lado, la emecista Ruth Salinas consideró que la solución no siempre está en aumentar las penas ni crear nuevos delitos si no se resuelve el origen del problema y en este caso se mejora el sistema de procuración y administración de justicia, las medidas preventivas y se brinda auxilio lo antes posible.

“Algo tenemos probado en el país y es que no podemos llevarlo a la legislación, está probado que no reduce el delito si aumentamos penas. El linchamiento ha sido originado por la ausencia de la justicia en el país y Movimiento Ciudadano nunca estará de acuerdo en ejercer la justicia por propia mano, pero tampoco se puede aumentar la pena a todo” acotó.

Lo importante, agregó, es dar solución de raíz, “porque la sociedad está harta de que no se atiendan las denuncias, no llegue pronto la policía, se deje libre a los delincuentes, que haya contubernio con quien debe proteger a la población”.

Por su parte, el diputado morenista de Ecatepec, Octavio Martínez Vargas, indicó que el Congreso sí debe revisar esa conducta porque está en crecimiento y la mayoría de los casos quedan impunes. “Es una tarea que tiene la Comisión de Procuración y Administración de Justicia porque es urgente evitar que la gente se haga justicia por su propia mano”, explicó.

La realidad, dijo, es que la Fiscalía General de Justicia de la entidad “no ha dado los mejores resultados y por eso están planteando llevar a cabo una revisión a la Ley Orgánica de la misma, para que se garantice la procuración de justicia en la entidad, porque hay vacíos, aunque no sólo en la Fiscalía sino también en otras corporaciones y en las policías municipales”.

Aunque existe un C5 que se coordina con los C4 de los municipios, para dar respuesta pronta y que no tarden más de 5 minutos en resolverse y atenderse las demandas, “no se atienden los llamados que hace la población; es evidente que algo está fallando”.

Dijo que en su caso va a revisar el tema, que en estos meses se enfocó al delito de despojo, pero que esta será una tarea posterior, entre otros temas que analiza para la integración de propuestas legislativas.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PRD, Omar Ortega Álvarez, expresó su firme condena ante los casos de linchamientos en distintas regiones del país, particularmente en la entidad mexiquense, y advirtió que estos actos “son reflejo del hartazgo social y de la desconfianza generalizada hacia las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia”.

Destacó que el grupo parlamentario analiza ajustar la legislación actual con la finalidad de evitar actos de esta índole en el Estado de México, “lo que estamos viviendo es el resultado directo de la incompetencia institucional para frenar a una delincuencia cada vez más violenta, sumada a la impunidad que la cobija. Esta situación ha provocado que sectores de la ciudadanía recurran a hacerse justicia por propia mano”, señaló.

Ortega Álvarez recordó que desde el año pasado ha insistido ante la Cámara de Diputados para que se exhorte a los gobiernos estatales en particular a los de Puebla y Estado de México, a garantizar el imperio de la ley y prevenir nuevas ejecuciones ilegales en sus territorios.

El legislador perredista también planteó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realice un diagnóstico nacional sobre esta problemática creciente, a fin de contar con información precisa que permita diseñar políticas públicas eficaces para su prevención.

Recordó casos como el acontecido en Texcaltitlán, ocurrido en diciembre de 2023, donde un grupo de habitantes de este municipio, hartos de la extorsión, tomaron justicia por propia mano; “un caso que refleja desesperación y evidencia del colapso de la confianza en el Estado”, enfatizó.

Finalmente, Omar Ortega hizo un llamado urgente a los tres niveles de gobierno para actuar de inmediato y con seriedad. “El Estado de Derecho no puede ser una promesa abstracta; debe ser una realidad palpable para cada ciudadano. De lo contrario, seguiremos presenciando cómo la violencia sustituye a la justicia y cómo el miedo se vuelve norma en nuestras comunidades”, concluyó.