Con más de 30 millones de habitantes proyectados para el año 2030, la zona metropolitana de la Ciudad de México y el Estado de México enfrentarán su mayor reto de sostenibilidad en el ámbito de la seguridad hídrica.

La pérdida de zonas de recarga, el crecimiento de la mancha urbana y una dependencia excesiva de la distribución de agua por trasvase—es decir, el transporte del recurso a largas distancias hasta la zona central—podrían llevarnos al colapso de este servicio.

De acuerdo con Víctor Ávila Akerberg, director general del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt), es urgente generar proyectos de desarrollo de los denominados «bosques de agua», los cuales, advirtió, tienen dos grandes enemigos: la tala ilegal y el crecimiento inmobiliario.

Explicó que, en el caso de la tala ilegal, es necesario implementar estrategias que hagan rentable la conservación de estas áreas verdes para los propietarios de los terrenos, ya que los beneficios económicos que obtienen de la tala ilegal son significativamente mayores.

Argumentó que, en el rubro de pagos por servicios ambientales, los ejidatarios reciben apenas 1,500 pesos anuales por hectárea; en temas de bonos de carbono, 13,000; y dentro del programa «Sembrando Vida», 28,800. Sin embargo, frente a la tala ilegal, este monto por hectárea puede ascender hasta 120,000 pesos, contrastando con la captación e infiltración de agua, donde apenas pueden obtener 36,000 pesos.

Destacó que, según una investigación, los habitantes de zonas rurales pueden identificar hasta 200 beneficios en sus vidas por tener plantas, mientras que aquellos en áreas urbanas no ven más de 20. Esto ocurre en un contexto donde las ciudades están devorando los espacios rurales.

Este tema fue destacado durante el Segundo Foro Ambiental de Participación Ciudadana: Cambio Climático, que se llevó a cabo este miércoles en la Universidad Autónoma del Estado de México.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó una sentencia de amparo directo promovido por una persona que fue condenada a nueve años de prisión por el delito de abuso de autoridad cometido contra un subalterno, conforme a lo dispuesto en el artículo 339, fracción II, segundo párrafo, del Código Penal del Estado de México, decisión que fue confirmada en apelación.

En desacuerdo, el inculpado promovió juicio de amparo directo en el que reclamó la inconstitucionalidad de la norma referida, tras considerarla contraria al principio de proporcionalidad de las penas. El Tribunal Colegiado del conocimiento concedió el amparo para que el Tribunal de apelación valorara nuevamente el grado de culpabilidad y modificara las penas impuestas. Inconforme, el quejoso interpuso un recurso de revisión.

En su fallo, el Alto Tribunal advirtió que la penalidad de ocho a doce años de prisión prevista en el numeral referido para sancionar el delito de abuso de autoridad cometido contra un subalterno; es proporcional con respecto a las penas previstas para sancionar otras conductas como la concusión, el ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, que imponen una penalidad de acuerdo con el valor del beneficio obtenido o la cantidad de la dádiva o promesa o negocio de que se trate, las cuales persiguen la protección del mismo bien jurídico: el correcto funcionamiento de la administración pública.

Asimismo, conforme a la exposición de motivos que dio origen a la norma analizada, la Sala destacó que la pena tildada de inconstitucional se introdujo con la intención de armonizar su normativa con la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, así como establecer sanciones a los funcionarios y personas que incurran en actos de corrupción e incrementar sanciones para el grupo de delitos antes referidos. Aspecto que atendió a la facultad del legislador para instrumentar la política criminal y establecer el contenido de las normas penales.

A partir de estas razones, la Primera Sala reconoció la constitucionalidad del precepto impugnado al concluir que la penalidad prevista en éste es acorde al principio de proporcionalidad de las penas a que se refiere el artículo 22 constitucional, por lo que confirmó la sentencia impugnada y negó el amparo solicitado.

Para dignificar los salarios y la certeza jurídica de los policías estatales del Edomex, la gobernadora Delfina Gómez anunció este miércoles la renivelación salarial a los uniformados lo que se traduce en el aumento de 11% a quienes menos ganan, como los custodios.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la entidad cuenta con 23 mil 594 policías por lo que se hizo hincapié en que éste es apenas el primer esfuerzo en materia de dignificación de sus percepciones.

Al respecto, la mandataria mexiquense señaló que la seguridad es una prioridad para su administración, por lo que no solo se trata de dignificar salarios, sino de coordinar esfuerzos para abatir los índices delincuenciales.

‘La administración se propuso combatir la corrupción y la desigualdad para trabajar la transformación. Una de nuestras primeras acciones para responder a esta demanda son las Mesas de Construcción para La Paz, atendemos las causas del delito a través del uso de la tecnología, realizamos trabajo en equipo de forma interinstitucional, con ello también atendemos la cuestión de inteligencia’.

Dicha renivelación permitirá que quienes menos ganan pasen de 15 mil 246 pesos mensuales a 17 mil 163; aunque Gómez Álvarez aseguró que trabajan en coordinación con Finanzas, Contraloría y todo el aparato de gobierno para aumentar el incremento y beneficiar a más uniformados.

‘No podemos pedirle mucho a un servidor cuando no tiene los elementos necesarios como la profesionalización, capacitación y equipamiento, pero también pensar en su vida personal, un elemento que está ganando el salario mínimo tiene esas preocupaciones’.

Asimismo, Delfina Gómez adelantó que el programa de vivienda para los uniformados continúa en la mesa así como el de becas para los hijos de los elementos.

‘Se priorizó el aumento al personal que está más abajo en el tabulador por lo que el ajusta beneficiará a los que están en la categoría de custodio, custodio C y policía procesal’.

También dio a conocer que para cubrir los salarios se cuenta con la certificación de suficiencia presupuestal por 297 millones 975 mil 895 a partir del 1 de septiembre de este ejercicio, con lo que se ajustan al pilar de más y mejores policías.

También la gobernadora anunció la entrega de 213 unidades oficiales, de las cuales 13 están blindadas y de éstas, tres para grupos tácticos y 10 para Tránsito.

En su oportunidad, el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, destacó que los integrantes de la Policía Estatal han abonado a la construcción de La Paz en las calles por lo que pugnan por la dignificación de sus prestaciones.

Actualmente la Secretaría de Seguridad cuenta con 23 mil 594 elementos, de los cuales 8 mil 650 son policías, 5 mil 136 policías primeros, mil 711 policías segundos, 444 oficiales y 2 mil 087 de las Fuerzas Especiales.

De los 20 mil médicos y enfermeras que incorporará el programa federal Salud Casa por Casa, en el Estado de México se necesitarán mil 623, informó Ernesto Armendáriz Ramírez, delegado de la Secretaría del Bienestar en la entidad.

El funcionario destacó que el programa comenzará a operar en febrero de 2025, con el objetivo de proporcionar atención médica a domicilio para personas en situación de vulnerabilidad en todo el país, por lo que desde ahora y hasta el próximo 15 de noviembre estará abierto el registro de médicos y enfermeras interesados en participar.

 “Lo que vamos a hacer el día de hoy es informarles que ha iniciado un nuevo programa social. Se trata de que lleguemos a las casas de las personas más vulnerables para que puedan tener un servicio médico en su propio domicilio”.

Destacó que los profesionales de la salud pueden inscribirse en los centros integradores de la Secretaría del Bienestar que están distribuidos en los 125 municipios del Estado de México y servirán como puntos de registro para quienes deseen formar parte del programa.

Los requisitos para inscribirse incluyen acreditar la licenciatura en medicina, enfermería o áreas afines, además de presentar una identificación oficial vigente, la CURP y el comprobante de estudios.

“Los requisitos son bien sencillos. Solo tienen que acreditar la licenciatura en medicina, enfermería o ser profesionales de la salud, además, deben llevar una identificación oficial vigente, su CURP y el comprobante de su máximo nivel de estudios”.

Toda la información necesaria, incluidas las ubicaciones y horarios de los centros de registro, está disponible en el sitio web de la Secretaría del Bienestar.

Paralelamente al registro de los profesionales, el gobierno federal, dijo, está llevando a cabo un censo de salud en las comunidades del Estado de México, con el fin de identificar a las personas que necesitan atención prioritaria, proceso en el cual se han visitado hasta ahora 57 mil 830 hogares mexiquenses.

“Estamos también realizando un censo, invitamos a toda la población a que, si les tocamos la puerta, nos la abran, estamos haciendo un censo justamente de salud para que tengamos un listado de aquellas personas que lo necesitan”.

Los médicos y enfermeras que se integren al programa recibirán un salario mensual de 16 mil pesos, sin embargo, el delegado del Bienestar destacó que aún no se ha definido qué municipios recibirán mayor atención, ya que se está a la espera de los resultados finales del censo.

 “Todavía no tenemos estimado en qué municipio nos vamos a enfocar más, una vez que concluya el censo, vamos a tener con mucha objetividad el universo de beneficiados”, concluyó.