Las personas con discapacidad podrían acceder a tarifas preferenciales en el transporte público del Estado de México, como parte de una iniciativa presentada por la diputada Iztel Pérez Correa, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien busca incorporar a este sector entre los beneficiarios de descuentos que actualmente contemplan a estudiantes y adultos mayores.
La propuesta pretende reducir el impacto económico que representa trasladarse diariamente para miles de familias mexiquenses, particularmente aquellas que deben cubrir gastos adicionales para garantizar la movilidad de alguno de sus integrantes con discapacidad.
Durante la presentación de la iniciativa ante el Congreso local, la legisladora señaló que el transporte público constituye uno de los principales gastos de los hogares, pues después de la alimentación representa la segunda carga económica más importante. Incluso, afirmó que las familias pueden destinar hasta 29% de sus ingresos únicamente para desplazarse.
En este contexto, consideró necesario ampliar los beneficios de las tarifas preferenciales, debido a que las disposiciones actuales no contemplan expresamente a las personas con discapacidad entre los sectores que pueden acceder a estos apoyos.
De acuerdo con las cifras expuestas por Pérez Correa, en el Estado de México viven más de 764 mil personas con alguna discapacidad, entre ellas motriz, visual, auditiva, intelectual o psicosocial.
Para este sector, utilizar el transporte público puede representar dificultades que van más allá del costo del pasaje, debido a las barreras físicas que enfrentan durante sus traslados y a las condiciones de accesibilidad de las unidades y los servicios.
La diputada también señaló que estas circunstancias repercuten en la economía de sus familiares y de las personas que los acompañan, quienes en muchas ocasiones deben realizar gastos adicionales para garantizar sus desplazamientos.
Por ello, planteó que las tarifas preferenciales sean una herramienta para reducir esa carga y facilitar el acceso a servicios básicos como educación, salud y empleo.
La iniciativa parte del reconocimiento constitucional de la movilidad como un derecho universal, que debe garantizarse bajo principios de igualdad y accesibilidad.
La legisladora sostuvo que el objetivo no es otorgar un beneficio discrecional, sino avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y evitar que el costo del transporte se convierta en un obstáculo para su participación en la vida cotidiana.
Tras su presentación, la Mesa Directiva del Congreso mexiquense determinó turnar la iniciativa a las comisiones legislativas de Comunicaciones y Transportes, así como de Atención de Grupos Vulnerables, donde será analizada y discutida.
La diputada explicó que la aplicación del descuento dependerá de las negociaciones con los prestadores del servicio de transporte público. Añadió que la propuesta no contempla únicamente una tarifa preferencial, sino también la capacitación de los conductores y la adecuación de las unidades para mejorar las condiciones de accesibilidad.
Hasta el momento, tampoco se ha detallado si el beneficio incluiría a los acompañantes de las personas con discapacidad ni cuáles serían los mecanismos para acreditar el derecho al descuento.
Estos aspectos deberán definirse durante el análisis legislativo, en caso de que la propuesta avance.