Familias de reos mexiquenses que estaban recluidos en en el penal estatal de Santiaguito denunciaron que el pasado mes de diciembre el sistema penitenciario hizo una serie de traslados ilegales de sus familiares a otros penales del país.
Las familias se manifestaron en la plaza de Los Mártires de Toluca, donde señalaron a la gobernadora que dichos traslados se hicieron violando los derechos humanos y bajo tortura de sus hijos y esposos.
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“Los mantuvieron ocho días en el penal de Tenango del Valle, sin comer y desnudos durante una noche”, denunció María, suegra de Rubén y quien fue trasladado al Cefereso 13 de Oaxaca.
De acuerdo con las familias a ninguno de ellos se les notificó de dichos traslados y se enteraron casi 10 días después.
“Ingresé un oficio a las oficinas de atención del sistema penitenciario pero respondieron que no les compete, luego me contestó la juez que ella no había autorizado el traslado”, señaló Marisol, esposa de Zeus, ingresado al penal federal de Tepic, Nayarit.
Algunas familias señalaron que las autoridades justificaron los traslados, porque presuntamente sus familiares son de alta peligrosidad.
“A mí me respondieron que porque mi hijo era de alta peligrosidad, pero no hay ningún antecedente de mal comportamiento”, expuso Ofelia, madre de Jorge, trasladado a Tepic, Nayarit.
Los traslados habrían iniciado el 3 de diciembre pero los reos permanecieron incomunicados en el penal estatal de Tenango del Valle. Su traslado habría sido entre el 12 y 13 de diciembre vía aérea a través del Aeropuerto Internacional de Toluca.
“No hemos podido ir a ver a mi hijo, porque es un viaje de 12 horas y sale en más de siete mil pesos”, señaló Oralia, madre de Fabián, recluido y trasladado a un penal de Durango.
Las familias denunciaron que temen represalias de las autoridades penitenciarias, pues, cuando ingresaron los oficios para exigir esclarecer la causa de los traslados, sus familiares presuntamente fueron golpeados al interior del penal.
“Tenemos miedo, porque ya los han golpeado por pedir respuestas, por eso pedimos la intervención de la gobernadora Delfina Gómez”, pidieron las familias.
Fueron cuatro familias las que se manifestaron para denunciar los traslados que, aseguran, fueron ilegales, aunque señalaron que hay más familias que están enfrentando casos similares.