El crecimiento de plataformas que prometen altos rendimientos bajo el discurso de “educación financiera” y “libertad económica” ha derivado en un fenómeno de fraude masivo en México, donde miles de personas han sido captadas a través de redes de confianza, sin que exista un marco legal eficaz para prevenir estos esquemas o proteger a las víctimas.
Durante Aristegui en Vivo, la periodista Lilia Saúl expuso los hallazgos del reportaje “Estafas sin fin: Smart Plus es acusada por cientos de personas en México. Ernesto Resendiz, líder de la empresa, niega las afectaciones”, Se trata, explicó, de estructuras que, bajo la apariencia de capacitación financiera, incentivan la inversión de recursos personales y la incorporación de nuevos participantes.
“Hay un común denominador de estas empresas”, señaló, al detallar que promueven la inversión a través de círculos cercanos: “Están tratando de convencer a los usuarios […] de que inviertan y de que inviten a personas, a las más cercanas que tienen, incluso en su familia”.
Este mecanismo de expansión, basado en vínculos de confianza, permite que los esquemas crezcan rápidamente y alcancen a distintos sectores de la población, sin distinguir edad o nivel socioeconómico.
Explicó que el modelo se sostiene en activos de alto riesgo o sin regulación clara, como criptomonedas no reconocidas o plataformas que prometen rendimientos superiores a los del sistema financiero formal. “Se les promete un rendimiento muy alto, incluso superior al que se está ofreciendo, por ejemplo, en el sector bancario”, advirtió Saúl. Esta promesa, combinada con discursos técnicos y presentaciones elaboradas, genera una percepción de legitimidad que facilita la captación de recursos.
El problema se agrava por la falta de regulación específica. Las empresas, explicó, argumentan que no forman parte del sistema financiero, lo que limita la intervención de autoridades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Condusef o la Profeco. En consecuencia, las personas afectadas quedan en estado de indefensión.
En México, subrayó la periodista, “hay un vacío legal muy importante”, lo que obliga a las víctimas a recurrir directamente a fiscalías o ministerios públicos para denunciar fraudes. Este proceso, además de tardío, traslada la carga de la prueba a quienes ya han perdido su patrimonio.
Saúl también describió la lógica de operación de estas plataformas, comparándolas con estructuras que se replican constantemente: “son como cajitas chinas”, afirmó, al explicar que cuando un esquema colapsa, sus promotores crean otro con nuevas promesas, nuevas plataformas y supuestos mecanismos más sofisticados. Este ciclo permite que incluso personas previamente afectadas vuelvan a invertir, en un fenómeno que calificó como una “bola de nieve”.
Los testimonios presentados durante el programa evidencian el impacto directo de estos esquemas en la vida de las personas. Alejandro de la Luz relató que su ingreso a Billions Trade Club ocurrió tras la invitación de un conocido, quien le presentó el proyecto con supuestos respaldos de figuras internacionales. “Me presentó que eran los que respaldaban toda esta idea”, dijo, al referirse a nombres utilizados para dar credibilidad al esquema.
Las inversiones, explicó, se estructuraban en distintos niveles, con aportaciones que iban desde 500 hasta más de 10 mil dólares, y prometían rendimientos mensuales de entre 6 y 9 por ciento mediante reinversión automática. “Todo sonaba bien”, señaló, al describir la forma en que se construía la narrativa financiera.
El impacto en su patrimonio fue significativo: “tan fuerte caí que hace dos años vendí un automóvil […] y ya estaba a punto de vender mi departamento”. Añadió que existen múltiples casos documentados de personas que vendieron propiedades para invertir en estos esquemas.
Por su parte, Alí Victoria López, activista y presidenta de la Asociación de Apoyo Sin Fines de Lucro a Personas Defraudadas Bajo Esquemas Ponzi A.C., explicó que el fraude se hizo evidente cuando comenzaron a cambiar las condiciones de operación. “Empieza a haber falta de comunicación […] ya no podemos hacer retiro de nuestro dinero”, indicó.
Posteriormente, las plataformas ofrecieron alternativas que carecían de sustento financiero: “empiezan a ofrecer activos que no tienen ningún sustento financiero y son irreales”, como tokens y NFTs sin valor verificable.
Según López, la organización que encabeza agrupa a 20 mil familias, lo que refleja la magnitud del problema y su impacto colectivo. La asociación se constituyó en enero de 2025, tras la necesidad de articular una respuesta ante la falta de mecanismos institucionales eficaces.
Explicó que “no existe la denuncia colectiva para este tipo de casos”, por lo que cada afectado debe presentar su caso de manera individual, incluyendo pruebas y rastreos financieros. Añadió que las investigaciones enfrentan limitaciones técnicas, ya que “cuando llegamos a ese punto se quedan con las manos atadas porque no conocen la blockchain”.
También denunció presiones legales y hostigamiento contra integrantes del colectivo. Afirmó que enfrentan una demanda civil por 13 millones de pesos por daño moral promovida por personas vinculadas a esquemas señalados, y agregó: “No solamente nos han quitado todo nuestro patrimonio sino que además somos acosados y somos intimidados de manera constante y repetitiva”.
La doctora Celia Sánchez Godoy, especialista en derechos humanos y también víctima, señaló que el elemento central en estos esquemas es la confianza interpersonal. “Alguien de confianza nos invitó”, explicó, al destacar que muchas personas ingresan tras ver resultados positivos en conocidos cercanos.
Sin embargo, esta dinámica genera una cadena de afectaciones. “Los que estuvimos hasta el final no tuvimos esa oportunidad”, dijo, en referencia a quienes no lograron retirar sus recursos.
Sánchez Godoy advirtió sobre las consecuencias más allá de lo económico, al señalar afectaciones graves en la salud mental de las víctimas. “Hay mucha gente […] con una salud mental muy dañada”, afirmó. Describió casos de personas que hipotecaron sus viviendas, adquirieron deudas o utilizaron ahorros destinados a tratamientos médicos. “Ya tenemos dos personas que perdieron la vida”, agregó, al referirse a situaciones vinculadas con el impacto emocional del fraude.
Coincidió con los obstáculos institucionales al intentar presentar denuncias masivas. Describió la entrega de decenas de cajas con expedientes en la Fiscalía de la Ciudad de México, donde, según dijo, las autoridades reconocieron que “no tenían la capacidad para tantas denuncias”.
Explicó que, pese al volumen de casos, no se ha obtenido respuesta en más de un año y que los procedimientos se fragmentan por entidad federativa, lo que dificulta la coordinación. Añadió que incluso cuando se identifican ubicaciones de empresas señaladas, las acciones judiciales no avanzan con la rapidez necesaria, lo que permite la evasión de los presuntos responsables.
La académica apuntó la necesidad de regulación y atención gubernamental. Planteó que estas plataformas “no pueden seguir rompiendo la tranquilidad de los mexicanos” y alertó sobre consecuencias graves para las víctimas. También llamó a las personas afectadas a organizarse y denunciar.
Por su parte, Claudia Marisol Elenes Dávila aportó una reconstrucción detallada de la forma en que estos esquemas se insertan en la vida cotidiana. Relató que fue introducida a Smart Business Corp en 2021 por familiares, quienes le presentaron la plataforma como una oportunidad para hacer crecer sus ahorros.
“Insisten mucho, te llegan a decir que les está yendo muy bien”, explicó, al describir el proceso de convencimiento, que incluye la invitación a replicar el modelo con otras personas.
El acceso a la plataforma implicaba la compra de membresías de entre 500 y mil dólares, además del uso de criptomonedas a través de intermediarios. En un inicio, los retiros parciales generaban confianza, reforzando la percepción de legitimidad.
No obstante, el esquema evolucionó hacia nuevas plataformas tras conflictos entre promotores. “Crean su propia plataforma y nacen en el 2022 Billions Trade Club”, explicó. Esta nueva estructura ofrecía mayores rendimientos, lo que incentivó la migración de inversionistas.
El colapso ocurrió cuando los retiros dejaron de procesarse. “Empiezan a haber intermitencias, fallas en la plataforma”, relató. Posteriormente, los responsables atribuyeron la desaparición de los recursos a terceros, sin ofrecer soluciones.
Elenes Dávila también denunció la dificultad para acceder a la justicia. Al acudir a la fiscalía, recibió como respuesta que no existía delito que perseguir: “Usted lo hizo por voluntad propia, aquí no hay nada que investigar”.
A partir de entonces, señaló, inició un proceso de investigación independiente que la llevó a identificar redes de promoción vinculadas con distintos actores locales. “Esto no te roba el dinero, te roba la vida”, afirmó, al describir el impacto integral del fraude.
Advirtió que los esquemas señalados continúan activos fuera de México, particularmente en Estados Unidos, donde, dijo, siguen captando recursos de la comunidad latina. Indicó que entidades como California, Arizona, Chicago y Atlanta registran varios de estos modelos, dirigidos en especial a adultos mayores.
También hizo un llamado a las autoridades estatales, en particular de Nayarit, al referirse a la existencia de denuncias y a la presunta participación de promotores locales. Destacó el papel de creadores de contenido que han documentado estos casos durante años y subrayó que continuará denunciando pese a posibles acciones legales en su contra.
Los testimonios coinciden en que estos esquemas operan mediante una combinación de presión social, promesas de movilidad económica y ausencia de regulación efectiva. La captación de recursos se basa en relaciones de confianza, mientras que la estructura permite a los primeros participantes obtener beneficios a costa de quienes se incorporan posteriormente.
En ese sentido, la periodista Lilia Saúl enfatizó la necesidad de verificar la legalidad de las plataformas antes de invertir, a través del Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES). Advirtió que, en caso de no estar registradas, las posibilidades de recuperación de recursos son prácticamente inexistentes: “No hay manera de cómo recuperarlo”.
También llamó a una actuación más decidida por parte de las autoridades federales. Señaló que instancias como la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera podrían intervenir en el seguimiento de recursos y en el congelamiento de cuentas vinculadas a estas operaciones.
Explicó que estas estructuras corporativas cambian de nombre y forma, lo que dificulta su rastreo. Añadió que algunas compañías han sido constituidas en países como Lituania, mientras que otras han cerrado recientemente, lo que forma parte de una red más amplia.
Saúl concluyó que existen precedentes internacionales de actuación contra este tipo de esquemas y señaló que en México “debería de estar ocurriendo algo al respecto”, en referencia a la posibilidad de judicializar los casos y reparar el daño a las víctimas.
