La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) que había declarado la existencia de violencia política contra la primera regidora del Ayuntamiento de Coyotepec, Brenda Pino Torres al considerar que el conflicto denunciado correspondía al ámbito administrativo y no a la materia electoral.

Cabe recordar que el TEEM había concluido previamente que existió violencia política derivada de la actuación de la entonces directora de administración del ayuntamiento, además de ordenar medidas relacionadas con la sustitución del personal de la regidora y establecer requisitos para la asignación de nuevas personas servidoras públicas.

Sin embargo, la magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez sostuvo que el tribunal local se extralimitó en sus atribuciones al intervenir en un conflicto que corresponde a la organización administrativa interna del municipio.

Explicó que la controversia se originó por la falta de sustitución de una persona subordinada a la regidora, situación que, aunque pudiera representar un problema administrativo o laboral, no implicaba por sí misma una vulneración a derechos político-electorales.

La magistrada detalló que la Sala Regional Toluca ha protegido previamente derechos de regidurías cuando existe una carencia absoluta de personal que imposibilita el ejercicio del cargo; sin embargo, puntualizó que en este caso la regidora sí contaba estructuralmente con personas asignadas para apoyar el desempeño de sus funciones, por lo que consideró que no existía una afectación directa al ejercicio del cargo que justificara la competencia de las autoridades electorales.

Además, la Sala estimó indebido que el Tribunal Electoral mexiquense hubiera ordenado requisitos específicos para la contratación y designación de personal municipal, al tratarse de facultades inherentes a la autonomía administrativa de los ayuntamientos.

La magistrada presidenta Nereida Berenice Vélez Vázquez coincidió en que la controversia no actualizaba materia electoral, ya que el problema planteado estaba relacionado con la presunta falta de responsabilidad de una persona contratada como asesora y no con la imposibilidad absoluta de ejercer el cargo de elección popular.

Con la resolución aprobada por unanimidad, la Sala Regional Toluca revocó la sentencia controvertida y declaró inexistente la violencia política decretada en el ámbito jurisdiccional electoral local.

Asimismo, dejó a salvo los derechos de la primera regidora del Ayuntamiento de Coyotepec para que pueda acudir a otras instancias legales si considera vulnerados sus derechos en el ámbito administrativo o laboral.

Además de caso de Coyotepec, la Sala Regional resolvió un recurso de apelación promovido por Morena contra el dictamen del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la fiscalización de ingresos y gastos de 2024 en diversas entidades, entre ellas el Estado de México. En este caso, la Sala confirmó la mayor parte de las conclusiones del INE, aunque revocó parcialmente una sanción relacionada con la comprobación de gastos por adquisición de bienes de activo fijo, al considerar que carecía de debida fundamentación y motivación.

También se resolvió un juicio general, relacionado con una denuncia por presuntos actos anticipados de campaña y promoción personalizada en territorio mexiquense, donde se confirmó la resolución del Tribunal Electoral local al considerar que las publicaciones denunciadas no contenían llamados explícitos al voto ni elementos suficientes para acreditar actos anticipados de campaña.

Otro asunto correspondió al juicio de la ciudadanía, promovido por María del Rosario Franco y Hortensia de Jesús Verona, primera y tercera regidora del Ayuntamiento de Chapa de Mota, quienes denunciaron obstrucción del cargo por el cambio de oficinas dentro del ayuntamiento.

La Sala confirmó la incompetencia del Tribunal Electoral mexiquense para conocer del caso, al tratarse de una cuestión administrativa relacionada con la organización interna municipal.

Asimismo, la Sala Regional Toluca analizó el juicio vinculado con la difusión extemporánea del informe de labores de la presidenta municipal de Tenancingo Nancy Nápoles y aunque confirmó que no existían elementos para acreditar actos anticipados de campaña ni promoción personalizada, revocó parcialmente la resolución para que el Tribunal Electoral local analice de manera exhaustiva si existió uso indebido de recursos públicos o afectación a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad.

Momentos de pánico se vivieron este jueves cuando cientos de usuarios del Tren Suburbano fueron desalojados de emergencia en la estación La Loma en el municipio de Tultitlán, debido a una presunta falla mecánica que paralizó el convoy.

El incidente, ocurrido durante las primeras horas de operación, mantuvo a los pasajeros varados por más de 10 minutos, convirtiendo un traslado que prometía eficiencia en un episodio de frustración y riesgo técnico.

Los reclamos no se hicieron esperar, pues este ramal, inaugurado apenas en abril de 2026, suma ya múltiples reportes de inestabilidad que han comenzado a agotar la paciencia de los mexiquenses. Lo que debía ser el símbolo de la modernidad y la conectividad aeroportuaria se ha transformado en un dolor de cabeza diario, dejando en evidencia la fragilidad de una obra que, a semanas de su apertura, ya muestra deficiencias alarmantes que los usuarios no están dispuestos a tolerar más.

Tras el desalojo en La Loma, el efecto dominó fue inmediato: los convoyes siguientes comenzaron a circular con un sobrecupo peligroso, obligando a los pasajeros a viajar hacinados y bajo una tensión innecesaria, mientras la falta de una postura técnica oficial por parte de los operadores del sistema alimenta la desconfianza ciudadana sobre la seguridad real de la infraestructura.

Muchos de los usuarios, quienes sacrifican tiempo y presupuesto esperando una alternativa ágil para llegar a sus vuelos o trabajos, ven cómo su confianza se desmorona ante cada retraso, exigiendo que las autoridades dejen de presentar parches y garanticen un servicio funcional, digno y seguro para todos los habitantes del Estado de México (EMX).

Más allá del incidente en La Loma, el sistema opera bajo una incertidumbre técnica constante. A mediados de mayo, otra avería dejó varados a cientos de usuarios entre las estaciones Tlalnepantla y Fortuna, una falla que se suma a reportes recurrentes de errores eléctricos y problemas en el cierre de puertas que han marcado el funcionamiento de este ramal desde su inauguración en abril.

Jonathan Rosas Salvador, fue sentenciado a 47 años y seis meses de prisión por su responsabilidad en el homicidio de una menor de edad, esto después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditara su participación en este delito ante una Autoridad Judicial.

Los hechos se registraron el 1 de noviembre de 2017, en un domicilio ubicado en el municipio de Villa del Carbón, en el lugar se encontraban la víctima, Jonathan Rosas Salvador, así como su pareja sentimental y madre de la pequeña, momento en que la menor de dos años de edad se hizo del baño y manchó su ropa, por lo qué, el sentenciado se molestó y procedió a bañarla en un bote, al mismo tiempo que la agredía físicamente.

Jonathan Rosas Salvador obligó a la madre de la pequeña a salir del domicilio, por lo que, el sujeto quedó al cuidado de la menor y continúo golpeando a la víctima en diferentes partes del cuerpo lo que causó su muerte.

Al regresar la mamá de la víctima al inmueble, Jonathan Rosas Salvador le impidió ver a la niña, argumentando que se había quedado dormida y que no debería despertarla, al día siguiente cuando el sujeto se va a trabajar, la mujer intenta despertar a la niña para darle de desayunar, sin embargo, la menor no responde.

Solicita auxilio de los servicios de emergencia, los cuales al llegar corroboran que la víctima no contaba ya con signos vitales.

Una vez que se tuvo conocimiento de los hechos la Fiscalía inició la investigación que permitió identificar y detener al probable responsable de los hechos, quien fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Jilotepec, a disposición de una Autoridad competente quien determinó su situación legal.

Tras analizar las pruebas presentadas por esta Fiscalía, el Juez dio una sentencia de 47 años seis meses de prisión por su responsabilidad en el homicidio de una menor de edad, además quedaron cancelados sus derechos civiles y políticos.

La familia de Jeshua Cisneros Lechuga, uno de los casos más representativos de la lucha de familias buscadoras en Cuautitlán Izcalli y el Estado de México, enfrenta nuevamente un escenario de riesgo, amenazas y presuntas agresiones por parte de elementos de seguridad pública.

Colectivos de búsqueda y organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron públicamente agresiones y amenazas contra Luis Cisneros, padre de Jeshua, ocurridas este 26 de mayo en Tepotzotlán, luego de una jornada de búsqueda realizada frente al Ayuntamiento municipal.

De acuerdo con el pronunciamiento emitido por el colectivo Lirios Buscadores Izcalli, tres elementos de la policía estatal habrían agredido y amenazado al padre buscador, situación que escaló al grado de requerir la intervención de la Guardia Nacional para evitar que fuera golpeado.

Sin embargo, organizaciones y activistas señalaron que ésta no sería la primera agresión contra integrantes de la familia Cisneros Lechuga.

Recordaron que durante el primer informe de gobierno del alcalde de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano Palacios, Luis Cisneros habría sido gaseado directamente en el rostro por un elemento policial durante una manifestación relacionada con la exigencia de justicia y la búsqueda de personas desaparecidas.

Asimismo, denunciaron que otros integrantes de la familia, entre ellos tíos de Jeshua, también habrían sido golpeados y agredidos por policías durante esos hechos, situación que generó indignación entre colectivos y ciudadanos que acompañaban la protesta.

Pese a la gravedad de aquellas agresiones, colectivos señalan que hasta el momento no existen sanciones públicas conocidas contra los elementos involucrados, ni tampoco una postura visible de empatía o acompañamiento institucional hacia la familia de Jeshua Cisneros Lechuga.

Para activistas y familiares de personas desaparecidas, la ausencia de acciones contundentes frente a estos hechos ha profundizado la percepción de abandono institucional hacia quienes buscan a sus seres queridos.

Organizaciones sociales consideran que estos antecedentes evidencian un posible patrón de hostigamiento y agresión contra una familia que se ha convertido en referente de la lucha por las personas desaparecidas en Cuautitlán Izcalli.

La desaparición de Jeshua Cisneros Lechuga no sólo impactó profundamente a su entorno familiar, sino que detonó una movilización social que logró visibilizar la problemática de desapariciones en el municipio y fortalecer la organización de colectivos ciudadanos.

A través de brigadas, jornadas de búsqueda, protestas y denuncias públicas, la familia Cisneros Lechuga ha mantenido viva la exigencia de verdad y justicia, convirtiéndose en una voz incómoda para las autoridades y en símbolo de resistencia para otras familias buscadoras.

Por ello, colectivos consideran que actualmente existe un riesgo real para la integridad de Luis Cisneros y de toda su familia, especialmente ante el nivel de exposición pública que ha alcanzado el caso y las recientes amenazas denunciadas.

“Buscar no es un delito”, reiteraron organizaciones y activistas, quienes exigieron medidas inmediatas de protección para la familia Cisneros Lechuga, así como investigaciones independientes sobre las agresiones denunciadas y sobre la desaparición de Jeshua.

En el comunicado también se advierte que la situación no debe entenderse como un hecho aislado, sino como parte de un contexto de presión, intimidación y criminalización contra madres y padres buscadores.

La Secretaría de Salud del Estado de México informó que, como parte de las acciones de salud reproductiva y planificación familiar impulsadas por el Gobierno estatal, se han realizado más de mil 600 procedimientos de vasectomía sin bisturí de enero de 2026 a la fecha.

La dependencia detalló que estas intervenciones forman parte de un programa permanente orientado a promover la paternidad responsable y prevenir embarazos no planeados.

Las próximas jornadas gratuitas se llevarán a cabo el 29 de mayo en diversas unidades médicas del Estado de México, entre ellas el Centro de Salud Coyotepec, la Unidad Médica IMSS Bienestar Lerma de Villada y el CEAPS Tepotzotlán Nicolás Bravo.

También se realizarán procedimientos en el CEAPS San Miguel Chapultepec Bicentenario, la Clínica de Maternidad Atlacomulco y el centro de salud de Santa María Tianguistenco, en Cuautitlán Izcalli.

Las autoridades estatales precisaron que las sedes están distribuidas en distintos municipios para ampliar la cobertura del servicio y facilitar el acceso a la población masculina interesada.

La secretaria de Salud, Celina Castañeda de la Lanza, destacó que la vasectomía sin bisturí es un procedimiento seguro, sencillo, de corta duración y que no afecta la vida sexual de los hombres.

Señaló que la intervención no requiere hospitalización y es realizada por personal médico capacitado en unidades de primer nivel de atención.

Asimismo, invitó a los hombres a participar en estas jornadas gratuitas como parte de una estrategia de salud preventiva.

Entre las recomendaciones para acceder al procedimiento se encuentran acudir aseado, con la zona testicular rasurada, portar ropa interior ajustada y asistir acompañado.

Después de la intervención, se sugiere reposo de 48 horas, así como evitar actividades físicas intensas y relaciones sexuales sin protección durante el periodo de recuperación.

Los interesados deberán presentar dos copias de la CURP y de la credencial del INE, además de solicitar información o citas al número telefónico 55 3847 4379.

La Secretaría de Salud del Estado de México invitó a la población a consultar sedes, horarios y recomendaciones a través de sus redes sociales oficiales.