Desde hace seis años Rocío lucha por demostrar la inocencia de su esposo, Gerardo Sánchez, quien fue sentenciado a 80 años de prisión por un secuestro que presuntamente no cometió.
De acuerdo con la esposa del afectado, en septiembre de 2008 varias personas encapuchadas se llevaron a Gerardo.
“Me lo desaparecieron, de él no supe nada así que levanté una denuncia, me dieron un boletín de búsqueda. Días después lo encontré en el Ministerio Público de Zinacantepec, estaba golpeado, la nariz destrozada. Lo trajeron de Fiscalía en Fiscalía, le achacaban distintos delitos. Desde daños contra la salud, robo, cohecho y, finalmente, el que le imputaron fue secuestro”.
Rocío explicó que las audiencias de su esposo fueron a puerta cerrada por lo que sólo pudo participar en una, en calidad de testigo.
De acuerdo con la carpeta de investigación, Gerardo habría participado en un plagio; sin embargo, su esposa asegura que el día de los hechos, estaban de compras y había pruebas.
“Estábamos en una tienda y hasta pedí los videos, lamentablemente como tuvimos una abogada de oficio y las pruebas desaparecieron. Lo manifesté ante la juez y sólo señalaron que me habían entregado un disco, pero estaba vacío”.
Asimismo, acusó que no hay pruebas científicas en contra de Gerardo, incluso -afirmó- la única que existe es que la víctima la reconoció por su voz y dijo, incluso, que, por los tatuajes, pero el padre de tres menores no tiene ninguno.
“El expresidente de Almoloya de Juárez, Adolfo Solís Gómez, hoy candidato a la presidencia municipal otra vez, pero ahora por el Partido Verde, y su hermana, lo acusaron y sus declaraciones se contradicen, aún así sentenciaron a mi esposo”.
Aunque apelaron la resolución que dictó una condena de 90 años de prisión, sólo se le quitaron 10 años y se suspendió la reparación del daño en favor de las víctimas.
De acuerdo con distintos colectivos, con el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, en el Estado de México se estima que 19 mil 500 personas están injustamente presas en los penales estatales.
En ese sentido, acusan que la mayoría de los casos son por causas como la discriminación; sin embargo, no tienen estructura para documentar cada uno de ellos.
En el caso de Gerardo, quien lleva seis años cumplidos de 80, recluido en el penal de Santiaguito de Almoloya de Juárez, su familia lamenta que han perdido la esperanza de verlo libre, aunque no dejarán de buscar justicia para él, por lo que hicieron un llamado al Poder Judicial a que se revise su carpeta de investigación y de actúe conforme a Derecho.
