Con el objetivo de fortalecer la paz social, el orden público y la convivencia comunitaria bajo un marco de pleno respeto a los derechos humanos, la LXII Legislatura del Estado de México (EMX) aprobó reformas a la Ley de Justicia Cívica para que los 125 ayuntamientos operen sus propios Registros Municipales de Infracciones.
Esta iniciativa, promovida por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, da cumplimiento a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual declaró inconstitucionales diversas disposiciones de la ley original tras una acción promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Claridad jurídica y combate a la arbitrariedad
El objetivo principal de esta iniciativa es evitar tipificaciones vagas o excesivamente amplias que pudieran dar pie a actos de arbitrariedad por parte de las autoridades. Dentro de lo más destacado de la reforma se encuentra la exclusión de las detenciones de estos catálogos municipales, ya que estas corresponden a la competencia federal vinculada al Registro Nacional de Detenciones. Operación y resguardo de datos En este sentido, los juzgados cívicos de cada municipio serán los encargados de operar estas bases de datos, donde se asentará la información de quienes hayan cometido infracciones comprobadas. Para determinar la reincidencia, la jueza o el juez cívico consultará el registro y podrá anexar el antecedente de la persona infractora en la resolución respectiva, permitiendo así una debida individualización de las sanciones.
Dicho registro municipal incluirá datos de identificación del expediente y del infractor, tales como nombre completo, CURP, domicilio y los detalles de la resolución o sanción impuesta. Debido a que el sistema contiene datos sensibles, las personas servidoras públicas con acceso a la plataforma deberán garantizar su absoluta confidencialidad y resguardo mediante el uso de claves confidenciales que dejen constancia de cualquier consulta o movimiento. Justicia Cívica para la prevención La información contenida en estos registros no solo tendrá fines punitivos, sino que permitirá a los ayuntamientos diseñar e implementar estrategias orientadas a preservar el orden y la paz pública.
Esto incluye la instrumentación de programas de bienestar, desarrollo social y prevención de adicciones. Asimismo, los procedimientos que se resuelvan a través de mecanismos alternativos de solución de controversias también deberán quedar debidamente registrados en los archivos del juzgado cívico. Con este ajuste legal, el Estado de México (EMX) armoniza su legislación con los criterios de la SCJN emitidos en octubre de 2025. La Ley de Justicia Cívica reafirma así su propósito de establecer reglas mínimas de comportamiento que garanticen el respeto a las personas y sus bienes, mejorando la convivencia social en la entidad.