El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), aprobó la destrucción de 184 toneladas de documentación electoral utilizada en los comicios de 2024 para la renovación de diputaciones locales y ayuntamientos, así como la reutilización de una parte para la elección judicial.

Durante la Séptima Sesión Extraordinaria del Consejo General, la consejera presidenta Amalia Pulido Gómez mencionó que la eliminación de este material está garantizada bajo protocolos de seguridad y normas ambientales. Sin embargo, también se contempla la posibilidad de permuta de papel reciclado, lo que permitirá reducir costos y optimizar recursos para la próxima elección Judicial.

Entre los documentos que serán eliminados se encuentran: boletas electorales usadas y sobrantes, listas nominales de electores utilizadas el día de la elección, actas de escrutinio y cómputo en desuso y la documentación administrativa derivada del proceso electoral.

Cabe señalar que el proceso de destrucción será supervisado por autoridades competentes y se llevará a cabo mediante un esquema de contratación que garantice el cumplimiento de los lineamientos establecidos.

Pulido Gómez comentó que uno de los principales objetivos de esta iniciativa es promover una gestión eficiente de los residuos documentales, alineándose con los principios de austeridad y responsabilidad ambiental.

‘La destrucción de la documentación electoral se realizará mediante procesos certificados de reciclaje, asegurando que los materiales sean reintegrados a la cadena productiva de manera ecológica. Con esta medida, el IEEM no solo cumple con las disposiciones normativas en materia electoral, sino que también refuerza su compromiso con la transparencia y la confianza ciudadana’, destacó.

Insistió en que la gestión adecuada de los documentos en desuso permite garantizar que la información contenida en ellos no sea utilizada de manera indebida y que su eliminación se realice de forma controlada y verificable.

Respecto al acuerdo aprobado por el Consejo General del IEEM se establecen criterios específicos para la selección del material que será destruido y entre los documentos que serán eliminados se encuentran: boletas electorales usadas y sobrantes, listas nominales de electores utilizadas el día de la elección, actas de escrutinio y cómputo en desuso y la documentación administrativa derivada del proceso electoral.

Cabe señalar que el proceso de destrucción será supervisado por autoridades competentes y se llevará a cabo mediante un esquema de contratación que garantice el cumplimiento de los lineamientos establecidos.

Además, el convenio con las empresas recicladoras incluirá requisitos específicos para asegurar que el material eliminado se reintegre en procesos productivos sustentables.

Durante la sesión, las consejeras electorales destacaron la importancia de la rendición de cuentas y la mejora continua de sus procesos internos, ya que con la eliminación de documentos obsoletos permite no solo optimizar el espacio de almacenamiento, sino también modernizar la gestión documental de cara a futuros procesos electorales.

La destrucción de documentación electoral es una práctica recurrente en cada ciclo electoral y forma parte de los protocolos establecidos para la depuración de material en desuso.

Finalmente, Pulido Gómez reiteró su compromiso con la ciudadanía, asegurando que todas las acciones relacionadas con la documentación electoral se llevan a cabo con estricto apego a la normatividad vigente, con el objetivo de consolidar un sistema electoral confiable, eficiente y sustentable.

La Legislatura del Estado de México aprobó sanciones de hasta 6.2 millones de pesos y penas de prisión de hasta 25 años para quienes modifiquen artificialmente el ciclo hidrológico sin autorización oficial.

El dictamen aprobado por unanimidad en las comisiones unidas de Protección Ambiental y Cambio Climático, y de Recursos Hidráulicos, conjunta iniciativas del PVEM, PT, PRI y Morena, además de contar con el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez.

Esta regulación responde a preocupaciones ambientales y sociales sobre el uso de tecnologías como cañones antigranizo y avionetas antilluvia, que, según expertos, alteran los patrones de precipitación y pueden contribuir a sequías en diversas regiones del estado.

El decreto modifica el artículo 2.270 del Código para la Biodiversidad, estableciendo sanciones a quienes “inhiban, modifiquen o alteren el ciclo hidrológico mediante el uso de tecnologías de alteración artificial del tiempo para la precipitación pluvial […] sin contar con autorización de las autoridades competentes”.

Las penas varían dependiendo de la magnitud del daño ambiental. En los casos más graves, donde se provoquen afectaciones irreversibles a ecosistemas o se impacten masivamente fuentes hídricas, los responsables podrían enfrentar hasta 25 años de prisión, bajo figuras penales ambientales acumulativas.

Además, los artículos 2.137 y 2.141 amplían la regulación de emisiones contaminantes, incluyendo ahora sistemas antigranizo y tecnologías similares en el inventario de fuentes fijas o móviles sujetas a monitoreo estatal. Estos dispositivos deberán registrarse ante la Secretaría del Medio Ambiente y obtener permisos específicos para operar. En caso de incumplimiento, se procederá a la clausura inmediata de los equipos y se iniciarán procesos judiciales contra los responsables.

A nivel económico, el decreto establece multas que pueden alcanzar los 6.2 millones de pesos, equivalentes a 55 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, para quienes alteren el clima sin autorización.

Durante la discusión, el legislador Carlos Alberto López Imm del Partido Verde y presidente de las comisiones unidas, destacó que la regulación permitirá frenar el uso indiscriminado de tecnologías que pueden afectar la biodiversidad y desestabilizar los ciclos hídricos en el estado.

Por su parte, la diputada Leticia Mejía García, del grupo parlamentario del PRI, subrayó que esta reforma es pionera en México, ya que hasta ahora no existía una legislación a nivel federal o estatal que regulara estas prácticas.

La diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza de Morena reconoció el trabajo de las bancadas y de la gobernadora Delfina Gómez para impulsar la regulación de estas tecnologías, con el objetivo de proteger el agua como recurso estratégico.

En tanto, el legislador Gabriel Kalid Mohamed Báez de la bancada del PT advirtió que, aunque las sanciones económicas y penales son importantes, también se debe trabajar en la prohibición total del uso de estas tecnologías por parte de particulares, evitando que puedan obtener permisos que les permitan modificar artificialmente los procesos climáticos.

Algunos legisladores coincidieron en que el uso de cañones antigranizo ha sido una práctica común en regiones agrícolas del Edomex como Atlacomulco y Valle de Bravo, donde los productores de aguacate y maíz buscan proteger sus cultivos de tormentas de granizo.

Sin embargo, organizaciones ambientalistas han denunciado que estos dispositivos afectan la distribución natural de las lluvias, impactando la recarga de acuíferos y alterando el balance de nutrientes en el suelo.

Para atender la relación entre agricultura y protección ambiental, el decreto incluye un Transitorio Terceroque obliga a la Secretaría del Campo, en coordinación con las secretarías del Agua y del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a emitir una Norma Técnica Estatal antes de 2025. Esta norma establecerá los criterios específicos para el uso de productos químicos y tecnologías de modificación climática con fines agrícolas, asegurando que no se comprometa el equilibrio ecológico.

El dictamen también ordena a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con los gobiernos municipales, la creación de un inventario de fuentes contaminantes, incluyendo tecnologías que alteren el clima. Este registro será de acceso público y contendrá información sobre permisos, proveedores de equipos y servicios relacionados.

La certificación de motociclistas se ha convertido en un requisito indispensable para poder circular a bordo de este medio de transporte por lo que, según cifras de la Secretaría de Movilidad (Semov) desde el 7 de enero a la fecha se han realizado tres mil 882 evaluaciones en los módulos instalados en Nezahualcóyotl, Metepec y Cuautitlán Izcalli.

Aunado a esto, Alejandro Palacios Estrada, director de Registro de Licencias y Operadores de la Semov, detalló que, de estas evaluaciones, 188 usuarios han sido declarados técnicamente no competentes por lo que tendrán que realizar nuevamente todo el procedimiento.

Además, destacó que la certificación ha sido bien recibida por los conductores, ‘están tomando conciencia de los riesgos de manejar sin casco ni equipo especial, consideran que siempre se debe tomar todas las medidas de seguridad y nunca bajo el efecto del alcohol o alguna sustancia tóxica’, indicó Alejandro Palacios Estrada.

Cabe destacar que a partir del 7 de enero la certificación es necesaria para poder tramitar la licencia de motociclista. En los tres módulos el proceso lo realiza una empresa independiente, autorizada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿En qué consiste la prueba de la certificación?

Según lo informado, los solicitantes tienen que mostrar que son técnicamente competentes a través de tres actividades: ejercicios de desempeño y habilidades; conocimientos generales y componentes de la motocicleta.

De acuerdo con las autoridades de Movilidad del Estado de México, este trámite comienza el próximo lunes y será necesario para tramitar la licencia correspondiente

Los tres módulos brindan atención de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes mientras que los sábados de 9:00 a 15:00 horas. Los interesados pueden tramitar su cita en el sitio web de la Semov https://smovilidad.edomex.gob.mx/.

Es de resaltar que el trámite tiene un costo de 460 pesos y es adicional al pago que se tiene que realizar para obtener la licencia respectiva.