La Comisión de Educación en la Legislatura mexiquense presentó una propuesta de nueva Ley de Educación para el Estado de México que busca atender los problemas de abandono escolar y rezago educativo, garantizar una educación sin discriminación, con cobertura universal, e impulsar una cultura de la paz para prevenir la violencia al interior y fuera de los planteles, establecer protocolos para actuar y garantizar el seguro escolar en caso de accidentes.
También prevé controlar alimentos y bebidas en las escuelas, fomentar estilos de vida saludables, promover la cultura de cuidado del agua, el respeto a la interculturalidad y al medio ambiente, establecer medidas para preservar la integridad física, psicológica y social del educando, promover la cultura de la paz y no violencia en escuelas y expedir protocolos.
La iniciativa regula la educación impartida en la entidad tanto pública, como particular, impulsa la gratuidad de certificados médicos de educandos, los tipos y modalidades educativos incluyendo la inicial, especial y superior; así como apoyar la investigación científica, tecnológica y humanística, fomentar la educación dual, garantizar el mantenimiento de los planteles, fortalecer las escuelas indígena y atender a grupos vulnerables.
La propuesta adopta los principios educativos de la rectoría del Estado en la educación integral, una clara distribución de competencias, el reconocimiento de realidades y contextos regionales y locales de la entidad y el interés superior de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
También rescata los ideales de una educación humanista, sujeta a los objetivos de ubicar como centro de aprendizaje a niñas, niñas, adolescentes y jóvenes para lograr una educación con equidad y excelencia, fortalecer el federalismo educativo, impulsar la corresponsabilidad social en el proceso de construcción de saberes y armonizar la legislación mexiquense con la Constitución federal y sus leyes reglamentarias.
Se precisa que en la nueva escuela mexicana los objetivos serán: el desarrollo humano integral del sistema educativo estatal, garantizar el ejercicio de la educación indígena y afromexicana, un enfoque humanista, la educación inclusiva para eliminar la discriminación, exclusión y segregación, acciones para la educación especial, erradicar el analfabetismo, establece la corresponsabilidad de madres, padres o tutores, a fin de que revisen su progreso, desempeño y conducta.
Además, priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, combatir el rezago, contratar un seguro escolar contra accidentes para educandos, la revalorización de maestras y maestros, reducir las cargas administrativas del magisterio, garantizar que la infraestructura física educativa cumpla con requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, inclusividad e higiene, dar mantenimiento a muebles e inmuebles educativos con la participación de municipios.
La anterior ley de Educación se publicó en gaceta el 6 de mayo del 2011 y la actual propuesta es de la Comisión de Educación, después de convocar a reuniones de trabajo para armonizar la legislación local a la federal, además de haber consultado a pueblos y comunidades indígenas y afroamexicanas.
En la propuesta, la educación se considera un servicio público sujeto a la rectoría del Estado y se establece que la aplicación y vigilancia del cumplimiento de la norma corresponde a las autoridades educativas locales y municipales.
Además, establece que en la entidad toda persona tiene derecho a la educación y con el ejercicio de ese derecho inicia un proceso permanente, centrado en el aprendizaje del educando, que contribuye a su desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad.
Se precisa que el gobierno dispondrá las medidas para que los certificados médicos de estudiantes para sus trámites escolares sean gratuitos, la autoridad educativa ofrecerá las mismas oportunidades de aprendizaje, de acceso, tránsito, permanencia académica y egreso.
Todas las personas de la entidad deben cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior y es obligación de madres, padres o tutores hacer que sus hijas, hijos o pupilos, que los menores asistan a las escuelas.
Se precisa que en los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano e integral para contribuir a la formación del pensamiento crítico, a la transformación, al crecimiento solidario de la sociedad, propiciar un diálogo continuo, fortalecer el tejido social para evitar la corrupción, combatir las causas de discriminación y violencia especialmente contra la niñez y las mujeres, alentar la construcción de relaciones sociales económicas y culturales, con base en el respeto a los Derechos Humanos.
La educación que se fomentará estará basada en la identidad y el sentido de pertenencia, el respeto desde la interculturalidad, la responsabilidad ciudadana sustentada en valores como la honestidad, la justicia, el respeto y cuidado al medio ambiente.
La iniciativa también prevé señalar que la educación será obligatoria, universal, sin discriminación alguna, con énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales, inclusiva, sin discriminación, ni exclusión, atender las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos; ser accesible con recursos técnicos pedagógicos y materiales necesarios, pública y laica.
Además, se establece la educación especial disponible en todos los niveles y la obligación de vigilar que la privada cumpla con las normas.
En la pública se prohíbe el pago de contraprestaciones que impidan o condicionen la prestación del servicio en la educación que imparta el Estado, no se podrá condicionar la inscripción en el acceso o la aplicación de exámenes, ni la entrega de documentación al pago de alguna contraprestación.
Entre los fines de la educación se señala contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos, promover el respeto a la dignidad humana, inculcar el enfoque de Derechos Humanos e igualdad, fomentar el amor a la patria, el aprecio por las culturas, el conocimiento de la historia, formar a los educandos la cultura de la paz, respeto, tolerancia, promover la comprensión y aprecio de la pluralidad étnica, cultural, lingüística, e inculcar el respeto por la naturaleza, fomentar la honestidad, civismo y valores.
La educación también será democrática, nacional, humanista, equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia. Se consideran como modalidades la escolarizada, no escolarizada y mixta.
También se precisa en la iniciativa que en el Estado de México se reconoce el derecho de toda persona a gozar de los beneficios de desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de la innovación y las autoridades promoverán el desarrollo de vinculación y divulgación de la investigación científica.
Asimismo se señala que el Estado garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos de personas, pueblos y comunidades indígenas, afromexiquenses, migrantes, jornaleros agrícolas y entre otras cosas se señala que se fortalecerán las escuelas de educación indígena, centros educativos integrales y albergues escolares.
Se desarrollarán programas educativos que reconozcan la herencia cultural, cuenten con material educativo en las diversas lenguas, fortalezcan las instituciones de formación docente, en especial las normales bilingües e interculturales.
También se prevé que el Estado promoverá un enfoque humanista, mecanismos para apoyar y promover la creación y difusión artística, acciones para que nadie se quede excluido del sistema educativo, proporcionar a personas con discapacidad la posibilidad de aprender y desarrollar habilidades y garantizar el derecho a la educación de quienes tienen condiciones especiales, facilitar el aprendizaje del sistema braille, de la lengua de señas mexicana, la educación especial a personas ciega, sordas o sordociegas.
Se incluye que la autoridad fomentará la enseñanza y aprendizaje del inglés, el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, programas de educación a distancia y semipresencial para combatir la brecha digital.
Además, se precisa que madres y padres de familia serán corresponsables en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos y deberán obligarlos a asistir a las escuelas, procurarán su participación en reuniones, revisarán mochilas y bolsos de estudiantes para prevenir la introducción de objetos o sustancias prohibidas.
En el apartado para fomentar estilos de vida saludables se precisa que habrá acciones de vigilancia para que alimentos y bebidas que se vendan al interior de las escuelas cumplan con el valor nutritivo, se prohibirá vender alimentos con bajo valor nutritivo y alto contenido calórico, las cooperativas deberán fomentar un estilo de vida saludable, la educación física, la práctica del deporte, hábitos de higiene y alimentación.
También se fomentará la cultura de la paz y convivencia democrática, se tomarán medidas para preservar la integridad física, psicológica y social de las y los estudiantes y se capacitará a personal docente para asegurar la protección y el cuidado de los educandos y protegerlos contra cualquier forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral.
También prevén mecanismos gratuitos de asesoría, orientación, reporte de casos y protección para niñas, niños, adolescentes y jóvenes involucrados en violencia o maltrato escolar y emitir protocolos para atender y promover la cultura de la paz y no violencia, para la prevención y atención de la violencia en el entorno escolar, familiar o comunitario y para la atención de accidentes y la mediación y resolución de controversia.
Se prevé la revalorización de maestras y maestros fortaleciendo su desarrollo y superación, fomentando el respeto a su labor, el reconocimiento a su experiencia y disminuir las cargas administrativas.
Además, se plantea que las autoridades atenderán de manera prioritaria las escuelas aisladas en zonas marginadas, rurales, comunidades, indígenas, con rezago o abandono y se buscará garantizar la existencia de baños, agua potable. Se establece que habrá un proceso de mejora continua en la educación.
De igual forma, se plantea que las autoridades prestarán servicios con medidas prioritarias a grupos y regiones que enfrentan vulnerabilidad de carácter socioeconómica, física, mental, de identidad cultural, origen étnico, situación migratoria, aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales.
Para ello, deberán establecerse políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género para otorgar becas y apoyos económicos, la entrega gratuita de uniformes y útiles escolares, calzado y anteojos, becas, apoyos a quienes tengan condiciones socioeconómicas que comprometan sus estudios o cuya madre, padre o tutor hayan fallecido, o sufrido algún accidente que le ocasione incapacidad.