A la fecha hay 490 empresas de seguridad privada debidamente registradas ante la Secretaría de Seguridad, cuya vigencia en su mayoría vence en 2025, y se calcula que al menos el doble, es decir, cerca de mil, son irregulares. Así lo señaló Othón Tonatiuh Gómez Cesar Hernández, integrante del Consejo de Alarmas y Seguridad Privada del Estado de México (Caspem).

Por las condiciones en las que trabajan, aseguró, las empresas irregularidades se quedan con hasta 60 por ciento del mercado, principalmente residencial y comercial, porque no exigen todos los requisitos, así como por los precios tan bajos que cobran.

Refirió que la Ley de Seguridad Privada del Estado de México establece que se puede multar tanto al prestador de servicios como al prestatario, es decir, quien contrata a una empresa sin autorización, y la sanción va de los 500 a los 3 mil UMA’s.

“La presencia de este tipo de empresas se da en todo el país, no es una situación propia del Estado de México, aunque se da fundamentalmente en el sector residencial y comercial. No es lo mismo un fraccionamiento como Jajalpa, por decir algo, a un fraccionamiento de nivel económico muy bajo, y del tipo de servicio que soliciten, ya sea un velador, un vigilante o un guardia de seguridad. Lo cierto es que la gente busca economía y las empresas regulares cobramos más”.

Para trabajar, recordó, las empresas de seguridad privada deben contar con licencias de funcionamiento, pagar seguro social, contar con permisos de portación de armas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de requerirse, y lo mismo aplica para quienes tengan perros guardianes.

Aunado a la obligación de dotar de uniformes y equipos a sus trabajadores para que desarrollen su labor, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, aunque muchas veces no es así. “Es correcto que nos los exijan, lo que pedimos es que hagan lo mismo con quienes no están registrados, porque si no, estamos en desventaja sobre todo porque los registros cuestan dinero y tiempo”.

Hoy en las empresas informales, destacó, los salarios oscilan entre 7 mil y 8 mil pesos mensuales, mientras las formales ofrecen entre 10 mil y 15 mil pesos con seguro social y todas las prestaciones de ley. En tanto, la edad de los guardias de seguridad privada oscila entre 25 y 50 años, mientras el porcentaje de participación de las mujeres ha ido incrementado considerablemente. “Hoy 40 por ciento del personal es femenino, cuando antes era solo 5 por ciento”.

Quienes no están en el Registro Estatal de Empresas de Seguridad Privada les llevan ventaja porque sus costos son menores al no pagar registros y autorizaciones; dan menores precios y se quedan con el mercado, subrayó el representante del Caspem.

Los costos, explicó, varían mucho dependiendo del perfil y el tipo de guardia que se requiera, pues no es lo mismo un velador para una obra que un guardia para una empresa o plaza comercial, que debe controlar sistemas de cómputo que implican capacitación o bien un guardia armado o que maneje un canino.

“Gastamos hasta 50 por ciento más que las irregulares, de ahí que baje el costo en la misma proporción y a veces más, porque no pagan impuestos”, finalizó.

Después de 17 años juntos, Cándido y Julián, oriundos de Guanajuato, cumplieron su sueño de convertirse en padres al adoptar a un niño especial. Esto último fue posible gracias al Juzgado Especializado en Procedimientos de Adopción y Restitución Internacional de Menores del Poder Judicial del Estado de México.

Tras haberse casado en 2012, decidieron esperar a formar una familia de corazón hasta tener una relación consolidada, estable emocional y económicamente.

“Desde que nos conocimos, en 2006, teníamos el sueño de formar una familia y adoptar, pero sabíamos que sería en el momento en que estuviéramos estables. No queríamos traer a un hijo a un hogar que no fuera a funcionar”, explicó la pareja.

Hace tres años tomaron la decisión de adoptar. Lo intentaron en dos entidades del país; pero a pesar de haber pasado exámenes psicológicos se encontraron con barreras sociales y no tuvieron éxito. Dicho peregrinar terminó luego de recibir apoyo y condiciones para hacerlo en el estado de México.

“Sabíamos que no estábamos haciendo nada mal. Cumplimos con la terapia psicológica, trabajo social, asistimos a escuela para padres y no entendíamos qué pasaba, pero la adopción no prosperó en otro lado”, añadieron.

Tras esto, aseguraron que con la llegada de su hijo su vida revolucionó ya que los hizo conocerse desde otra perspectiva, fortaleció su relación, cambió sus prioridades y convirtió su sueño en realidad, sobre todo el de Julián, quien también fue adoptado y quería darle a un niño el hogar y amor que le dio su familia de corazón.

Tras esto, reconocieron que el Edomex está abierto a apoyar a las parejas como ellos; sin embargo, aseguraron que no es un proceso fácil ni para parejas tradicionales, ni para homoparentales o personas solteras, pero vale la pena.

La jueza titular del Juzgado Especializado en Procedimientos de Adopción y Restitución Internacional de Menores del PJEdomex, María de Lourdes Hernández Garduño informó que desde la creación de este órgano jurisdiccional en agosto de 2018, se han registrado 653 adopciones, dos de ellas homoparentales, que han hecho posible formar familias de corazón y brindar a niñas, niños y adolescentes la oportunidad de tener padres que los amen, cuiden y eduquen.

Para trabajar en la conservación, investigación y fomento de los maíces nativos, la Legislatura mexiquense da continuidad a la implementación de la Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo como Patrimonio Biocultural y Alimentario del Estado de México, para ello se trabaja en la integración del Consejo Consultivo, que sumará a distintos sectores, así lo informó el legislador de Morena, Max Agustín Correa Hernández.

“Ahora se está integrando un Consejo Consultivo de los Productores de Maíz, el Icamex es el responsable de convocar a esto. Se está diseñando un programa de fortalecimiento, de fomento a los maíces nativos del estado”, indicó Max Agustín Correa.

Este consejo estará integrado por los propios productores, profesionistas, investigadores, así como ejidatarios, comuneros, propietarios y servidores públicos vinculados con temas como la agro-ecología, el cuidado de los ecosistemas, en el rescate y conservación de los maíces nativos.

​“Ahí se va a diseñar la manera de cómo se promoverán reservorios comunitarios de semilla, también implica levantar un padrón de guardianes de las semillas nativas y de profesionistas comprometidos, esencialmente es levantar un diagnóstico y diseñar políticas públicas para este segmento de productores”, agregó.

Recordó que en el caso del Estado de México, suman unas 500 mil hectáreas enfocadas en la producción de maíz, de esta cantidad casi 90 por ciento de los productores lo hacen a través de semillas nativas.

“Para mí, sin lugar a dudas, la mejor semilla es la nativa, los maíces ya adaptados, porque ahí hay una memoria genética de resistencia a las sequías, a las heladas, a las enfermedades, a las plagas, para mi es la mejor semilla”.

Correa Hernández explicó que como medida adicional, desde la legislatura local para el presente ejercicio fiscal se aprobó un presupuesto superior en materia del campo, y con ello, respaldar las estrategias planteadas por el gobierno que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez. Además, recordó que actualmente la Secretaría del Campo tiene abiertas las ventanillas para las y los productores, a fin de que se puedan sumar a los programas diseñados para el impulso del sector.